La política criminal de abrazos, no balazos, ha terminado. Eso es una buena noticia. 

No hay duda de que el Estado golpea a organizaciones criminales.

Pero falta desmantelar el escudo de protección que protege al crimen y promueve la impunidad. Esa es, ni dudarlo, no una decisión policiaca, sino política.

Complejo dilema, que puede trastocar la frágil gobernabilidad que sostiene la convivencia en la república y hacer implosionar al partido en el poder.

Los datos no dejan lugar a dudas: en las últimas semanas se han decomisado alrededor de 48 millones de litros de huachicol. Mover esas cantidades por toda la república requiere de una logística, equipo, personal, almacenes y empresas que operen la importación, distribución y venta.

Y también una dura conexión con el Estado para protegerla.

La red institucional de protección lo abarca todo: puertos, aduanas, carreteras, refinerías, ductos, gasolineras.

Nadie ve nada.

El número de detenidos no corresponde a la magnitud de la empresa de contrabando y venta de combustible ilegal.

Los detenidos han sido pocos, de bajo nivel, y ninguno que haya sido autoridad.

Por esa sólida amalgama, Estados Unidos impuso un arancel del 30% a nuestras exportaciones. 

La presidenta tiene una decisión difícil en sus manos. O cercena las redes de complicidad de los suyos o enfrentará una larga agonía sexenal. 

Tocar los intereses de su partido puede llevar a la desestabilización y al desmoronamiento interno. No hacerlo, a la bancarrota nacional y al desprestigio mundial.

La aplicación de la ley no puede circunscribirse a hacer decomisos.

Ya sabemos el crimen. Falta el castigo.

X | @fvazquezrig