Con gran ejemplo de civilidad, congruencia, honestidad, empatía, responsabilidad y sin vandalismo, los estudiantes en Puebla, organizados y en orden, con un mismo objetivo y con sentido crítico, por cierto, perdido hace algunas generaciones, salieron a las calles en una multitudinaria marcha en la que exigieron a las autoridades acciones para frenar la violencia en la entidad y el esclarecimiento del asesinato de tres estudiantes y un conductor de Uber en Huejotzingo, ocurrido hace casi una semana. Incluso, ante la inseguridad latente en la entidad exigieron pronta solución y hasta la renuncia del Gobernador al llegar a su encuentro en Casa Aguayo.

Dicho movimiento, nace de la conciencia universitaria y de la crítica sustentada en la cotidiana desconfianza a la autoridad y la percepción de un Estado rebasado por la criminalidad.

De acuerdo a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en su artículo 2, se tiene especificado que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, no obstante, ante los más recientes sucesos motivos de la protesta, el gobierno de Puebla ha llegado a un acuerdo con los integrantes de la Asamblea Universitaria 25-02 para la creación de una Fiscalía Especializada de Atención a Comunidades Universitarias; de un comité de seguimiento y evaluación de políticas públicas en materia de seguridad, al concluir la mesa de diálogo para construir el Plan Estratégico Integral  de Seguridad que se realizó en Casa Aguayo. También, se hizo la promesa de mejorar el sistema de seguridad en las unidades de transporte público con la instalación de botones de alerta, así como incrementar con 2 mil elementos más la fuerza de 3 mil 500 elementos que ya se tienen, la lectura hasta el día de hoy es que la autoridad ha perdido credibilidad.

Aunado a lo anterior, ni siquiera el Congreso del estado ha emitido pronunciamiento alguno, pues las Comisión General de Procuración y Administración de Justicia o la Comisión de Seguridad Pública no han salido a la palestra a pedir cuentas a los encargados de las áreas de procuración de justicia.

Ahora, con este segmento de la sociedad, pensante y con instrucción académica, debe aprovecharse su empoderamiento, pues la creación de fiscalías no prometen ser la solución a la inseguridad. En efecto, a lo largo de la historia han surgido dichas entidades derivadas de sucesos graves como los feminicidios, el asesinato de Colosio que no han aportado de fondo soluciones inmediatas.

Si como sociedad queremos un cambio, tenemos que cambiar, que hacer nuestra aportación responsable, puesto que las leyes y los aparatos de gobierno nunca serán suficientes si la falta de valores persiste como una pandemia. Por lo pronto, parafraseando a Edgardo Buscaglia, no son solamente los homicidios, el tráfico de drogas, el de armas y municiones, el de recursos naturales y el de seres humanos los delitos que tienen efectos desastrosos y a menudo letales para miles o millones de personas; también el fraude fiscal, la financiación ilegal de los partidos políticos, el soborno, la corrupción pública y privada, la malversación de fondos, el tráfico de influencias, el abuso de información privilegiada y un largo etcétera son conductas que permiten actuar libremente al crimen organizado con el altísimo nivel de complicidad e impunidad del que disfruta. Evidentemente, para conducir nuevamente al orden, es ineludible cumplir con la tarea compartida, esto es, se necesita, antes que nada, conciencia y participación activa de la sociedad civil, que sigue teniendo un lugar y una responsabilidad fundamentales en las sociedades democráticas, así como, fortalecer de nuevo al Estado y reclamar a los gobernantes electos que obedezcan a los intereses de sus electores, y no a los de sus financiadores.

Asimismo, hay que desmantelar primero al crimen organizado estatal y a su vez, al crimen organizado no estatal, y eso suponiendo que ambos no sean ya una misma cosa. Labor para nada sencilla.

Una solución inmediata para combatir la inseguridad, es seguir la ruta del dinero y secar las arcas de los delincuentes, identificar e inhibir los flujos financieros ilícitos. Las organizaciones criminales, por pequeñas que sean en su estructura, dependen de su sustentabilidad económica, en la medida que se desmantelen, se les debilitará; además de cambios tan sencillos como mejorar el alumbrado público para reducir la delincuencia y para muestra un botón, en Nueva York, en 2016, el uso de torres de luz de alta intensidad alrededor de algunos barrios de vivienda social redujo el crimen en por lo menos un 36%, considerando, entre otros, asesinatos, asaltos, hurtos de vehículos y robos.
 
A largo plazo, la solución será la prevención y la educación, así como, enfocar la atención de los niños y jóvenes en actividades extracurriculares.