El país debería activar de inmediato todos los recursos a su alcance para impedir que tengamos un desastre social mayúsculo.

Vivimos una tragedia.

La población está sometida a una pandemia que no cesa y que está devorando millares de vidas. Vamos en 390 mil contagios y en 44 mil decesos. Probablemente la cifra real sea millones de enfermos y más de 120 mil muertes.

Nunca antes se había padecido un dolor así desde la revolución.

Al lado, cobra fuerza un huracán económico. La caída económica, estimada en  -8% será seguramente aún peor, quizá de dos dígitos: la peor caída desde 1932. Solo en mayo la economía cayó 21%. El déficit se triplicará, llegando al 6%.

Esto presiona por todas partes a las finanzas públicas, que no podrán recaudar lo necesario.

La magnitud de la crisis económica es profundamente social. Han cerrado para siempre 770 mil empresas en sólo dos meses. Hay 15.7 millones de desempleados. Significa lo siguiente.

Perder el empleo es ir directo, sin escalas y por la fila rápida, a la pobreza. Este año, habrá 12 millones de nuevos pobres: el equivalente a la población de cualquier país centroamericano con la excepción de Guatemala.

Para enfrentar esta situación, el gobierno ha tomado la peor ruta: la austeridad.

Es tratar a un deshidratado quitándole el suero.

El gobierno de López Obrador, contrario a su presunta pulsión de izquierda ha reducido la inversión. La pública fue la más baja en todo el siglo, en el primer trimestre: o sea antes del COVID.

La desconfianza cerró la inversión privada: 312 mil millones de pesos han salido del país en seis meses. Eso es 1,714 millones de pesos al día. Eso no es por la pandemia, sino por temor al gobierno.

Salvar una crisis de estas proporciones implica la urgencia de invertir e invertir mucho.

Para lograrlo, primero hay que restaurar la confianza. El presidente no lo logrará sin enviar señales claras a los mercados y a las familias de que está dispuesto a corregir, de que hay un compromiso claro de no cambiar las reglas, honrar contratos, respetar la propiedad privada y al estado de derecho.

Urgiría una reconfiguración de su gabinete, en donde prescinda de el ala más radical de sus seguidores.

Y habría que generar una gran política nacional de inversión. Volcar todos los recursos públicos, federales, estatales y municipales a programas de mantenimiento de infraestructura. Eso hizo Roosevelt. Esos programas generan mucho empleo, temporal, pero empleo, y alivian el drama de los hogares y reactivan el consumo.

El congreso podría autorizar un endeudamiento temporal, con caducidad a la salida de López Obrador para financiar obra pública que, idealmente, podría duplicarse con asociaciones público privadas y para apoyar la ideas de dar apoyo directo a familias y a empresas en dificultades.

Se podría analizar concesionar servicios públicos para ingresar dinero fresco.

Pero todo parte de un tema de actitud para generar confianza y convocar a la unidad nacional.

De no corregir pronto, el gobierno terminará en un enorme desprestigio y con una presión humanitaria terrible. La gente quiere resultados, no catecismo.

De no darse una corrección, la sociedad tendrá que salir a votar masivamente y forzar el cambio.

Dada la resistencia a la corrección, hay que prepararnos para ganar el 21.

Twitter | @fvazquezrig