Sin el ánimo de ser alarmista, ni mal pensado, me puse a analizar cuáles fueron los mensajes y señales que el Presidente López Obrador dio a los Gobernadores de los Estados en la reunión que se llevó a cabo con ellos en Palacio Nacional el pasado 23 de marzo  para suscribir lo que algunos medios denominaron como el “pacto democrático” , aunque la versión oficial de la Presidencia es que se trató del “Acuerdo Nacional por la Democracia”, evento al cual asistieron por parte del Gobierno federal, además del Presidente, la Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, el fiscal General de la República Alejandro Gertz Manero, la Gobernadora de Sonora y  Presidenta de la CONAGO  Claudia Pavlovich, la mayoría de los Gobernadores del país y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, con la ausencia de los Gobernadores de Jalisco y Sinaloa.

Dicho evento, fue convocado por el Presidente con el objetivo de garantizar elecciones libres el próximo seis de junio y evitar el uso de recursos o programas públicos para beneficiar a candidatos a los diferentes cargos a elegir, pero además el Presidente hizo énfasis en que por las reformas legislativas impulsadas por su Gobierno los delitos electorales ahora se consideran graves y ello puede dar lugar a sanciones privativas de la libertad, entre otras.

Algunos gobernadores consideraron innecesaria la firma del Acuerdo, debido a que la misma Constitución General de la República y las leyes electorales los obligan a no intervenir en los procesos electorales y a garantizar el libre ejercicio del voto; sin embargo acudieron al evento para demostrar que están de acuerdo en que se respeten las reglas del proceso y se den las condiciones para unas elecciones donde prive la civilidad y confiabilidad de los resultados.

El gran ausente de la reunión fue el árbitro de la contienda el Instituto Nacional Electoral, que se ha convertido en uno de los organismos autónomos más incomodos para el Presidente, por corregirle la plana o por tomar decisiones en las que la mayoría de las veces no está de acuerdo, siendo dos de sus integrantes los más cuestionados por López Obrador, el Consejero Presidente Lorenzo Córdova Vianello y el Consejero Ciro Murayama Rendón  cuya destitución ha sido demandada por Morena y el PT con motivo de la aprobación de las nuevas reglas para la distribución de curules de representación proporcional en la Cámara de Diputados, asunto que seguramente llegará al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que emita la resolución definitiva sobre dichas reglas.

La señal que dio el Presidente sobre la ausencia del INE, es de que no confía en el organismo, ni en sus integrantes, a quienes en forma frecuente en sus conferencias mañaneras desde su arribo a la presidencia, los ha criticado y denostado, acusándolos de ser cómplices de los fraudes electorales y de servir a la mafia del poder que gobernaba México, antes de su llegada.

Por otro lado, al manejarse como una reunión privada sin medios de comunicación y con un formato acordado, donde no se permitió el dialogo entre el Presidente y los gobernadores, habiendo tantos temas pendientes de abordar y que ameritan el trabajo conjunto de las autoridades, como la atención a la pandemia, la crisis económica, los recortes presupuestales y el aumento de la inseguridad en el país, quedó la sensación de que la única agenda importante para el Gobierno es la que fija el Presidente todos los días desde Palacio Nacional y que los demás asuntos, pueden esperar.

El trato que se les dio a los Gobernadores, fue el de subordinados y de segunda, sin considerar que también fueron electos democráticamente y que representan a los millones de mexicanos que vivimos en los estados del país. Desde mi punto de vista el evento sirvió para hacerles sentir la autoridad y la fuerza del Gobierno desde el centro y que se vigilará su actuar en las elecciones, para evitar se recurra a las prácticas del pasado y a la tentación de hacer ganar a los candidatos de sus partidos. Pero sobre todo y ante todo, que la mayor preocupación del Presidente es conservar la mayoría en la Cámara de Diputados de su partido y sus aliados, que le permitan continuar con el presupuesto que se requiere para sus programas sociales y proyectos.

Queda muy claro, que la presencia del Fiscal General de la República y del Fiscal de Delitos Electorales, dejó entrever que se vigilará en forma muy estricta el actuar de los Gobernadores y sus funcionarios y que no se permitirán los abusos del pasado y más aún que de cada Gobernador se cuenta con información suficiente para abrirles una carpeta de investigación o fincarles alguna responsabilidad si deciden intervenir en el proceso electoral y romper el acuerdo.

El mensaje fue muy preciso: Hoy las reglas son distintas y no se permitirá a los Gobernadores usar su poder y recursos para tratar de violentar la decisión de los ciudadanos al emitir su voto y que de nueva cuenta se cometan fraudes electorales que tanto daño han hecho al país y a nuestra cuestionada democracia. Aquí la pregunta es, ¿si dichas reglas se aplicarán por igual a los gobernadores que llegaron al cargo por MORENA?, o¿ sólo a los de la oposición que están de lado de la alianza de los Partidos PRI, PAN Y PRD que han apostado por quitarle la mayoría al Partido del Presidente en la Cámara de Diputados?. Pero además si¿ habrá algún organismo o instancia que pueda impedir que López Obrador siga con su activismo político apoyando a los candidatos de su partido? Se aceptan apuestas¡¡

*Director general del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.