El tema de la reforma eléctrica, efectivamente es de seguridad nacional, imprescindible es que el Estado esté a cargo de dicha labor. Continuamente se han realizado foros en los que se han expuesto los análisis en defensa y en desacuerdo de la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Entre los puntos sobresalientes en desacuerdo están que: habría una insuficiencia de energía y el 50% del país podría quedarse sin luz, lo que conllevaría a un paro económico al impactar a la industria y comercio. También que el pago de indemnizaciones billonarias derivadas de la cancelación de contratos a la iniciativa privada y dicha deuda quedaría a cargo del pueblo, además, de la destrucción de la calificación crediticia del país y daño reputacional, entre otros puntos.

Por su parte, las voces que defienden la iniciativa propuesta por AMLO, plantean que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) generará como mínimo el 54% de la electricidad, y los privados el 46%, lo que busca garantizar seguridad energética, donde la CFE mantenga la misión de servicio social y con ello las tarifas de la luz se podrán mantener a un precio por debajo de la inflación. Asimismo, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) pasarían a ser parte de la Secretaría de Energía (SENER), con la finalidad de garantizar una planeación adecuada en el balance energético y eliminar un exceso de burocracia.  

A su vez, la CFE, que  tiene 191 centrales de generación de energía, pero sólo opera el 55% promedio de su capacidad, de éstas, 69 son energías limpias, pero en contraparte, en el 2020, la CFE tuvo que comprar 90 terawatts/hora en el mercado eléctrico por 223,000 millones de pesos, y por tener el 45% de sus plantas fuera de operación, subutilizadas, no generó 215,000 millones de pesos más y estos se fueron a las empresas privadas como Iberdrola y Naturgy.

Por otro lado, el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) despacha primero la electricidad a quién oferta más barato, que por lo general siempre son los privados rotándose en grupos para mantener su prioridad, se ponen de acuerdo, sin embargo, al final del día, cuando estas empresas cierran la factura, a todos se les paga por igual el precio más alto, lo que se convierte en un robo en despoblado.

Aunado a lo anterior, hay que destacar el hecho que gran parte de estos proyectos fueron financiados por la Banca de Desarrollo de México (BANCOMEXT) o Nacional Financiera (NAFIN), y el engaño estriba en que se nos hizo creer que eran inversiones y capital que se inyectaban al país y al contrario, se contrajo deuda.  De igual forma, se busca que la CFE deje de perder y de subsidiar a los dueños del capital privado, esto por 215.4 mil millones de pesos que deja de despachar en energía y otros 222.9 mil millones por la compra de electricidad a particulares. Además, evitar la concentración económica del mercado eléctrico en pocos grupos o empresas.

Por donde se vea, opino que el panorama es muy claro, evidentemente se busca que, el suministro de este servicio, sea a bajos costos, que todos gocemos de sus beneficios y que al final, se generen energías limpias, la cuestión es cómo lograr esto. La rectoría del Estado en esta situación es relevante, pues cumpliría con su principal objetivo de existencia: procurar a la colectividad y tal postulado, choca con el libre mercado, donde sea éste quien rija los vaivenes de la nación con la demanda y la oferta. Los ejemplos de los apagones en Texas, Estados Unidos y de cómo las familias sufrieron en pleno invierno de frío al carecer de calefacción, nos debería poner en alerta y dar la razón al presidente en la reforma propuesta, pues quien quiere no seguir en este plano terrenal, sólo porque no se puede encender un foco.