El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y el movimiento de la cuarta transformación, aún sin haber concluido la disputa entre los poderes ejecutivo y legislativo en contra del Poder Judicial de la Federación y los trabajadores de dicho poder, en una batalla que va para largo, entre la aprobación acelerada de las normas secundarias y los amparos y suspensiones definitivas dictadas por jueces de distrito junto con  el paro de labores que han anunciado mantendrán en forma indefinida, les toca ahora nombrar al próximo presidente o presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en un clima enrarecido, donde muchos pensaban que la reelección de su actual titular Rosario Piedra Ibarra, por su sumisión y apoyo abierto al gobierno de AMLO, tenía asegurada su permanencia repitiendo en el cargo, ya que durante su período al frente del organismo su trabajo consistió en solapar los excesos del gobierno federal y los abusos de las fuerzas armadas, que también fueron beneficiadas con un número mínimo de recomendaciones.

Aunque Piedra Ibarra, planteó su reelección en el cargo, conforme a lo establecido en el párrafo séptimo del inciso B del artículo 102 de la Constitución General de la República, no cuenta por el momento con el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum, quién instruyó al senado para lanzar la Convocatoria Nacional y declaró que la actual presidenta del organismo, se inscribiera si deseaba contender por un segundo período, situación que desde mi punto de vista, tiene una doble intención: la primera es aparentar que se busca una renovación en el organismo acorde al nuevo gobierno con una nueva persona al frente y la segunda es que abierto el proceso y después de aparentar un proceso abierto y transparente repita Piedra Ibarra conforme a las instrucciones que desde su rancho de Palenque dicte el ex presidente López Obrador.

En el anunció de su búsqueda para un segundo período Piedra Ibarra, expresó en un mensaje en su cuenta de X, que tomó la decisión de buscar un segundo período al frente del organismo “porque esta convencida de que gracias al trabajo del personal hemos trabajado mucho en la transformación de la CNDH, pero aún tenemos que consolidarla”

Organismos defensores de Derechos Humanos de la sociedad civil como el Centro PRODH en un informe sobre los resultados de la CNDH durante los últimos cinco años en los que Piedra Ibarra ha estado al frente de la Comisión, considera: “urgente una renovación profunda de la CNDH que fortalezca su autonomía y capacidad para actuar a favor de los derechos humanos”

En el informe destacan datos como la baja calidad de las recomendaciones emitidas por Piedra Ibarra y las omisiones significativas en casos que involucran a las fuerzas armadas y avanzo la opacidad en las recomendaciones con testados excesivos”

Respecto a la Guardia Nacional el informe del CENTRO PRODH destaca que en el período del 2020 al 2023 se recibieron 1816 quejas en contra de dicha fuerza y sólo recibió 13 recomendaciones y en el caso de la Secretaría de la Defensa Nacional fue señalada en 1664 quejas recibiendo sólo 26 recomendaciones.

En el balance el trabajo de la CNDH durante la gestión de Piedra Ibarra, fue más para volverse un escudo para la acciones del gobierno de AMLO, que ser un organismo a favor de las victimas de violaciones a sus derechos humanos.

Otro ejemplo claro de lo señalado es que de acuerdo al informe del CENTRO PRODH, se emitieron “cuarenta pronunciamientos para desacreditar a medios, periodistas, órganos internacionales y defensores de derechos humanos” con el fin de “proteger al gobierno, no a las víctimas”

Sin dejar de mencionar que durante la gestión de Piedra Ibarra, renunciaron todos los integrantes del Consejo Consultivo previsto en la Constitución y que también debe ser renovado en la elección de este año.

Aunque el presidente del Senado Gerardo Fernández Noroña ha declarado que Piedra Ibarra está en su derecho de buscar su reelección y que seguramente tendrá el apoyo de los senadores de su partido, la oposición ha manifestado su rechazo a votar en favor de la reelección de la actual presidenta, por lo que siendo el nombramiento una facultad exclusiva del Senado, la decisión final debe ser respaldada por los senadores del bloque oficialista que cuenta con la mayoría calificada.

La verdad, es que no podemos esperar nada, de este proceso de elección del nuevo presidenta o presidente de la CNDH, que durante el gobierno de AMLO, se convirtió en una oficina más del gabinete ampliado y nunca se diferencio de quienes presidieron el organismo en el período neo liberal al que tanto criticaron.

En la agenda de la 4T, el tema de la promoción, defensa, protección y de garantizar los derechos humanos en el país, no está contemplado como una prioridad, por el contrario el contar con un organismo autónomo, fortalecido e independiente, puede resultar incómodo y contrario a sus planes para la construcción del segundo piso de la transformación de la vida pública que impulsa la presidenta el bloque oficialista de partidos.

Afirmo lo anterior, por el hecho de que durante los seis años de gobierno de AMLO, nunca promovió alguna iniciativa por transformar a la CNDH, sólo buscó recortar su presupuesto y contar con una presidenta que fielmente le cuidó las espaldas y no tuvo empacho en salir a declarar a favor de las acciones de su gobierno y de las fuerzas armadas, olvidando a las victimas.

En este contexto, no sería extraño que Piedra Ibarra repita otro período al frente de la CNDH, dados los resultados que han favorecido a la 4T, ni pensar en una elección abierta con el voto ciudadano, como lo aprobaron para los Ministros, magistrados y Jueces del poder judicial, dado que de ninguna forma les conviene que se les cuele un candidato o candidata, no afín a su movimiento que les pueda resultar incómodo o corregirles la plana con sus recomendaciones.  

En conclusión y dada la continuidad de las posturas de AMLO ahora con la nueva presidenta, esperamos en la CNDH más de lo mismo, con Piedra Ibarra o con otro personaje que garantice lealtad, antes que capacidad y compromiso con la defensa de los derechos humanos de los mexicanos.

*Director fundador del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.

Tratar el tema de la elección de representantes o autoridades siempre será un punto álgido de discusión en nuestro país, sobre todo con nuestros antecedentes históricos en materia electoral.

Destaca en la agenda de esta semana, la discusión sobre cómo elegir en los tiempos de la Cuarta Transformación que vive el país, al rector (a) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Porque actualmente conforme a lo establecido en la Legislación de la máxima casa de estudios de nuestro país, es facultad de la Junta de Gobierno nombrar cada cuatro años a la persona que le corresponderá ocupar la rectoría.

Dicha forma de elección, quizás para muchos ciudadanos no sea motivo de preocupación, debido a que al tratarse de un proceso que sólo compete a los universitarios, la mayoría de los ciudadanos confiamos en que dicha casa de estudios, tiene la suficiente capacidad y pleno derecho de hacerlo por su carácter autónomo, reconocido por el artículo 3º fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice:

“Las Universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorga autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a si mísmas…”

Lo anterior significa que aún y cuando corresponde al Poder legislativo aprobar las reformas a las leyes, en este caso, debería tomarse en cuenta, la opinión de las autoridades universitarias y de quienes integran la comunidad de la UNAM para impulsar una reforma que puede originar conflictos en su interior y dar pauta a desestabilizar el trabajo de la Institución que podría afectar a miles de estudiantes, académicos e investigadores, así como al personal administrativo.

Así las cosas, la semana pasada el diputado federal Armando Contreras Castillo, integrante de la fracción de Morena, propuso una iniciativa que propone reformar la Ley Orgánica de la UNAM, para que al rector (a) lo elija la comunidad universitaria por voto directo, universal, libre, secreto, personal e intransferible, eliminando la facultad que tiene actualmente la Junta de Gobierno para designarlo. Dicha reforma de aprobarse aplicaría para la próxima elección de rector en 2024.

La polémica iniciativa, es para muchos una primera intentona del Partido del Presidente, para tomar el control de la rectoría de la UNAM y lograr colocar a una persona afín a su gobierno y que le permita en el corto plazo incidir en todos los procesos de elección de Directores de las Facultades e Institutos de la Universidad Nacional. Formula que seguramente en los meses siguientes se extendería para reformar todas las leyes orgánicas de las Universidades Autónomas del país.

Otras opiniones han expresado que es una buena iniciativa, porque da mayor nivel de participación a la comunidad universitaria en un proceso abierto y democrático en el que valdría lo mismo el voto de un director (a) de un maestro, de un trabajador o de un estudiante y ganaría quién obtenga el mayor número de votos en la jornada electoral; modelo que se aplicaba en varias universidades públicas del país en las décadas de los setentas hasta principios de los noventas y que fue sustituido mediante el voto ponderado o sectorial expresado en los Consejos Universitarios para nombrar a los rectores.

Uno de los elementos que deben analizarse antes de aprobar esta iniciativa; son las dificultades que implican el llevar a cabo todo un proceso electoral en Ciudad Universitaria y demás Unidades, debido a que la población estudiantil es superior a los cien mil alumnos y casi doce mil académicos, a los que deben sumarse el personal administrativo, es decir, casi se estaría  en una elección municipal, con los costos económicos que traería consigo en un proceso que seguramente tendría conflictos posteriores y que desestabilizaría la vida académica de la Universidad.

Desde mi punto de vista, deben ser los propios universitarios quienes definan si el modelo actual de elección debe permanecer o bien si es necesario cambiarlo, y sólo así se justificaría que el Poder legislativo aborde una reforma de tal trascendencia, cuando hay otras iniciativas en la congeladora del Congreso que requieren ser discutidas y que no cuentan con el apoyo de la mayoría para iniciar su análisis.

En los próximos días veremos si el Presidente apoya la iniciativa del Diputado Armando Contreras e insta a la bancada de Morena para que se apruebe, o sólo es una forma de mandar un mensaje siciliano a la UNAM que tiene en sus manos la decisión final de la acusación del plagio de su tesis de la Ministra Yasmin Esquivel Mossa.

*Director fundador del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.