El viejo partido de la revolución definirá en los próximos días si llega con vida a su centenario, en el 2029.

El PRI no fue, en su nacimiento, un partido: fue instrumento. No fue creado para competir por el poder, sino para administrarlo. Nunca buscó la presidencia: la presidencia lo inventó.

Ese ADN le sujeta hoy.

La reforma eléctrica lo pone ante una disyuntiva de vida: ¿ratificará su utilidad como instrumento de la presidencia o entenderá su momento y permanecerá fiel al mandato que recibió en las urnas?

Para resolver esta incógnita, el PRI deberá recordar algo central: la sociedad cambió. El PRI, no.

Al no ponerse en sintonía con la sociedad, el partido perdió el crédito que logró al recuperar la presidencia.

El pasado junio vivió un desastre electoral: perdió 9 gubernaturas y ganó ninguna. Con ello, gobierna ya solo 4 entidades. Empero, su presencia en la Cámara de Diputados aumentó significativamente y hoy tiene en sus manos la aprobación o el rechazo de la reforma eléctrica: el gran salto hacia atrás del sexenio.

El tricolor está vendiendo caro su amor. Ha sido el único partido de oposición que no ha manifestado su rechazo a una iniciativa expropiadora, costosísima para el país y para el futuro de la gente.

Es posible que esté jugando su papel de bisagra, al estilo de lo que hizo Manlio Fabio Beltrones con su bancada del senado en tiempos de Felipe Calderón. Al final, todos reconocerán su peso e influencia.

Puede ser, también, que esté forzando a que diversos sectores se pronuncien en contra de la reforma, dejen de esconderse y den la cara a Morena.

O puede ser que esté negociando para descafeinar un poco la iniciativa para aprobarla al final.

De ser este el caso, el PRI estaría cometiendo un gravísimo error.

Su presencia en la Cámara responde a una alianza opositora que aglutinó a los vastos sectores que resisten el embate de lo más radical del gobierno de Morena.

Fue la acumulación de votos del PRI PAN y PRD lo que les llevó a crecer sus bancadas, no la fuerza separada de cada uno.

Para obtener la confianza de la gente, firmaron un acuerdo, que estarían violando. Si eso ocurre, el país se precipitará a un sistema de partido hegemónico: Morena terminando de succionar los restos del PRI.

El partido deberá responder a sus electores, respetar la reforma que ellos impulsaron y desenmascarar a partidos impresentables como el Verde, que los traicionó.

Si al final la reforma es frenada, la alianza opositora se apuntará un gran triunfo y enfilará con nuevos bríos las elecciones de 6 estados el año entrante y a la construcción de un potente movimiento que enfrente a Morena en el 2024.

Pero si el PRI se parte y aprueba la reforma, aún con modificaciones, habrá perdido su credibilidad.

Y su posibilidad de subsistir.

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Hoy se verá de qué está hecho el poder judicial. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá sobre un atropello flagrante a la constitución y a la democracia.

Se trata de la extensión del periodo de la gubernatura de Baja California de 2 a 5 años, impuesta por el congreso estatal, dominado por Morena.

La votación legislativa fue un muladar y se hizo después de que los ciudadanos habían elegido a Bonilla por un periodo de dos años.

El gobernador electo, envalentonado por el tsunami de Morena en la elección federal, impulsó en su beneficio la reforma y luego, imitando a su pastor, orquestó una consulta populachera a modo para bendecirla.

El hecho es ominoso y grosero.

Discutir sobre la constitucionalidad del mismo es ocioso. Se trata de una violación flagrante de todos los principios consagrados en ella. Ya en otro momento expuse los argumentos legales.

El Ministro Instructor Fernando Franco, un respetado jurista, ha presentado el proyecto para declarar inconstitucional el acto.

Pero hoy la Corte, para echar abajo este acto, requiere de una mayoría calificada de las dos terceras partes de los ministros. Ocho votos.

Esto demanda que los nuevos ministros, propuestos al Senado por el ejecutivo, demuestren su independencia y su valor.

Son 3: Juan Luis González Alcántara, Yasmín Esquivel Mossa y Margarita Ríos Fajart.

El acto es tan sucio que no sólo se demanda a la corte que se eche abajo, sino que se haga por unanimidad.

Nada menos que eso es aceptable.

La democracia sirve para muchas cosas, pero una de ellas es esencial: asegurarse que los malos gobiernos se terminen de manera pacífica en fecha cierta.

Permitir que un órgano político pisotee la constitución y haga de las leyes una hechura a su medida sería condenar a muerte a la democracia.

La decisión del porvenir de la democracia y la libertad está, pues, en la corte.

El poder ejecutivo Federal pudo impugnar la constitucionalidad del acto y no lo hizo. López Obrador ha respondido, sibilino, que hará lo que diga la Corte, pero no apeló a ella ni condenó el golpe parlamentario.

Precisamente por ello, por su proclividad a ignorar al estado de derecho, a violar la ley si ello lo acerca su personal sentido de justicia, si la arbitrariedad sirve a sus intereses, es indispensable que la Corte pruebe que está a la altura de las circunstancias.

El Poder Judicial sirve, entre otras cosas, para eso: para frenar el abuso. Para corregir la plana. Para garantizar que el poder se someta a la constitución.

La independencia y la bravura de los jueces se mide no con presidentes débiles, sino con poderes excepcionales. No en circunstancias de bonanza, sino en épocas de desventura.

Nuestra democracia republicana se basa en la división de poderes, el federalismo, la representatividad y el laicismo.

Como nunca, cada uno de esos principios están en riesgo hoy. En una sola decisión, la Corte los solidificará o los hará volar en pedazos.

Habrá que dar un escrutinio especial a cada voto, a cada expresión.

Si el fallo falla, sabremos, sin lugar a dudas, que se ha abierto el camino a la dictadura. Validada por los jueces.

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