La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), tiene por objeto garantizar, promover y proteger los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial los derechos a la asistencia, a la protección, a la atención, a la verdad, a la justicia, a la reparación integral y a la debida diligencia, en términos del artículo 2 de la Ley General de Víctimas (LGV); así como desempeñarse como el órgano operativo del Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV) y las demás que la citada Ley señale.

Recientemente, Mara Gómez Pérez renunció como titular del organismo, señalando que la Comisión se convirtió en un negocio para algunos abogados que buscaron lucrar con quienes han sufrido múltiples agravios, por lo que su vocación humanista se pervirtió. En efecto, señala que ante los altos índices de impunidad que prevalecen en el país, abogados particulares se acercaron a las madres que buscan a sus hijos desaparecidos y a otras víctimas para litigar contra la Comisión y así obtener honorarios millonarios de hasta el 60 por ciento de las compensaciones entregadas.

Asimismo, refirió que hay quienes no están dispuestos a renunciar a componendas, privilegios y abusos, malinformando al presidente de la República, a los funcionarios y la opinión pública, puesto que existen resistencias, amenazas, infundios y ataques de quienes quieren seguir lucrando económica y políticamente con las víctimas.

A su vez, recalcó que el recorte presupuestal conduciría a la parálisis de la dependencia ante las fallas arrastradas desde su creación en 2014. No obstante, durante la sesión de la Junta de Gobierno de la Comisión, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SG), Alejandro Encinas, aseguró que la CEAV ya tiene recursos para su operación.

Por otra parte, según fuentes periodísticas señalaron, que la Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero le remarcó a la extitular de la CEAV que el presidente ya no quería ver el plantón que tenían familiares de víctimas de desaparecidos frente a Palacio Nacional, por lo que de ahí derivó su renuncia.

Ante este panorama, el quid del asunto siempre estará en duda, debido a que los recursos asignados a la CEAV para 2020, sufrieron un recorte dentro del Plan de Austeridad del Gobierno Federal por parte de la Secretaría de Hacienda, lo que trajo como consecuencia graves problemas de la ex titular para atender las demandas de los familiares de las víctimas de desaparición, lo que se interpretó como un error del Presidente López Obrador al quitarle los recursos a dicha Comisión, haciéndola inoperable.

No obstante, lo que resultan indiscutibles son los hechos, pues haciendo un recuento de las cosas, en enero de este año, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas de la SG informó que de las 147 mil 33 personas reportadas como desaparecidas de 1964 a la fecha, 85 mil 396 han sido localizadas. En el periodo de 2006 a 2019 se registró la mayor parte de los casos, 60 mil 53, lo que representa 97.43% del total.

Tamaulipas, Jalisco, Estado de México, Chihuahua y Nuevo León lideran la lista de desapariciones.

Como quiera que sea, es necesario que se reconozca la necesidad de asumir las responsabilidades que a cada quien competen, tanto al gobierno como a gobernados.

Además, no debe ser esto un consuelo, pero el actual gobierno federal, a través del subsecretario Alejandro Encinas, ha señalado que con la finalidad de evitar más desapariciones en México, seguirá enfocado en acabar con la impunidad, así como con las causas que originan la violencia y ha reconocido que un porcentaje significativo del listado son casos de personas desaparecidas por instituciones o agencias del Estado.

México sigue teniendo una gran deuda con las víctimas de desapariciones y a pesar de las promesas y esfuerzos anunciados por el Presidente de la República para apoyar su búsqueda, el número aumenta cada día, y las organizaciones de la sociedad civil que han surgido, son quienes con su trabajo han logrado esclarecer algunas desapariciones, sin el apoyo del Gobierno federal y de los Estados, que en muchas de las ocasiones en lugar de apoyarlos, los bloquean, por considerar incomoda su labor. Sólo en aquellos casos que desaparecen familiares o personas influyentes o con poder económico, es cuando las instituciones del Estado, se apresuran a investigar y resolver, pero si se trata de un ciudadano común y corriente, del 100% de los casos, se resolverá a lo mucho de un 3 a 5% de acuerdo a las estadísticas.

Esperemos por el bien de los ciudadanos, que quién asuma la titularidad de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas sea alguien conocedor de esta área tan sensible para la sociedad y no se trate de un personaje político a quién hubo que acomodar para pagar una factura por su apoyo a la 4T. Al tiempo.