El anuncio del pasado 4 de julio de la reforma electoral, por la presidenta, Claudia Sheinbaum para ser discutida en el siguiente   período ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, que arrancará el uno de septiembre, sigue al píe de la letra, las instrucciones que dejó el expresidente AMLO, desde el 5 de febrero de 2024, cuando anunció el paquete de reformas constitucionales, que vinieron a transformar y a desaparecer instituciones del sistema jurídico mexicano, resultado de la lucha de los partidos de la izquierda mexicana, para conseguir espacios en el poder legislativo y democratizar al país y que continuarán como parte del proyecto del denominado segundo piso de la cuarta transformación, cuyas consecuencias ya estamos viviendo los ciudadanos, como lo fue la desaparición de los denominados organismos autónomos y la cuestionada elección de los integrantes del poder judicial el pasado primero de junio.

Los argumentos para justificar la reforma en materia electoral del oficialismo dan lugar a un análisis de lo que se busca en el fondo y a quién realmente se pretende beneficiar o perjudicar con los cambios propuestos.

Quizás para muchos mexicanos, el INE con sus pros y sus contras, vendría siendo el último reducto de la incipiente democracia mexicana, porque después de la reforma electoral de 1997, vivió momentos trascendentales para la vida de nuestro país, como el primero gobierno de alternancia en el año 2000 con el triunfo de Vicente Fox Quezada, como el primer presidente distinto del partido de estado que nos gobernó durante más de 70 años; después en 2006, quizás haya sido su prueba más difícil  al reconocer el triunfo de Felipe Calderón como presidente, sobre AMLO por lo cerrado de la votación, ocurriendo lo mismo en 2012 cuando obtuvo la presidencia el PRI con Enrique Peña Nieto, sobre López Obrador.

Posteriormente, en 2018 el INE valido el proceso electoral donde por vez primera un presidente de la izquierda obtuvo el triunfo en forma contundente en las elecciones, a pesar de las críticas y cuestionamientos que los partidos de oposición hicieron en contra del organismo.

Finalmente en las elecciones de 2024, el INE estuvo a la altura de las circunstancias, organizando el proceso electoral donde por vez primera en México, una mujer llegó para ocupar la presidencia de la República, pero las críticas hacia el organismo vinieron ahora de los que actualmente representan a la oposición al oficialismo como lo son el PRI, PAN y MC, que cuestionaron la sobrerrepresentación en ambas cámaras que el INE otorgó a la alianza ganadora conformada por MORENA, PVEM y PT y que les permitió contar con una mayoría calificada suficiente para aprobar las reformas constitucionales y de leyes secundarias de acuerdo a los deseos del poder ejecutivo.

La elección de los ministros, ministras, magistrados, magistradas, jueces y juezas organizada por el INE en este año, sin contar con un presupuesto suficiente, sin personal para cubrir todo el territorio del país, con evidentes fallas en la seleccion de las candidaturas por el poder legislativo y ejecutivo, así como la intromisión de funcionarios de gobierno de los tres niveles en el proceso ,el uso escandaloso de los acordeones que finalmente llevaron al triunfo casualmente a los candidatos y candidatas propuestos por el oficialismo, con una baja participación ciudadana el día de las votaciones con un porcentaje de apenas el 13% del padrón electoral nacional, sólo dejó satisfecho al oficialismo que por todos los medios ha pretendido calificar el proceso como un éxito por ser México el primer país del mundo que elige a sus  Ministros, Magistrado y Jueces.

Si sumamos las críticas y descalificaciones al proceso, emitidas por los observadores electorales de la OEA, realmente el INE terminó siendo el chivo expiatorio de las pifias e ilegalidades que se dieron en las elecciones.

Uno de los argumentos de mayor peso contra el INE, es el alto costo que tiene para el país, por el presupuesto que tiene asignado, con sueldos elevados, procesos en la organización muy caros, descalificando su existencia, como un organismo que nos sale muy caro su sostenimiento a los mexicanos y que no ha aplicado la austeridad republicana como lo estableció AMLO; dicho argumento carece de sustento, si revisamos el gasto de los 7 mil millones de pesos que se asignaron por la Cámara de diputados al INE para  la elección de los integrantes del Poder Judicial, con una muy baja participación de los ciudadanos.

El tema de la eliminación de los legisladores plurinominales bajo el argumento de que “no  son una verdadera representación del pueblo” y porque muchos ciudadanos están en contra de dicha figura, olvidando que esta fue la vía para que pudieran acceder a estos cargos militantes de izquierda, cuando el PRI era el partido de estado, que tenía todo bajo su control. 

Ricardo Monreal presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, el pasado miércoles cuestionó la propuesta declarando que: existen alternativas con menor costo democrático como sería aplicar el mecanismo de primera minoría como lo propone la presidenta, se pronunció por formulas intermedias que conserven sus virtudes –pluralidad, inclusión, diversidad – y al mismo tiempo fortalezcan la rendición de cuentas, la cercanía territorial y la legitimidad democrática, proponiendo las listas semiabiertas y las listas abiertas.

Pero ayer (jueves) Monreal salió a declarar que respalda la propuesta de reforma electoral de la presidenta, reculando de sus anteriores declaraciones.

Otro aspecto que se ha manejado en el discurso del oficialismo como un elemento que el pueblo ve con buenos ojos, es la reducción del financiamiento a los partidos políticos.

Aunque hasta hoy no se ha conocido el proyecto de reforma en su texto final, es previsible que se apruebe en los términos que sea presentado por la presidenta y que, para las elecciones de 2027, desaparecido el INE, y los organismos electorales de los estados, las elecciones se realicen con nuevas reglas, para garantizar desde el órgano electoral la continuidad del proyecto de transformación, modificando el modelo de democracia y pluralismo que tuvimos los últimos años.

Como había anunciado, desde los días previos al ejercicio de consulta para la revocación de mandato del Presidente llevada a cabo el pasado diez de abril, López Obrador envió ésta semana a la Cámara de Diputados su proyecto de Reforma Electoral que modifica 18 artículos de la Constitución General de la República , aún a sabiendas de que actualmente  no cuenta con los votos de las dos terceras partes de los legisladores para lograr se apruebe y no tenga el mismo destino de la reforma eléctrica que al final fue rechazada, siendo la primera vez en la historia del presidencialismo mexicano en que una reforma constitucional no es aprobada al ejecutivo federal.

Para algunos analistas y críticos del Presidente, el hecho de presentar la iniciativa, representa un desafió al Congreso, porque es evidente que existe un malestar generalizado e indignación de los Partidos (PRI, PAN, PRD ) que integran la alianza “va por México”  y de Movimiento Ciudadano, en contra de AMLO, algunos de sus funcionarios, gobernadores y de los líderes de MORENA por el linchamiento mediático y los señalamientos hacia los diputados que votaron en contra de la reforma, de ser unos “traidores a la patria” y de estar a favor de los intereses de los capitales extranjeros, pidiendo incluso se les denuncie por la comisión de dicho delito y se les abra una carpeta de investigación en la Fiscalía General de la República para que en su momento se les aplique la pena correspondiente; lo que sería lo menos grave si tomamos en cuenta que viniendo estas acusaciones desde la conferencia mañanera de AMLO, se dio pauta a agresiones físicas y verbales en contra de los diputados en sus estados, cuyo desenlace podría ser fatal e indeseable para la vida democrática del país.

Otras voces, han señalado que el Presidente viene por la revancha y que tiene los elementos necesarios para doblar a la oposición y dividirla para alcanzar los votos que le den las dos terceras partes, ya sea por la buena en una eventual negociación política o por la mala, encarcelando a miembros prominentes o ex funcionarios de anteriores gobiernos emanados de dichos partidos y que ello les haga ver, que más les conviene dar su voto para que se apruebe la reforma electoral o podrían verse involucrados en varios escándalos ya sea por parte de ellos o sus familias, para restarles autoridad moral y al final doblegarlos ante el poder del Estado.

Pero, independientemente de la estrategia que ponga en práctica el Presidente y MORENA para lograr la aprobación de la reforma electoral, me parece importante y necesario analizar algunos de los puntos más importantes que incluye en su texto:

-Propuesta dedicada al INE cuya desaparición es inminente, con la creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consulta (INEC)

-Elección de Consejeros y Magistrados electorales, siendo postulados por los tres  poderes de la Unión el primer domingo de agosto.

-Desaparición de los OPLES y de los Tribunales Electorales locales y federalización de las elecciones.

-Eliminación de las diputaciones plurinominales y reducción del número de los legisladores federales y locales pasando la Cámara de Diputados a 300 diputaciones y la Cámara de Senadores a 96 senadurías.

-Cambio de modelo de elección de diputados, senadores y ayuntamientos para que estos sean elegidos mediante el sistema de representación pura, en donde el porcentaje de votos que obtenga un partido político, será el porcentaje de legisladores o miembros de ayuntamientos que tendrá.

- Reducción de los integrantes de los ayuntamientos en los Municipios, estableciendo un límite de hasta 9 regidurías de forma proporcional a la población de cada municipio.

-Eliminación del financiamiento público ordinario de partidos políticos nacionales y locales y conservación del financiamiento público para campañas electorales.

-Reconocimiento de la posibilidad de implementar el voto electrónico.

-Reducción al 33% de participación ciudadana para que la revocación de mandato sea vinculante.

-Modificar las excepciones para que se pueda difundir propaganda gubernamental.

-Creación de la legislación única en materia electoral, conjuntando toda la normatividad en materia electoral en un solo instrumento normativo.

La mayoría de estas modificaciones, en mi opinión buscan la centralización y el control total de los procesos electorales en el país y significan un retroceso en las conquistas electorales, que se habían logrado desde hace  casi cuatro décadas, cuando el Gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación controlaba las elecciones en el país, con los resultados que todos conocemos y que en su momento los partidos de oposición en los que militó López Obrador después de abandonar las filas del PRI lucharon por erradicarlas, para lograr espacios legislativos y cargos populares, sacrificando la vida de muchos de sus líderes de la izquierda y que nunca fueron esclarecidos, como ocurrió durante el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari.

El argumento de los grandes ahorros que tendrá el país en los procesos electorales de aprobarse estas reformas, pudiera ser uno de los aspectos positivos, si los recursos se canalizaran a atender los graves problemas que enfrenta el país; sin embargo los próximos meses seremos testigos de una de las batallas más importantes del Presidente contra la oposición y si es capaz de romper la alianza de partidos que es su mayor obstáculo para controlar de lleno el proceso electoral de 2024 para no correr el riesgo de que se derrumben los programas de la 4T.

                                                                  *Director general del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.