Cuantas veces hemos visto películas donde hay agentes que ingresan a diversos países portando armas y comportándose como agentes de seguridad e investigación como si estuvieran en sus lugares de origen. Evidentemente, nuestro país no es la excepción, por decir un ejemplo, los agentes estadounidenses desde siempre han tomado a México como parte de su territorio, de hecho, no es un secreto que consideran su frontera se extiende hasta Panamá, pero, en fin, que el tema de esta columna ahora es que precisamente a los agentes extranjeros que operen en nuestro país ya no cuenten con inmunidad en caso de que cometan un delito.

En efecto, México reforzará el control sobre los agentes de seguridad extranjeros que operan en su territorio, como los miembros de la DEA y la CIA, tras la aprobación de una polémica reforma a la ley que regula su actuación, una normativa propuesta por AMLO y que es obvio ha desatado críticas desde Estados Unidos.

Los artículos agregados a la vigente Ley de Seguridad Nacional plantean, entre otras cosas, que las actividades de los agentes extranjeros se limiten a servir de enlace para el intercambio de información con autoridades mexicanas.

Además, estipulan que estos deberán informar a las autoridades locales de los hallazgos realizados durante sus funciones en el país, así como mantener la confidencialidad de la información que obtengan.

Tras los cambios, se elimina cualquier inmunidad en caso de que los agentes foráneos cometan actos ilícitos en México y se propuso la creación de un Grupo de Alto Nivel de Seguridad, encargado de la atención y gestión de los convenios de cooperación.

El objeto es regular las actividades que desarrollan los agentes de naciones extranjeras en México, con la finalidad de proteger nuestra soberanía. Ahora, la cuestión para algunos puede ser objetable, pero no olvidemos que tenemos antecedentes de operativos fallidos y que lo peor fue que contaron los la aprobación de gobiernos pasados, y como muestra un botón:

Una de las operaciones más polémicas, conocida como Rápido y Furioso, se llevó a cabo entre 2006 y 2011 cuando la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de Estados Unidos introdujo más de 2,000 armas con chip a México para vender a presuntos criminales y así identificarlos (vaya señuelo).

Sin embargo, ningún gran objetivo fue capturado y a la vez, dicho cometido no fue compartido con el gobierno mexicano. Para colmo, las armas llegaron a usarse en las muertes de un agente de la Patrulla Fronteriza estadounidense y otro de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

En otros cambios, también se incluyó prohibir a las agencias de seguridad aplicar o ejecutar leyes extranjeras en suelo mexicano. Además, no podrán realizar o inducir a terceras personas a realizar detenciones y allanar la propiedad privada. Asimismo, las reuniones que sostengan los miembros de seguridad internacionales con autoridades mexicanas deberán ser autorizadas con anterioridad por el Grupo de Alto Nivel de Seguridad y deberá estar presente un representante de la Cancillería. Por último, los agentes estarán obligados a presentar ante las secretarías de Relaciones Exteriores y de Seguridad un informe mensual de sus actividades en el país.

Si bien, hay diferentes agencias de varios países que operan en México, es evidente que el mensaje va dirigido a nuestro vecino de la frontera norte y sí les quedó el saco, pues han señalado que las reformas beneficiaran a las organizaciones criminales transnacionales, más bien creo molestó que se les quiera restar control, pues es bien sabido que la CIA es especialista en dar golpes de Estado, asesinatos políticos, desestabilización y chantaje de estas agencias contra los gobiernos que considera adversarios, hostiles o simplemente contrarios a sus intereses. Y viendo tal escenario, estamos ante una cuestión de seguridad nacional y reciprocidad, pues ¿para qué recopilan información los agentes extranjeros si no la van a compartir con las autoridades mexicanas?