Puebla se ha convertido en los últimos años en centro de violentos ajusticiamientos contra presuntos delincuentes, que igual son quemados vivos que golpeados hasta la muerte, sin recibir un juicio, pero sí una sentencia popular alimentada en ocasiones por rumores, que incluso han cobrado la vida de inocentes.

Puebla ocupa el nada honroso segundo lugar a nivel nacional en registrar mayor número de linchamientos con un total de 182 casos durante los últimos 29 años, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

El organismo informó que en el periodo comprendido entre 1988 a septiembre de 2017 se han suscitado 862 casos de justicia por propia mano en México, de los cuales, el 21.1 por ciento se cometieron en Puebla.

Los linchamientos son producto de la falta de acción de las autoridades encargadas de la seguridad pública y de una acusación popular, la cual puede ser cierta o falsa, en perjuicio de ciudadanos que en lugar de ser puestos a disposición de las autoridades, terminan siendo víctimas de gente sin escrúpulos que aprovecha la situación para exacerbar sus instintos de violencia amparados en él anonimato de una multitud descontrolada. La palabra LINCHAMIENTO proviene de una derivación del apellido del estadounidense Charles Lynch, “granjero del Estado de Virginia, famoso por las puniciones que infligía a los criminales durante la Guerra de Independencia de 1782. Lynch, que era juez, presidía una especie de tribunal irregular para mantener el orden en aquel período turbulento de la historia estadounidense” Esta práctica se ha extendido a lo largo del tiempo y en diferentes partes del planeta, por lo que la Real Academia Española (RAE) define el verbo linchar como “ejecutar sin proceso y tumultuariamente a un sospechoso o a un reo”. Lo que señala la generalización de esta práctica a través del tiempo y espacio.

Según el director general del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) Francisco Rivas Rodríguez “cuando hay un linchamiento es porque ya hubo una impunidad, los ciudadanos que toman la justicia por su propia mano desconfían de la justicia por parte del gobierno”. Por tanto, estos sucesos relajan una crisis social por la falta de paz y seguridad en la sociedad.

Algunos especialistas señalan la importancia de ir más allá que simplemente condenar estos sucesos violentos, al afirmar que rechazar decididamente la práctica de los linchamientos es indispensable, pero no resulta suficiente para evitar su repetición. Un dato salta a la vista: los linchamientos en México se han incrementado en las décadas recientes. Por lo que más que el uso de la fuerza es recomendable la acción social en comunidades donde existen estos riesgos o donde ya sucedieron, por lo que es importante reconocer y atender el daño y la fragmentación que permanecen en las comunidades después del acontecimiento de violencia, identificar el contexto y los efectos de las múltiples formas de violencias que ahí se padecen y, sobre todo, comprender que mientras la justicia del Estado continúe siendo excluyente y omisa, los linchamientos seguirán a la alza en todo el país.

Asimismo, parte de la preocupación relativa a los linchamientos son las lonas que los vecinos han instalado en las diferentes regiones del centro del país, en la que advierten a los delincuentes que en caso de ser detenidos no serán entregados a las autoridades, sino que serán linchados. Cabe destacar que los anuncios no tienen rúbrica ni membrete de alguna organización civil o vecinal y se encuentran colocados lo mismo en bardas de lotes baldíos que en las fachadas de casas y negocios. Por esto, continua el riesgo de impunidad de quienes realizan los linchamientos y no se descarta que pudieran volver a participar en un acto de este tipo, debido a que el anonimato cubre su identidad.

Tales situaciones suceden -de acuerdo con algunos investigadores- como un referente empírico de la violencia social a causa de la erosión de la autoridad y la creciente indignación de grupos que, desde la sociedad, encuentran en la acción colectiva violenta una forma de protestar, ante la inseguridad y la ineficiencia de las autoridades. Por tanto, un probable caso de linchamiento incide en las poblaciones en las que “la corrupción, la impunidad y la violencia han rebasado a las instituciones y cuerpos encargados del orden.

Es aquí donde también surgen unas interrogantes que para el sistema de justicia en México representan un gran problema: ¿cómo juzgar el hecho? y ¿a quién juzgar?, por lo que, al no contar con la certeza de la respuesta a estas cuestiones, difícilmente alguien resulta detenido.

Una solución plausible para disminuir el número de linchamientos en el país es bajar el porcentaje de impunidad en el país.

En el caso de Puebla es evidente (el incremento de linchamientos por impunidad), y tiene mucho que ver con el crecimiento de otros delitos como es el huachicoleo, pues es en la zona del huachicol donde hay crecimiento de los linchamientos. Hasta hace siete años, en dicha zona no había tantos casos de linchamientos y en los últimos cinco años se ha incrementado de manera sustancial.

Sin duda alguna, es en la sociedad en donde radica la legitimidad de las autoridades; cuando la sociedad actúa al margen de las instituciones es porque pone en duda su confianza en las mismas instituciones y sobre todo a quienes las tienen bajo su responsabilidad. De este modo, el poder colectivo de la sociedad pone en cuestión la legitimidad de instituciones, funcionarios y prácticas que socavan los principios mismos de la convivencia. La espiral de violencia que se vive actualmente en el país –con la pérdida de seguridad del patrimonio, la dignidad, la integridad e incluso la vida– coloca a individuos y grupos sociales en una situación de indefensión y agravio permanente que, a decir de Carlos Monsiváis, ha colmado la capacidad de asimilar el delito. Esto es, desde luego, causa de irritación social, que aunada a la desconfianza en las autoridades ha dado paso a la violencia de grupos indiferenciados que, abusando del anonimato que da el actuar en forma colectiva, desfogan la furia, antes contenida, bajo la forma de linchamientos, actos que llaman la atención de la opinión pública y de las autoridades judiciales y políticas, pero que sobre todo ponen el acento en la necesidad de lograr una justicia pronta y eficaz.

Así pues, mientras las condiciones de la injusticia prevalezcan y las autoridades encargadas de brindar seguridad pública no lo logren, es muy probable que estos casos de acción colectiva se sigan registrando con una mayor frecuencia, si no mayor intensidad, configurando una situación de incertidumbre que resumimos en la expresión que afirma que nuestra vida actual transcurre entre un cada vez más débil y deteriorado estado de Derecho y el espíritu de Fuenteovejuna.

Sin duda alguna, uno de los graves problemas que deberá atender el próximo gobierno estatal, es crear protocolos más efectivos de atención a los casos de linchamientos y que Puebla deje de ocupar el segundo lugar nacional en la comisión de estos deplorables actos de barbarie y crueldad.

*Director General del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.