Los desencuentros y disputas entre el gobierno del Presidente López Obrador y la Suprema Corte de Justicia, que se iniciaron desde tiempo atrás y que han llegado a su máxima expresión tras la elección de la Ministra Norma Píña como Presidenta del máximo tribunal del país, por situaciones, como el hecho de que los Ministros tengan un sueldo superior al del Presidente y de que conserven los codiciados fideicomisos que tiene bajo su control; pasando por las resoluciones en contra de las reformas legislativas impulsadas por el presidente , donde se impuso la mayoría de los Ministros que no se sometieron al poder presidencial; han suscitado una lucha frontal que ha pasado de los ataques y descalificaciones de López Obrador en las conferencias mañaneras, hasta las amenazas directas de impulsar una reforma a la Constitución General de la República, antes de concluir su mandato, para que los ministros sean designados por el voto ciudadano, lo que implicaría que los actuales Ministros sean destituidos de sus cargos para que se renueve la Corte en su totalidad, hasta el hecho de que en el presupuesto de egresos 2024 que discute la Cámara de Diputados se prevé un  recorte de su presupuesto para obligarlos a reducir los gastos del Poder Judicial y hacerlos entrar en la austeridad republicana.

En otro de los episodios de la lucha que sostienen ambos poderes, el Presidente también se ha dedicado a cuestionar y denunciar ante el Consejo de la Judicatura Federal, la labor de los Jueces del Poder Judicial de la Federación y de los que pertenecen a algunos de los Poderes Judiciales de los Estados, por el sentido de sus resoluciones, acusándolos de corruptos y de responder a los intereses de sus enemigos políticos y de los conservadores; dichas acusaciones han propiciado que algunos Gobernadores emanados de Morena, hayan instruido a los Consejos de la Judicatura para suspender a los jueces y someterlos a investigación, violando su derecho a la presunción de inocencia y volviéndolos víctimas del encono del Presidente.

Dicha situación vulnera la Independencia de dicho poder, consagrada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que ha sido plenamente documentada e investigada en el Diagnostico sobre Independencia del Sistema Judicial Federal en México, publicado el pasado martes y  realizado por el Vance Center For International Justice del Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York, la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAN) y la Barra Mexicana Colegio de Abogados, que señala que la independencia judicial en México se encuentra en grave riesgo, derivado de los constantes ataques de los otros poderes, especialmente del Ejecutivo, que se han concentrado en los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, magistrados juezas y jueces federales.

Si a lo anterior se suma la probable reducción al presupuesto del Poder Judicial federal para el año próximo, lo que impactaría gravemente en la función judicial.

El referido documento también señala que: “estos ataques que van desde menciones y campañas de desprestigio, hasta investigaciones administrativas y penales infundadas son característicos de regímenes autoritarios en la región”

A la fecha el Gobierno del Presidente López Obrador no ha dado una postura respecto a dicho diagnóstico, que seguramente calificará como parte de una campaña en su contra orquestado por sus enemigos políticos y que lo único que busca es contradecir su postura en relación a la actuación de los integrantes del Poder Judicial Federal en determinados juicios por su forma de resolverlos al liberar delincuentes.

Es importante destacar en otro de los puntos del Diagnóstico, donde identifica tres principios vulnerados: el respeto de las instituciones de gobierno hacia la independencia de la judicatura; el ejercicio de la función judicial basada en la ley y no en presiones externas y los intentos por politizar la justicia.

Sin Embargo, la postura del Presidente sobre la función judicial no es nueva, toda vez que, al no controlarla, considera que es un obstáculo para sacar adelante sus reformas legislativas, que generalmente cuentan con la aprobación de las dos Cámaras de Diputados y Senadores donde conserva la mayoría relativa y que se encuentran sometidos a su control absoluto a través de Morena y sus partidos aliados; por ello es de suma importancia golpear a dicho Poder, aunque ello signifique poner en riesgo la impartición de justicia y la atención a las demandas ciudadanas; es decir, no le preocupa se cumpla con esta función del Estado, sino lograr la total subordinación de los juzgadores a los intereses del gobierno y que no se cuestionen sus decisiones, porque no tolera los contrapesos.

De persistir dicha actitud, en México sólo tendremos Ministros, Magistrados, juezas y jueces de consigna, que para conservar su puesto deberán obedecer al Presidente y a los gobernadores, dejando de lado el estado de derecho y la aplicación de la ley, convirtiendo los tribunales como las Cámaras en mesas de trámite para resolver a favor de los gobernantes en turno los asuntos.

                                   *Director fundador del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.