Columna | P U L S O    P O L I T I C O

           El problema del pésimo sistema de justicia en Puebla, empieza en las agencias del Ministerio Público. En tiempos de Mario Marín, había poco más de quinientas entre agencias distritales y subalternas. En el gobierno de Moreno Valle, se redujeron a setenta.

            Las juntas auxiliares o los municipios pequeños, que son muchos, tenían que recurrir a las cabeceras de los distritos judiciales, para presentar alguna denuncia lo que además de costoso, resultaba inútil, porque el exceso de trabajo que se les acumulaba, hacía prácticamente imposible que se actuara en forma expedita, como señala la ley.

           Gilberto Higuera Bernal, el nuevo Fiscal General del Estado, dijo la semana pasada que había recibido una Fiscalía en ruinas. Demandó un presupuesto del uno por ciento del presupuesto general del estado, como es la aspiración de la mayor parte de las fiscalías del país.

            Su aspiración es la de aumentar el número de agentes del MP y de peritos para la investigación de los casos que se presentan.

             Actualmente los agentes del MP, tienen horarios fuera de lo normal y por consiguiente, dañinos para la salud y nocivos para la eficiencia de los órganos encargados de la procuración de justicia. Todos están sometidos a un horario de 24 por 24. Es decir, 24 horas de trabajo ininterrumpido por 24 horas de descanso.

                Si se tiene en cuenta que los seres humanos se han regido siempre en su jornada diaria, considerada natural, de ocho horas de trabajo, por ocho horas de descanso para realizar actividades personales o familiares y ocho horas de sueño, se verá que el actual sistema es antinatural y perjudicial para la salud de los trabajadores de esas dependencias.

                  No es de extrañar pues, que la justicia en Puebla funcione mal, haya tantos problemas y tanta inconformidad ciudadana, pues eso tiene repercusiones en los juzgados, a quienes se redujo personal y presupuesto, lo que provoca sobrecarga de trabajo y esa sobrecarga, provoca estrés en quienes trabajan en los juzgados.

                 El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Héctor Sánchez Sánchez, también se quejó del bajo presupuesto que se asigna a un renglón tan importante de cualquier gobierno y tan necesario ahora, tal vez como nunca antes. Pero para cubrir esa necesidad, con eficiencia y honestidad, se requiere que ambas dependencias: la Fiscalía y el Tribunal Superior de Justicia, cuenten con los recursos humanos y materiales para cumplir su función a cabalidad.

                Todos los esfuerzos que las nuevas autoridades municipales han dicho que harán, para reducir la inseguridad y la impunidad, quedarán como promesas y no como realidades, si no se resuelven los problemas de la Fiscalía y del Sistema Judicial del Estado.

                Los ayuntamientos pueden, mejor dicho, deben, poner la mayor atención ahora, a los problemas de delincuencia que existen en casi todas las demarcaciones municipales, grandes y pequeñas, pues esa ha sido la principal demanda de los ciudadanos, agobiados por la inseguridad.

               Pueblos de Chihuahua, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, etc., han sufrido ese flagelo desde hace algún tiempo y Puebla ya los está alcanzando por el número de delitos graves que aquí se cometen. La inseguridad y la impunidad que la propicia, han provocado el derrumbe económico de ciudades y pueblos, así como la emigración a otras entidades. Hay que parar eso lo más pronto posible y para ello se requiere hacer eficiente, pronta y expedita la procuración e impartición de justicia. Sin eso no habrá progreso posible.

               Los tres municipios más fuertes económicamente hablando: Puebla, Tehuacán y San Andrés Cholula, tienen ayuntamiento surgido del partido Movimiento de Reconstrucción Nacional, Morena. Dos de ellos, Puebla y Tehuacán, tienen a mujeres como presidentes municipales y en Tehuacán, quien terminó su periodo fue una mujer surgida del PRI; en Puebla terminó un gobierno panista presidido por Luis Bank como presidente interino que sustituyó al actual gobernador Antonio Gali y en San Andrés Cholula, el ayuntamiento saliente fue del PAN y sus aliados.

                  El único diputado local priísta que ganó por mayoría, es militante del Movimiento Antorchista; el único diputado que ganó por mayoría una diputación federal en Puebla, es mujer y llega por la alianza PAN, PRD, MC, es decir, “por Puebla al Frente”.

                  Si las cosas no se recomponen en el PRI, en el corto tiempo, ese partido puede quedar como en Baja California, como en Guanajuato o como en Jalisco y Veracruz, muerto o en proceso de larga agonía.

                   En entrevista televisiva al nieto de Manuel Gómez Morín, aspirante a dirigir nacionalmente al partido que fundó su abuelo, el PAN, respondiendo a preguntas específicas dijo que entre Ricardo Anaya y Felipe Calderón, el que mayor daño le ha hecho al PAN, ha sido Anaya. ¿Qué le diría usted a Rafael Moreno Valle? Fue otra  pregunta y la respuesta fue: “Que ya deje en paz al PAN”.

Columna | Sin Límites

Poco se ha hablado del asunto. Los archivos de las hemerotecas ahí están. Un buen día de 2006, cuando pensaba emigrar a otro partido, el hoy gobernador panista Rafael Moreno Valle Rosas, apoyó al entonces gobernador el priísta Mario Marín Torres.

Moreno Valle Rosas, conocido por su acrónimo RaMoVa, en ese entonces fungía como Presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado de Puebla, nunca subía a la tribuna.

A mediados del mes de febrero del año 2006, el estado se sacudía por el escándalo Kamel-Cacho-Marín. De acuerdo al diario La Jornada de Oriente, los priístas cerraban filas en torno al mandatario porque los panistas demandaban la separación del cargo.

El diputado local entonces priísta Pericles Olivares, sostenía que de ser verdaderas las conversaciones, las grabaciones no servirían de prueba en un proceso legal. Pericles Olivares fungía como presidente de la Comisión de Gobernación.

Eduardo Rivera Pérez quien se desempeñaba como dirigente estatal del PAN, afirmaba que los priistas se tapaban el sol con un dedo, cubriéndose entre ellos. Otro panista, Humberto Aguilar Coronado, ex subsecretario de Gobernación federal, apoyaba la postura de pedir la renuncia o licencia de Mario Marín, porque no confiaba en su inocencia.

El diputado federal priísta José Luis Flores aseveraba que el PAN tenía metidas las manos en la filtración de las conversaciones telefónicas difundidas. El entonces Senador de la República panista Francisco Fraile García le reviraba a Flores, lo tachaba de equivocado y que se trataba de “fuego amigo”.

RUMORES DE LA SALIDA DEL PRI DE MORENO

Según la nota escrita por Martha Garrido Ortega en La Jornada de Oriente, el jueves 16 de febrero de 2006, todo el mundo político hizo declaraciones. Los coordinadores de las bancadas panista y perredista, Víctor León Castañeda y Rodolfo Huerta Espinosa, exigían que el Congreso del Estado  investigara hasta sus últimas consecuencias el caso Lydia Cacho y pedían la creación de una comisión especial.

Por esos días ya era un rumor generalizado la salida de Moreno Valle del PRI rumbo al PANAL. Desesperado, RaMoVa exigía al PRI que lo hicieran candidato al Senado de la República por que sus encuestas lo ponían como favorito.

Al mismo tiempo, en La Junta de Coordinación Política del Congreso de la Unión presentaba al pleno un exhorto al gobernador Mario Marín y a la Procuradora de Justicia, Blanca Laura Villeda, para que dejaran sus cargos. El punto de acuerdo fue aprobado por el PRD, el PT, el PAN y el Partido Convergencia.

Rodolfo Huerta Espinosa, diputado local del PRD, consideraba muy grave el caso y pedía crear una comisión investigadora para deslindar responsabilidades. Mencionaba que era una oportunidad para que el presidente de la Gran Comisión, Rafael Moreno Valle y del presidente de la Comisión de Gobernación, Pericles Olivares, --entonces priístas--  demostraran que en Puebla había estado de derecho y que existía una verdadera separación de poderes.

El coordinador panista en el Congreso, Víctor León Castañeda, consideraba lamentables las declaraciones de Marín donde se deslindaba de la grabación y de toda denuncia sobre el caso Cacho. El PAN lo consideraba como tráfico de influencias y consideraba pertinente crear la citada comisión.

EL DÍA QUE MORENO APOYÓ A MARÍN

Al día siguiente, Moreno Valle Rosas salió en defensa de Marín. El viernes 17 de febrero de 2006, el diario La Jornada de Oriente lo consigna. Es la misma reportera Martha Garrido Ortega la que da cuenta del hecho.

La sesión del Congreso tardó 10 horas. Se aprobó un punto de acuerdo donde se estableció que la Comisión de Gobernación investigaría si el gobernador Mario Marín Torres era responsable del delito de tráfico de influencias en el caso Kamel Nacif Borge y Lydia Cacho Ribeiro.

El apoyo de Moreno Valle a Marín consistió en varias cosas:

-Subió en forma inusitada a la tribuna para proponer que el caso Marín lo investigara la Comisión de Gobernación y no se creara una Comisión Especial Investigadora.

-La propuesta de Moreno fue aprobada por los priístas.

-No se estableció el plazo ni la forma en que dicho órgano realizaría las indagatorias.

-Los priístas se negaron a escuchar las propuestas de los legisladores de oposición.

LO QUE PASABA EN EL CONGRESO

Samuel Malpica y sus huestes entraban en forma violenta al Congreso con gritos y pancartas contra del gobernador Marín. Un grupo de priístas gritaba “Viva Marín”. Pericles Olivares era el presidente de la Mesa Directiva y de la Comisión de Gobernación.

La oposición se negó a hacer preguntas a dos secretarios del gabinete de Marín, citados para la glosa del informe de gobierno, a manera de protesta. Hubo empujones e intentos de golpear a vigilantes del Congreso.

Luego de la kilométrica sesión, se abordó el caso Marín-Kamel-Cacho. Los panistas proponían que Marín Torres y Villeda Martínez, se separaran de sus cargos a fin de permitir que las investigaciones que se iniciaran en su contra gozaran de objetividad.

Los perredistas demandaban que se integrara una Comisión Especial Investigadora sobre los hechos integrada por todos los partidos políticos.

Los diputados priístas eran liderados por Moreno Valle e interrumpían los discursos de los diputados de oposición. Pericles Olivares Flores y Héctor Alonso Granados en la tribuna defendían al gobernador.

El coordinador de la bancada panista, Víctor León Castañeda, ejemplificaba que en el  Congreso de la Unión existía una Comisión Especial para la investigación del caso.

De manera sorprendentemente, Moreno Valle Rosas subió a la tribuna donde proponía que se investigaría el caso, sin crear una nueva comisión pues ya existía una que podría hacerlo, la de Gobernación.

La mayoría de diputados del partido del gobernador en el Congreso local determinaban con 27 votos a favor que se aprobara la propuesta. Los 12 votos en contra fueron de todos los integrantes de la fracción panista, del perredista Rodolfo Huerta y el petista Mariano Hernández. Al final de la sesión de casi 10 horas, al fin de cuentas se imponía la mayoría priísta.

Fue el día en que Moreno Valle apoyó a Mario Marín, a sabiendas de que a los tres días el PRI.

En fin como dicen las coplas filosóficas de Francisco Márquez Delgado:

Más mata una mala lengua,
que las manos de un verdugo:
el verdugo mata a un hombre,
y una mala lengua a muchos.

¿Para qué tantos dineros?,
y... ¿para qué tantos bienes?
si al fin te vas de este mundo,
lo mismo que al mundo vienes.

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Aunque la figura del virrey desapareció desde la extinción de la Nueva España, en México, ha aparecido una figura similar, pues tienen todo un feudo a su disposición, donde hacen lo que les viene en gana, entidades endeudadas hasta la médula, actos de represión y censura, corrupción evidente, privilegios a familiares de forma descarada, gastos millonarios e innecesarios y demás linduras son las que a diario se ven por esta nueva clase de virreyes que ha surgido y se llaman Gobernadores.

En las últimas dos décadas, hemos escuchado bastante los nombres de Humberto Moreira, Mario Marín, Tomás Yarrington, Guillermo Padrés, Fidel Herrera, Arturo Montiel, Andrés Granier, Guillermo Cosío Vidaurri, y muchos nombres de una lista interminable de gobernadores que ha ido a prisión, han dejado deudas exorbitantes, o son buscados por la justicia por todo lo que presuntamente se llevaron. Pero la mayoría deja su gestión sin ningún tipo de consecuencias jurídicas, hasta presumiendo doctorados como Moreira, y otros viviendo lo lindo de la vida con castillos en Francia como Montiel.

Hoy en día la palestra de esta penosa estirpe de gobernadores pillos, la ocupan, el ilustre Roberto Borge, Cesar y Javier Duarte, gobernadores salientes de los estados de Quintana Roo, Chihuahua y Veracruz respectivamente, quienes destacan por su amplia construcción de actos revestidos de un alto nivel de corrupción y malos manejos.

Vera usted a los Duarte y a Borge se les persigue por lo siguiente: en Veracruz, a Javier por haber dejado una deuda que tan solo en su gobierno pasó de 9 mil 331 millones de pesos a casi 45 mil 776 millones. Por supuesto que este crecimiento estratosférico de la deuda es inversamente proporcional a los pésimos resultados para combatir la pobreza, la inequidad y la amplia restricción de libertades que hoy viven los veracruzanos.

Cesar, el otro Duarte, hizo crecer, en sólo 6 años, la deuda del estado de 12 mil 547 millones a 42 mil 176 millones de pesos. En Chihuahua la tasa de actos de corrupción por cada 100 mil habitantes es muy superior a la media nacional.

Mientras que en Quintana Roo la deuda prácticamente fue duplicada por el actual gobernador, acumulando al día de hoy más de 22 mil millones de pesos.

Otro que merece ser tomado en cuenta para el papel protagónico de gobernador virrey, y que sin embargo nadie ha señalado, es nuestro gobernador saliente, de quien bastaría echar un vistazo a los méritos realizados para poder ostentar tan digno papel.

Ya que, mediante sus famosos Proyectos de Prestación de Servicios (PPS), ha endeudado a Puebla por más de 30 mil millones de pesos, los cuales los poblanos los estaremos pagando durante los próximos treinta años.

Esperemos que la nueva Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las leyes de Coordinación Fiscal, General de Deuda Pública y General de Contabilidad Gubernamental, venga a representar una autentica regla de equilibrio presupuestal, moderando el endeudamiento de las entidades y reduciendo el costo del financiamiento para los gobiernos locales y no termine siendo utilizada como chantaje por la SHCP para alinear las políticas públicas de los estados con el gobierno federal, dando al traste con el de por sí débil sistema federal.

Y bueno, no podíamos dejar fuera de esta lista de virreyes, a dos auténticas figuras quienes por sus méritos forzosamente deben ser considerados para darles un lugar privilegiado entre esta estirpe y me refiero a Ángel Aguirre y Graco Ramírez, a quienes de sobra se les conocen su pillerías, el primero de ellos asumió la gubernatura de Guerrero bajo las siglas del PRD en abril de 2011 y se vio obligado a renunciar en octubre de 2014 debido a la presión por la desaparición de 43 estudiantes en Iguala, así como por el señalamiento de Sidronio Casarrubias Salgado, identificado como líder de la organización delictiva Guerreros Unidos, quien acusa al ex gobernador guerrerense de financiar su campaña política a través del apoyo del cártel de los Beltrán Leyva.

Además de ser considerado como un gobernador de mecha corta ya que durante sus gobiernos, ambos de tres años, (recordemos que ya había gobernado interinamente Guerrero a la salida de Rubén Figueroa Alcocer), se registraron varias muertes y una masacre, además que durante su gestión, fueron asesinados al menos 15 luchadores sociales, entre ellos el activista Arturo Hernández.

Por su parte Graco Ramírez, tiene a Morelos, sumido en la violencia y la inseguridad, mientras que las autoridades estatales oscilan entre la inacción y la ilegalidad, como se demostró en el caso de las fosas clandestinas de la Fiscalía General de Morelos en Tetelcingo. Donde se inhumaron clandestinamente más de 100 cuerpos, entre ellos los de tres niñas y dos o más personas que tenían reporte de desaparición.

Sin embrago, es menester señalar que los actos cometidos por todos los mencionados contaron con el aval y consentimiento de los diputados de los congresos de esas entidades federativas, disque de oposición, de los que luchan por el bienestar común de los ciudadanos, de esos que próximamente lo irán a visitar hasta la puerta de su casa para solicitarle el voto y jurarle que velarán por sus intereses.