El 13 de noviembre de 2018 el senador Ricardo Monreal Ávila del grupo parlamentario de MORENA, presentó una iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana.

La iniciativa tiene como objetivo establecer las bases para la instrumentación de acciones y programas que las dependencias de la administración pública federal deberán implementar de acuerdo con sus atribuciones para fomentar la confianza ciudadana, otorgando beneficios y facilidades administrativas relacionadas con la actividad económica que desempeñan las personas físicas y morales.

La iniciativa parte de las siguientes premisas:

1.-Construir un eje primordial para el Estado que le permita el desarrollo de políticas públicas para disminuir la corrupción, favorecer el desarrollo económico, crear un ambiente favorable para el crecimiento de los negocios, fomentar la creación de empleos, otorgar certidumbre jurídica para aquellas personas físicas o morales que desempeñan alguna actividad mercantil y, para materializarlas se hace necesaria la creación de dicha ley.

2.-La ley tiene un enfoque humano, social y económico, ya que promueve la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas y viceversa, pasando de la fiscalización a un sistema fundado en la buena fe, reconociendo a quienes invierten en el país, se comprometen con su desarrollo , cumplen con sus obligaciones regulatorias y fiscales a través de la recepción de beneficios y facilidades administrativas para que puedan ejercer de manera óptima sus actividades económicas con trámites administrativos simplificados , lo que además fomenta una cultura de la legalidad , el cumplimiento de obligaciones regulatorias y fiscales y a la vez, el crecimiento económico.

Un dato relevante a destacar, respecto al proyecto es el de países como Finlandia que tiene el más alto índice de confianza en la Unión Europea donde cuatro de cada cinco ciudadanos cree que puede confiar en sus compatriotas. La Teoría detrás de estos altos índices de confianza es que “la prosperidad económica y las percepciones de equidad dentro de la sociedad han impulsado la confianza en los finlandeses”, quienes tienen en alta estima a sus instituciones públicas incluyendo los sistemas judiciales y de salud y la policía.

Sobre la aprobación del dictamen de dicha Ley realizada por la Cámara de Diputados el pasado jueves 27 de junio, se han pronunciado diversos analistas como Julio Valera, señalando que “…podría ser el primer esfuerzo legal para abatir, de forma estructural, el fenómeno de la corrupción en México.”

Otro de los aspectos que deben considerarse en la aprobación de la iniciativa es, si con ello se dará fin a la “inspeccionitis” en nuestro país.

Una de las críticas que también se han hecho, se refiere al artículo 1 de la ley en la que en su párrafo final se establece: “Lo dispuesto en esta ley no será aplicable tratándose de las materias fiscal y aduanera.” Omitiendo otras materias como son las fito y zoo sanitarias y las relacionadas con salud, ya que algunos piensan que esta ley supone eliminar las inspecciones y la obligada certificación en los sectores agropecuario y de salud que deben realizar autoridades como la Cofepris y el Senasica, lo que podría dar lugar a poner a nuestro país en un riesgo sanitario, Por lo que se sugiere es que se agreguen también estas cuestiones de sanidad agropecuaria y de salud al texto del artículo 1 de la ley.

La idea de impulsar este tipo de iniciativas, es que después se extiendan a los niveles de gobiernos estatales y Municipales, en los que en su gran mayoría el excesivo número de trámites y requerimientos de las autoridades para obtener un permiso, autorización o licencia, pasan por todo un andamiaje, en que lo que se pretende es, más que cumplir con la normatividad, el crear espacios para la corrupción y enriquecimiento de los funcionarios en todos esos niveles. Situación que no ocurre con empresas extranjeras que se instalan en México, quienes reciben un trato privilegiado y se les otorgan todo tipo de facilidades y condonaciones para instalarse y en casos específicos hasta subsidios y apoyos económicos para que no se vayan del país, por ejemplo en la planta armadora alemana AUDI instalada en el Municipio de San José Chiapa en el Estado de Puebla, cuyos beneficios le fueron garantizados por el Gobierno del entonces gobernador Rafael Moreno Valle hasta por treinta años, trato que de ninguna manera recibiría un empresario mexicano.