Buenos Aires.— La Justicia federal de Argentina ordenó este martes una serie de allanamientos en la sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y en varios clubes del país, en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero vinculado a una financiera relacionada con el ámbito futbolístico.

Los operativos fueron realizados de manera simultánea por fuerzas federales en la sede de la AFA, ubicada en la calle Viamonte, así como en el predio deportivo de Ezeiza y en distintas instituciones de primera división y del ascenso. Entre los clubes alcanzados se encuentran Racing Club, San Lorenzo, Independiente, Banfield y Barracas Central, entre otros.

La causa gira en torno a la empresa Sur Finanzas, señalada como presunta fachada para maniobras financieras irregulares mediante contratos de sponsoreo, préstamos y convenios con los clubes investigados. Las autoridades sospechan que estas operaciones habrían sido utilizadas para el movimiento ilícito de fondos.

Durante los allanamientos, la Policía secuestró documentación contable, contratos, teléfonos celulares, computadoras y otros elementos que serán analizados por la Justicia. Además, se solicitó el levantamiento del secreto bancario y fiscal de las entidades involucradas.

La investigación está a cargo de la Justicia federal, que busca establecer las responsabilidades penales de directivos, intermediarios financieros y particulares presuntamente implicados en la operatoria.

Hasta el momento, la AFA no ha emitido un pronunciamiento oficial, mientras que algunos clubes involucrados difundieron comunicados en los que niegan irregularidades y manifiestan su disposición a colaborar con las autoridades.

El caso genera un fuerte impacto en el fútbol argentino y podría derivar en sanciones judiciales de gran alcance, dependiendo del avance de la investigación.

- Mesa Directiva recibe iniciativas y puntos de acuerdo en materia de procuración de justicia y seguridad 

El diputado Óscar Mauricio Céspedes Peregrina presentó una iniciativa para adicionar diversas disposiciones a la Constitución Política del Estado, con el propósito de reconocer el derecho a una muerte digna para personas mayores de edad que tengan diagnóstico médico de enfermedad terminal con plena capacidad de toma de decisiones, lo anterior, determinado por especialistas.

Destacó que esta es una reforma que reconoce el derecho a una muerte digna, en beneficio de las y los poblanos que merecen, hasta el último instante, vivir y morir con dignidad. 

La iniciativa para adicionar la fracción V Bis al artículo 12 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y resolución procedente. 

Por su parte, la diputada Elisa Limón Balderrabano presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas  disposiciones de la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, del Código Civil y del Código de Procedimientos Civiles, con la finalidad de regularizar el sistema judicial local para impedir que se lleven a cabo prácticas jurídicas que lleguen afectar la integridad o pongan en peligro a las personas que son parte de un proceso en materia familiar.

La diputada Delfina Pozos Vergara presentó una iniciativa para reformar las fracciones XXV y XXVI y adicionar la XXVII al artículo 380 del Código Penal del Estado, con el propósito de adicionar como agravante del delito de robo cuando se cometa en contra de prestadores del servicio de transporte mercantil de carga, a fin de aumentar la sanción hasta en una mitad de la que corresponda en términos de lo establecido en la norma. 

En tanto, el diputado Rosalío Zanatta Vidaurri presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla, con el propósito de definir a la familia social como la persona o conjunto de personas cercanas a la persona desaparecida o no localizada, que mantienen o mantuvieron vínculos significativos de afecto, cuidado, convivencia o acompañamiento solidario, independientemente de las personas familiares.

En su participación, la diputada Ana Lilia Tepole Armenta presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, para establecer como facultad la de celebrar acuerdos o convenios con instituciones públicas o privadas para garantizar a los imputados, ofendidos, víctimas, denunciantes y testigos pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas, la disponibilidad de intérpretes y traductores, asegurando su acceso oportuno y permanente, en modalidad presencial o remota, las 24 horas del día y los siete días de la semana. 

Estas propuestas legislativas fueron turnadas a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y resolución procedente.   

La diputada Guadalupe Yamak Taja presentó un punto de acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, para que, a través de la Subsecretaría de Control Penitenciario, realice las medidas necesarias para garantizar la existencia, adecuación o acondicionamiento de espacios destinados a la atención de niñas y niños que viven dentro de los centros penitenciarios o visitan a sus madres privadas de la libertad.

El exhorto fue enviado a la Comisión de Seguridad Pública para su estudio y resolución procedente. 

Durante la sesión se dio cuenta de los siguientes asuntos: 

-Iniciativa de la diputada Elvia Graciela Palomares Ramírez para adicionar un segundo párrafo al artículo 11 de la Constitución local, a fin de indicar que el Estado impulsará campañas permanentes por la igualdad y contra todas las violencias para cambiar las conductas y cultura que dañan a niñas, adolescentes y mujeres.

-Iniciativa de la diputada Azucena Rosas Tapia y el diputado Elpidio Díaz Escobar para reformar el artículo 13 de la Constitución, con el propósito de reconocer la presencia y los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y de las comunidades afromexicanas como sujetos colectivos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio. Así como garantizar el acceso efectivo a la jurisdicción y protección jurídica (con intérprete y defensor culturalmente competente).

Ambas iniciativas fueron turnadas a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su análisis. 

-Iniciativa de la diputada Azucena Rosas Tapia para reformar la fracción II del artículo 82 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, con el propósito de precisar que las Unidades de Transparencia pertenecen a los Sujetos Obligados y no a las Autoridades Garantes. 

La propuesta legislativa fue enviada a la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información para su estudio y resolución procedente. 

-Iniciativa del diputado Oscar Mauricio Céspedes Peregrina para reformar la fracción II del artículo 51 Ter y el segundo párrafo del artículo 56 Sépties del Código Penal, con el objetivo de incorporar de manera expresa el concepto de “carpeta de investigación”, acompañado de disposiciones precisas que obliguen a la Fiscalía General del Estado a resguardar y conservar adecuadamente los billetes y piezas metálicas que, por sus características, resulten necesarios para el esclarecimiento de los hechos.

-Iniciativa de la diputada Susana del Carmen Riestra Piña para reformar la fracción VII del artículo 8 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, para establecer que corresponde al organismo garantizar a las personas imputadas, ofendidas, víctimas, denunciantes y testigos pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas, así como a quienes no hablen o no comprendan suficientemente el idioma español, el acceso inmediato, continuo, gratuito y de calidad a servicios de intérprete o traductor en su propia lengua y con pertinencia cultural, en todas las etapas de la investigación y del proceso. 

-Punto de acuerdo de la diputada Araceli Celestino Rosas por el que exhorta a la Fiscalía General del Estado de Puebla para que, en el ámbito de sus atribuciones, otorgue prioridad en la atención y trámite de las carpetas de investigación relacionadas con presuntos hechos con apariencia de delito de acoso sexual. 

Asimismo, se solicita que, en todas las actuaciones ministeriales, se apliquen de manera estricta los protocolos especializados con perspectiva de género, garantizando la protección integral de las víctimas, la debida diligencia en la recolección y valoración de pruebas, y el pleno acceso a la justicia.

Las propuestas legislativas fueron turnadas a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y resolución procedente.  

-Este espacio sirvió para el diálogo, la aportación interinstitucional, la reflexión crítica y la construcción de rutas de mejora: Oscar Mauricio Céspedes

Con el propósito de fortalecer y consolidar el Sistema de Justicia para Adolescentes, el Congreso del Estado, a través del diputado Óscar Mauricio Céspedes Peregrina, realizó el Conversatorio de las Instituciones Operadoras del Sistema de Justicia Penal del Estado de Puebla.

“Este evento confirma el compromiso colectivo para hacer que las niñas, niños y adolescentes reciban una atención justa, humana y respetuosa de sus derechos”, afirmó el legislador Óscar Mauricio Céspedes, quien es presidente de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia de la LXII Legislatura.

Durante su intervención, el legislador consideró que la justicia para adolescentes exige un enfoque distinto, que reconozca la etapa de desarrollo, la importancia de la reintegración social y familiar, así como reflexionar sobre el impacto que tienen nuestras decisiones en su futuro y en nuestra comunidad.

“Hoy tenemos la oportunidad de revisar avances, identificar desafíos y fortalecer los mecanismos que permitan que cada actuación, desde la primera intervención policial -en su calidad de primer respondiente-, la investigación del Ministerio Público, la adecuada defensa, la impartición de justicia y las medidas de reinserción, se realicen con apego a la ley”.

Por eso, este conversatorio se convierte en un espacio invaluable para el diálogo técnico, la aportación interinstitucional, la reflexión crítica y la construcción de rutas de mejora, afirmó el diputado.

Finalmente, Céspedes Peregrina agradeció la presencia de representantes de los tres Poderes del Estado, Fiscalía, Defensoría Pública, autoridades judiciales, de seguridad y atención especializada. “Su participación demuestra el compromiso que compartimos para garantizar una justicia humana, justa y respetuosa de los derechos de niñas, niños y adolescentes”. 

El pleno del Senado de la República aprobó este miércoles 3 de diciembre de 2025 la designación de Ernestina Godoy Ramos como nueva titular de la Fiscalía General de la República (FGR), tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero. La votación, realizada por cédula, arrojó 97 votos a favor, 19 en contra y 11 nulos, alcanzándose la mayoría calificada necesaria. 

El nombramiento se da luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enviara al Senado una terna compuesta exclusivamente por mujeres —Godoy, Luz María Zarza Delgado y Maribel Bojorges Beltrán—, en el marco de su apuesta por la representación femenina en cargos de alto nivel. 

Promesas y postura de la nueva fiscal

Durante su comparecencia ante los legisladores, Godoy Ramos afirmó que su gestión tendrá como principio la independencia y el respeto al estado de derecho: “no fabricaremos culpables”, aseguró, y señaló que su meta es combatir la impunidad sin practicar persecuciones políticas.

Además, pidió cooperación con fiscalías locales, organismos de derechos humanos y comisiones de búsqueda, y destacó que la coordinación institucional no implicará subordinación. Su plan contempla investigaciones científicas, transparencia y un enfoque humanista. 

Reacciones y preocupación por la autonomía

Aunque la mayoría del Senado —integrada por bancadas de Morena, Partido del Trabajo (PT), Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Movimiento Ciudadano— dio su respaldo a Godoy, legisladores de oposición criticaron la rapidez del proceso y alertaron sobre riesgos a la autonomía del ministerio público. 

Para sus partidarios, la designación representa una transición necesaria tras la salida de Gertz Manero; para críticos, la cercanía de Godoy con el Ejecutivo Federal y su paso por la Consejería Jurídica podría debilitar la independencia institucional. 

La ratificación de Godoy Ramos marca el cierre formal del proceso de designación, y en los próximos días rendirá protesta ante el Senado para asumir de manera oficial la titularidad de la FGR. Su gestión comenzará marcada por promesas de profesionalización, combate a la impunidad y —en teoría— un compromiso con la legalidad.

- El propósito es compartir buenas prácticas, modelos de intervención y propuestas de fortalecimiento institucional.

CHOLULA, Pue.- Como parte del compromiso de trabajar en colaboración permanente con actores locales, nacionales e internacionales, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla participa en el “ Foro Internacional sobre Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia”, un espacio de diálogo para enriquecer las estrategias de trabajo con un enfoque más cercano a la población y orientado a resultados.

Durante el evento de inauguración, al que se sumó el secretario de la SSP, vicealmirante Francisco Sánchez González, se destacó que la seguridad es un esfuerzo compartido, por ello la importancia de impulsar políticas públicas integrales que prioricen la prevención, la atención oportuna y la coordinación interinstitucional.

Cabe señalar que el Foro reúne a especialistas nacionales e internacionales, autoridades, academia y sociedad civil, con el propósito de analizar los principales desafíos, así como compartir buenas prácticas, modelos de intervención y propuestas de fortalecimiento institucional, en la materia.

Este evento también contó con la asistencia de la Fiscal General del Estado Puebla, Idamis Pastor Betancourt; el presidente de A.C. Consultores y fundador de COCO, Construyendo Comunidad, Alberto Capella IBarra; el analista Político, periodista y moderador, Francisco Zea; así como el director Ejecutivo Inteligence and Telecom, Ignacio Román.

- A través de la Secretaría de las Mujeres se reafirmó el compromiso de consolidar instituciones más justas y sensibles a los derechos humanos.

PUEBLA, Pue.- El Gobierno de Puebla realizó la toma de protesta de las integrantes y los integrantes de las Unidades de Igualdad Sustantiva de la administración estatal, acto que reafirmó el compromiso de consolidar instituciones más justas y sensibles a los derechos humanos. Bajo la conducción de la secretaria de las Mujeres, Yadira Lira, el evento subrayó que estas unidades representan estructuras indispensables para garantizar justicia, dignidad e igualdad para mujeres, niñas y adolescentes, en sintonía con la visión humanista de la presidenta Claudia Sheinbaum y con la agenda social del gobernador Alejandro Armenta.

Durante la ceremonia, la secretaria destacó que las nuevas responsabilidades fortalecen un momento nacional transformador que busca convertir la igualdad sustantiva en una realidad cotidiana. Señaló que las tareas centrales incluyen transversalidad de género en cada dependencia, espacios laborales seguros, eliminación de discriminación, impulso normativo y construcción de referentes éticos que consoliden un Estado más justo y más seguro. Yadira Lira afirmó que el gobierno estatal respalda plenamente estos procesos y llamó a asumir esta labor con sensibilidad, disciplina y responsabilidad pública.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado, encabezada por Rosa Isela Sánchez, reconoció la instalación de estas estructuras y celebró la firma del decálogo por la igualdad, un instrumento que refuerza la coordinación entre instituciones para prevenir violencias, dignificar espacios y colocar los derechos humanos en el centro del servicio público. Subrayó que el trabajo conjunto entre gobierno, organismos autónomos y sociedad civil permite resultados reales y fortalece una cultura de respeto en beneficio de toda la ciudadanía.

La subsecretaria de Transversalización e Institucionalización de la Perspectiva de Género, Gabriela Pérez Bazán resaltó que el decálogo establece diez compromisos esenciales, entre ellos: igualdad de oportunidades, espacios libres de violencia, cero tolerancia al acoso laboral, mujeres en la toma de decisiones, políticas incluyentes y redes de apoyo permanentes. Explicó que cada Unidad deberá integrar estos principios en sus planes de trabajo 2026 y promover la cartilla de derechos de las mujeres como herramienta comunitaria para garantizar respeto, libertad e igualdad en todas las instituciones.

Durante el acto, las y los titulares de las Unidades de Igualdad Sustantiva asumieron formalmente la responsabilidad de cumplir y hacer cumplir los principios de perspectiva de género, prevención de violencia y promoción de derechos humanos. Testimonios de universidades e institutos confirmaron que estas estructuras impulsan acciones de capacitación, erradicación de violencia, instalación de salas de lactancia y fortalecimiento institucional. La ceremonia concluyó con la firma simbólica del decálogo y la fotografía oficial, sello del compromiso colectivo para construir un Puebla más igualitario, más seguro y más humano.

- El galardón es un homenaje a la ardua labor de las y los docentes poblanos “y un acto de justicia, gratitud y memoria”: Pavel Gaspar

El Congreso del Estado, a través de la Comisión de Educación de la LXII Legislatura, entregó la Medalla al Mérito Docente Juan C. Bonilla a ocho maestras y maestros, con la finalidad de reconocer su trayectoria, calidad educativa y el impacto social en sus comunidades.

Durante esta ceremonia, el diputado Pavel Gaspar Ramírez señaló que la Medalla al Mérito Docente Juan C. Bonilla es un homenaje a la labor comprobada y ardua de las y los docentes poblanos, “y un acto de justicia, gratitud y memoria”.

Asimismo, destacó que, más allá de la enseñanza en las aulas, las y los maestros juegan un papel fundamental en la construcción de la paz y del tejido social, elementos esenciales para hacer comunidad, afirmó el legislador.

Por su parte, la diputada Floricel González Méndez, presidenta de la Comisión de Educación, subrayó la importancia del trabajo docente como base de la educación, al reconocer su esfuerzo, vocación, preparación y el impacto social que transforma vidas, familias y comunidades.

“El Congreso del Estado reafirma el compromiso de continuar con el trabajo para la construcción de un marco legislativo que dignifique y proteja la labor docente”.

De esta manera, la Medalla Juan C. Bonilla fue entregada a:

Educación Inicial
María del Socorro Serafín Sánchez

Educación Preescolar
Mirelly Sosa Posadas

Educación Primaria
Carlos Basilio Hernández Bermejo

Educación Secundaria
Nayeli Belén Hernández Terán

Educación Media Superior
Miguel Bello Pérez

Educación Especial
Cinthia Araceli Juárez Mendoza

Educación Física
Concepción Martínez Hernández

Educación Indígena
Micaela Jiménez Solís

Al hacer uso de la palabra, el titular de la Secretaría de Educación Pública, Manuel Viveros Narciso, consideró que la entrega de esta presea representa un acto simbólico de reconocimiento a las y los docentes por años de entrega, disciplina, liderazgo y profundo compromiso social 

A nombre de las personas galardonadas, la maestra Cinthia Araceli Juárez Mendoza dirigió unas palabras de agradecimiento.

Este evento también fue presidido por el diputado Elías Lozada Ortega, presidente de la Mesa Directiva; así como por las diputadas integrantes de la Comisión de Educación: Angélica Patricia Alvarado Juárez, Araceli Celestino Rosas, Ana Laura Gómez Ramírez y María Soledad Amieva Zamora, además de legisladoras y legisladores del Congreso del Estado. 

- En el Congreso del Estado presentan propuestas en materia de procuración de justicia y gobernación

Con el propósito de avanzar en la homologación del delito de abuso sexual en el país y fortalecer los derechos de las mujeres, la diputada Xel Arianna Hernández García presentó una iniciativa de reforma al Código Penal para que las víctimas cuenten con un marco legal que facilite la denuncia, brinde acompañamiento especializado y asegure que las sanciones impuestas sean proporcionales y eficaces para prevenir la reincidencia y proteger a la sociedad.

Esta reforma actualiza el tipo penal, amplía los supuestos de abuso, elimina ambigüedades, establece agravantes más severas e incorpora medidas reeducativas obligatorias, porque “no basta con castigar, también se debe transformar”, afirmó la legisladora.

Asimismo, señaló que con esta iniciativa “se pretende cerrar filas contra el acoso, contra el abuso y contra toda forma de violencia sexual en la entidad. El compromiso es claro y urgente: presentar reformas de fondo, reformas que dejen de normalizar el abuso, que dejen de minimizarlo y que dejen de justificarlo, porque Puebla no será tierra de silencios, será tierra de garantías”.

La propuesta legislativa, que busca reformar los artículos 260, 261, 262 y 263 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, fue enviada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y resolución procedente.

Por otra parte, el diputado Óscar Mauricio Céspedes Peregrina presentó una iniciativa para reformar el primer párrafo del artículo 11 de la Constitución Política del Estado, con el fin de establecer que todas las personas son iguales ante la ley, con el objetivo de consolidar el compromiso del gobierno y la sociedad poblana con los derechos humanos, la justicia y la equidad.

La propuesta legislativa fue dirigida a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

De igual manera, la diputada Nayeli Salvatori Bojalil presentó una iniciativa para reformar el artículo 278 del Código Penal del Estado, con el objetivo de indicar que, cuando se cometa el delito de estupro o violación y la víctima quede en estado de embarazo, se presumirá la existencia de un daño grave a su salud física y psicológica.

Para su análisis correspondiente, la iniciativa fue dirigida a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.

En su momento, la diputada María Fernanda de la Barreda Angon presentó una iniciativa para adicionar el artículo 193 Bis al Código Penal del Estado, con el propósito de tipificar el delito de participación en competencias de velocidad ilícitas en vías públicas a quien, conduciendo un vehículo automotor, participe en carreras o arrancones realizados en las vías públicas a que se refiere el artículo 187 de este Código, sin contar con la autorización expresa y por escrito de la autoridad competente, lo que ponga en peligro la vida o integridad de terceras personas o la seguridad vial.

La propuesta de la diputada fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.

Al hacer uso de la palabra, el diputado Elías Lozada Ortega presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones al Código Penal, para establecer que a quien intencionalmente cometa actos de maltrato o crueldad en contra de cualquier animal, provocándole la muerte, se le impondrán de cinco a ocho años de prisión y multa de doscientas a quinientas Unidades de Medida y Actualización.

Para su análisis correspondiente, la iniciativa fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.

En más del orden del día, el diputado Andrés Iván Villegas Mendoza presentó una iniciativa para adicionar el artículo 82 Sexies al Código Penal del Estado, con el propósito de agravar la sanción de los delitos cometidos mediante el uso indebido de aeronaves pilotadas a distancia, comúnmente conocidas como drones, y establecer que cuando estos sean empleados para la comisión de algún delito, las sanciones previstas en el tipo penal se aumentarán en una mitad.

La propuesta legislativa fue dirigida a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.

También,  la diputada Norma Estela Pimentel Méndez presentó una iniciativa para reformar y adicionar el Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con el propósito de establecer que cuando la persona deudora alimentaria incumpla total o parcialmente con el pago de las pensiones provisionales o definitivas fijadas en resolución judicial o convenio aprobado judicialmente, se generarán intereses moratorios.

La iniciativa, que propone reformar los artículos 690 y 693, y adicionar el artículo 442 Bis al Código de Procedimientos Civiles para el Estado, fue enviada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.

Durante el desarrollo de la sesión, la Mesa Directiva turnó a comisiones generales las siguientes propuestas legislativas:

-Iniciativa del diputado Julio Miguel Huerta Gómez para reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de dotar al derecho de petición de un plazo máximo claro de treinta días naturales, garantizar que toda persona reciba respuesta —aunque sea inicial— sobre el tiempo que tomará una respuesta más completa, y modernizar su notificación mediante medios electrónicos preferentes, sin limitar el acceso de quienes no cuenten con estas herramientas.

Para su análisis correspondiente, la propuesta fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

-Iniciativa del diputado Elías Lozada Ortega para reformar el artículo 510 del Código Civil para el Estado de Puebla, con la finalidad de establecer que si la necesidad del alimentista proviene de mala conducta acreditada, el juez, con conocimiento de causa, podrá disminuir o, en su caso, cancelar la cantidad destinada a los alimentos, siempre que dicha cancelación no afecte el interés superior de la niñez ni la subsistencia mínima de personas en situación de vulnerabilidad.

La iniciativa se dirigió a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su estudio procedente.

-Iniciativa de la diputada Norma Estela Pimentel Méndez para reformar y adicionar el Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con la finalidad de garantizar la eficacia real del derecho alimentario, incorporando el pago de intereses moratorios, no solo para incentivar el cumplimiento oportuno y evitar con ello la mora alimentaria, sino también para garantizar una reparación mínima frente al retraso injustificado, logrando con ello fortalecer la tutela judicial efectiva del derecho a recibir alimentos, es decir, que pueda ser plenamente exigible, adecuado y suficiente para proteger a quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.

La propuesta de la diputada fue enviada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.

-Iniciativa del diputado José Miguel Trujillo de Ita para adicionar el Código Penal del Estado, con el objetivo de tipificar y sancionar el fraude financiero digital cometido mediante aplicaciones de préstamo conocidas como montadeudas, a través del acceso abusivo a datos personales, la manipulación de condiciones de pago, la generación de “deudas fantasma” y la utilización de amenazas, difusión no consentida de información o violencia digital para exigir el cobro.

Para su estudio y resolución correspondiente, la iniciativa fue dirigida a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.

- Con las Ferias del Bienestar, del 19 al 21 de noviembre, se brindaron 19 mil 130 atenciones en Coeneo y el 26 de noviembre, 7 mil 743 en Morelia con la participación de dependencias de los tres niveles de gobierno

- A la fecha, 2 mil 337 servidores públicos han realizado 129 mil 724 visitas casa por casa en 95 municipios

Ciudad de México.- El Gobierno de México, a través de las Secretarías de Gobernación y de Bienestar, informó que, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, se realizarán durante noviembre y diciembre de 2025, 16 Ferias del Bienestar, 4 Sí al Desarme, Sí a la Paz y 2 Tianguis del Bienestar. Además de que se lleva a cabo una visita casa por casa a un millón 282 mil 948 viviendas de los 113 municipios de la entidad.

La Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo informó que, el 9 de diciembre, se presentará un informe integral sobre las acciones que realizan todas las dependencias del Gobierno de México en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

“Una parte del Plan Michoacán, que es una visita casa por casa, que estamos haciendo a todos los habitantes de Michoacán, a todas las viviendas y les llamamos Ferias del Bienestar que es presencia de todas las instituciones públicas federales, estatales y municipales en los municipios de Michoacán”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, informó que la dependencia a su cargo tiene como encargo coordinar las Ferias para el Bienestar, en las que participan 53 dependencias federales y en las que se ofertan los Programas para el Bienestar, los servicios del Gobierno de México en materia de salud, impulso a actividades comunitarias, de cultura y deporte, así como para fomentar la participación ciudadana.

Detalló que al momento se han realizado Ferias de Bienestar, en los municipios de: Coeneo donde se han brindado 19 mil 130 atenciones a través de 29 dependencias, así como en Morelia con la participación de 53 dependencias de los tres niveles de gobierno que proporcionaron 7 mil 743 atenciones. En tanto que, ya inició la implementación de la estrategia Sí al Desarme, Sí a la Paz, con la que al momento ya se han intercambiado 15 armas cortas, dos largas y seis granadas, mientras que, únicamente en el municipio de Zamora se han canjeado dos armas cortas, tres largas y 26 granadas.

El calendario de las Ferias del Bienestar es el siguiente: Zamora, el 27 de noviembre y 11 de diciembre; en Jiquilpan, el 16 de diciembre; en Zacapu, el 19 y 21 de noviembre; en Uruapan, el 9 de diciembre; en Apatzingán, el 2 de diciembre; en Lázaro Cárdenas, el 4 y 10 de diciembre; en Puruándiro el 10 de diciembre; en Hidalgo, el 17 de diciembre; Morelia, 26 de diciembre; Zitácuaro, el 5 de diciembre; Pátzcuaro el 19 de diciembre; Huetamo, el 3 de diciembre; y Múgica, por definir fecha.

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, puntualizó que, a la fecha, 2 mil 337 servidores públicos de más de 20 dependencias han realizado 129 mil 724 visitas casa por casa en 95 municipios de la entidad, con el objetivo de aplicar un cuestionario en el que se pregunta si se recibe algún Programa para el Bienestar, además de que se explica en qué consiste el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, es una estrategia integral de 12 ejes que comprenden más de 100 acciones y una inversión de más de 57 mil millones de pesos (mdp) para garantizar el acceso a  la educación, a la salud, a la vivienda y al empleo digno.

- ⁠Representantes de ocho municipios recibieron capacitación sobre el nuevo protocolo y coordinación interinstitucional en Puebla.

- La Universidad de las Ciencias Policiales y de la Seguridad del Estado impulsa el liderazgo comunitario, justicia cívica e intervención policial con enfoque de derechos humanos.

AMOZOC, Pue.- La Universidad de las Ciencias Policiales y de la Seguridad (UCIPS) del Estado de Puebla impartió la ponencia “Liderazgo Comunitario, Prevención del Linchamiento”, dirigida a autoridades municipales y cuerpos de policía de ocho municipios, con el propósito de fortalecer la prevención del linchamiento y la proximidad social, en cumplimiento de la Recomendación General 01-2024 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

El instructor de la UCIPS y ponente, Juan Carlos Martínez Díaz, explicó que este trabajo formativo tuvo sustento en dicha recomendación general emitida en 2024, la cual estableció la necesidad de capacitar de forma especializada a todos los municipios del estado. Detalló que el nuevo protocolo de prevención del linchamiento planteó un sistema de coordinación entre presidencias municipales, cabildos, concejos municipales, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Gobernación y autoridades que atienden a grupos y comunidades indígenas.

Martínez Díaz subrayó que el linchamiento constituye un fenómeno social que exige fortalecer tanto la intervención como la prevención, “debemos tener contacto con la gente, mantener la proximidad social y hacer que los municipios implementen un sistema de justicia cívica e itinerante, para resolver conflictos antes de que se conviertan en faltas administrativas, delitos o en un linchamiento”, señaló.

Indicó que la UCIPS, como uno de los sujetos centrales de la capacitación en el estado, cumplió aproximadamente un año de impartir estos contenidos a policías municipales, servidores públicos locales y corporaciones estatales. Añadió que se contempla un segundo nivel de formación para profundizar en los procesos de intervención policial, y precisó que, aunque el reto continúa, hoy las y los elementos cuentan con una preparación más sólida para enfrentar este tipo de escenarios.

El instructor invitó a los municipios a identificar sus necesidades específicas de capacitación, tanto en intervención como en uso de equipo antimotín, formación de dispositivos de contención, rescate y restablecimiento del orden y acercarse a esta casa de estudios. Agregó que la UCIPS puede apoyar también en la elaboración de protocolos y manuales de intervención policial, con apego a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y a los derechos humanos.

En este sentido, Martínez Díaz resaltó que las y los servidores públicos de seguridad poseen también derechos, entre ellos, mantener a salvo su integridad física y psicológica, que se resguarda mediante intervenciones profesionales y apegadas a la norma. Estas acciones formativas se alinearon con la ruta de trabajo del gobernador Alejandro Armenta y con el compromiso de la UCIPS de formar mujeres y hombres con preparación científica, técnica y ética, que actúan Por Amor a Puebla y con la convicción de Pensar en Grande para responder a las necesidades de seguridad de la entidad.