La historia de la humanidad siempre ha estado infestada de grandes problemas, tales como guerras, levantamientos sociales, golpes de estado, enfermedades que han aniquilado pueblos completos. La peste Antonina acaecida en Roma en el siglo II d.c., fue la primera peste que afectó globalmente al mundo occidental y perturbó todas las dimensiones de vida del género humano en el Imperio Romano tales como la economía, la política, la religión, la cultura y la justicia.

Lamentablemente no ha sido el único episodio letal, cabe recordar la plaga de Justiniano, la peste negra, la viruela japonesa, la gran peste de Londres, la peste rusa, también conocida como la peste de 1771; el cólera, la fiebre amarilla, las gripes española, rusa y asiática, el VIH/sida, el Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS, por sus siglas en inglés) que casualmente es una enfermedad provocada por un coronavirus distinto del causante del COVID-19, la gripe porcina, el ébola; sin pasar por alto la viruela que llegó con la conquista europea. Fue introducida primero en lo que actualmente es México por los españoles y fue determinante en la caída del Imperio Azteca.

Actualmente, la emergencia sanitaria global que vivimos ocasionada por la pandemia del virus que causa el COVID-19. Esta situación puede afectar gravemente la plena vigencia de los derechos humanos de la población en virtud de los serios riesgos para la vida, salud e integridad personal que supone dicha enfermedad; así como sus impactos de inmediato, mediano y largo plazo sobre las sociedades en general, y sobre las personas y grupos en situación de especial vulnerabilidad.

Si bien se han introducido medidas de contención que incluyen cuarentena, distanciamiento o aislamiento social, cierre de escuelas y negocios, limitaciones de circulación a nivel nacional, así como orientaciones preventivas de higiene personal y comunitaria; también supone el retardo en la administración de justicia, pues se ha ejecutado la suspensión de todas las actuaciones judiciales y de los plazos procesales que conllevan. Evidentemente al regresar a nuestra vida cotidiana el poder judicial deberá elaborar un plan de actuación para agilizar la actividad judicial ahora rezagada, pues recordemos que la región se caracteriza por altos índices de violencia generalizada y especialmente violencia por razones de género, así como por la persistencia de flagelos tales como la inseguridad, la corrupción y la impunidad.

En efecto, la actual situación de confinamiento, ha exhibido la ineficiencia del sistema judicial, que no ha sido capaz de afrontar la revolución tecnológica para aprovechar de mejor manera y con mayor utilidad las ventajas que las mismas le ofrecen., para cumplir con la función que le corresponde como uno de los Poderes del Estado, esto es, los órganos jurisdiccionales deben aprovechar las ventajas de este siglo para que el sistema judicial complete  la transición digital y que las fórmulas de trabajo a distancia puedan desarrollarse sin problemas en todo el territorio nacional por igual.

Resultaría fundamental la implantación de audiencias virtuales, en base al proyecto piloto de otros países como Reino Unido, Estonia, California, o China. Merece hacer la mención a la obra de Richard Susskind sobre la justicia virtual o las experiencias de los Tribunales de Estonia. En ellos en base al juicio en línea, se celebra el juicio por video en línea, las partes son capaces de proporcionar pruebas y contrainterrogar, todo el proceso se graba a través del reconocimiento de voz, y después de la audiencia las partes pueden escanear un código QR para crear firma electrónica de las transcripciones del juicio y demás utilidades. Hoy en día se graban las vistas y declaraciones, existen sistemas para testificar por videoconferencia sin necesidad de desplazarse a la localidad donde radique el Juzgado y los Tribunales se comunican entre ellos por Internet.

Es verdad que al interior del estado o en el país existe un gran rezago tecnológico, empezando por la falta de acceso al internet; incluso maestros y estudiantes tienen carencias en la materia y hoy se perciben al querer tomar clases en línea. En el caso de los funcionarios judiciales y personal de los tribunales, debería aprovecharse este confinamiento para preparar las herramientas y plataformas para buscar mejorar el acceso a la justicia, ya que con su parálisis, se afecta a la ciudadanía y al estado de derecho.