Desde el año 2006 en que el entonces Presidente Felipe Calderón, ante la urgente necesidad de legitimarse en el cargo, después de una elección cuestionada donde siempre estará la sospecha de existió una confabulación del PRI y el PAN junto con los órganos electorales para arrebatar el triunfo a Andrés Manuel López Obrador , declaró la llamada “Guerra al Narcotráfico” el número de víctimas que perdieron la vida en los enfrentamientos entre el ejército, la marina y las policía federal con los cárteles y grupos de la delincuencia organizada y que en su momento Calderón calificó como “víctimas colaterales” es necesario reflexionar de que en las estadísticas de dichos crímenes se registra un número importante de menores y adolescentes que sin deberla, ni temerla cayeron abatidas en los operativos de las autoridades contra los delincuentes.

En el Informe Especial de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) denominado “Derechos de niñas, niños y adolescentes en México. Diagnóstico y propuestas para su protección y Garantía” publicado en noviembre de 2021 en el Capítulo V titulado “Derecho a una vida libre de violencia” en el apartado: Violencia en el contexto del crimen organizado, punto V.7 señala:

“En México la corrupción y la impunidad han permitido a organizaciones criminales desarrollar y establecer fuertes estructuras de poder que incluyen la participación de agentes privados, pero también estatales. Las circunstancias han dado lugar a la existencia de una grave crisis de derechos humanos caracterizada por una situación extrema de inseguridad y violencia, así como de graves violaciones, en especial desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura.

Ese contexto de inseguridad, violencia y crimen organizado ha tenido efectos particularmente graves en niñas, niños y adolescentes situándolos en condiciones de gran vulnerabilidad. Hasta hace un par de años, en México se carecía de una política nacional para la atención y protección de personas menores de edad, que coordinara las estrategias en los tres niveles de gobierno .Sin embargo aunque se identifican avances tanto en el plano normativo como en el plano institucional las acciones aún son insuficientes considerando las dinámicas actuales de violencia y los altos niveles de victimización en el país.”

El Informe especial, al referirse al Reclutamiento forzado, señala que aunque no existen cifras precisas sobre el número de menores de 18 años reclutadas por el crimen organizado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estimó que la cifra ascendía por lo menos a 30 mil en el año 2015 , señala además que los Estados con mayor riesgo de reclutamiento son: Estado de México, Jalisco, Chiapas, Puebla, Guanajuato, Veracruz y Michoacán.

Aunque el Comité de los Derechos del Niño recomendó al Estado mexicano en 2015 tipificar como delito el reclutamiento de niños por grupos armados del crimen organizado, sólo tres Estados han atendido dicha recomendación: Chihuahua, Durango y Nuevo León.

En cuanto a Homicidios Dolosos, el Informe especial establece que el número de homicidios dolosos de menores de edad, ha tenido un incremento constante desde 2015 a la fecha, siendo el grupo de entre 15 a 19 años el que registra la cifra más preocupante, pasando de 1561 homicidios en 2015 a 2256 en 2018.

De acuerdo al INEGI entre 2009 y 2018 fallecieron 45,423 niñas y niños de cero a 14 años de edad por eventos accidentales o violentos.

En el rubro de la violencia letal del Estado en el combate al crimen organizado, el informe destaca que existe un incremento de la violencia en los entornos sociales de las familias, las comunidades y los entornos escolares donde se desarrollan los menores. En México mueren como consecuencia del uso letal de la fuerza por agentes estatales.

La Organización “Data Civica” ha realizado estimaciones, sobre el posible número de hijos, hijas de hombres y mujeres mayores de 12 años que han sido asesinados y que están registrados en el Censo Nacional de Población del INEGI 2020 concluyendo que la cifra podría oscilar entre  78,000 hasta 315,000.

Realmente el panorama y los números superan con mucho lo que la mayoría de los mexicanos podemos considerar como una situación no tan grave, pero resulta evidente que el estado mexicano, no ha implementado medidas y protocolos adecuados para atender esta deplorable situación, sino por el contrario, alienta las actividades de los grupos de la delincuencia organizada que continúan llevando a cabo el reclutamiento de menores a sus filas con la mayor impunidad, más aún si tomamos en cuenta que en los estados donde existe un control de los carteles no se ha legislado como un delito grave el reclutamiento de menores para llevar a cabo actos delictivos, lo que significa que no forma parte de su agenda legislativa proteger y garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Así este informe de la CNDH seguirá el mismo destino que otros, guardado en los archivos de los órganos encargados de tomar medidas para solucionar los graves casos de violaciones a derechos humanos que existen lamentablemente en nuestro país.

                                                                *Director general del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.