• Se registraron 11 clausuras, una sanción y una reposición de sellos.

PUEBLA, Pue. - El ordenamiento comercial en la capital angelopolitana es permanente gracias a la implementación del operativo Escudo Puebla; como cada fin de semana, la Unidad de Normatividad y Regulación Comercial, en coordinación con la Secretaria de Seguridad Ciudadana, inspeccionaron un total de 20 establecimientos con venta de bebidas alcohólicas, a fin de verificar el cumplimiento con la norma que establece el municipio para su funcionamiento.

Derivado de esta acciones de supervisión, se realizó la clausura de 11 establecimientos, una sanción, una reposición de sellos, uno en periodo de regularización y cuatro sin actividad comercial.

Los establecimientos clausurados fueron: “Nachos Bar” en 7 Norte, Santa María; depósito de cerveza “Sodacan” en Josefa Ortiz de Domínguez, San Felipe Hueyotlipan; bar “Innominado” en avenida las Torres; restaurante bar “Micheldas San Cruditas” en Segundo Camino Real a San Jerónimo Caleras; "Micheladas El Zonata" en Ignacio Zaragoza, San  Cristóbal Tulcingo; “Michelukis” en  21 Poniente, Santa Cruz Los Ángeles; “Club Imperio Swinger”en 28 Oriente, 10 de Mayo; “Billar Azteca” en 109 Poniente, Loma Encantada; cafetería y fuente de sodas “Rehilete, Dulces Momentos” 3 Oriente, Centro; “El Microbito” en 6 Sur, Centro.

De igual manera fue clausurado el salón social Loma Bonita, ubicado en Calle Benito Juárez manzana 4 en Barrio de San Juan, San Francisco Totimehuacan, por realizar evento sin contar con los permisos correspondientes para su realización.

En tanto, “La Colecturia” ubicada en la 3 Oriente, Centro Historico, se encuentra en periodo de regularización. El restaurante bar “Animal” en Osa Mayor, Desarrollo Atlixcayotl, fue sancionado por falta de convenio de estacionamiento y contar con mesas de más. También, se efectuó una reposición de sellos en un bar innominado, ubicado en la 49 Poniente, Prados Agua Azul.

•    31 establecimientos inspeccionados, resultando 15 clausurados y dos sancionados.

PUEBLA, Pue. - Escudo Puebla continúa el ordenamiento comercial en la ciudad y Juntas Auxiliares, con la finalidad de que establecimientos de diferentes giros cumplan con a la norma establecida por el Municipio, por lo anterior, la Unidad de Normatividad y Regulación Comercial en conjunto de la Secretaria de Seguridad Ciudadana este fin de semana inspeccionaron 31 lugares, de los cuales 15 fueron clausurados, dos sancionados, uno con exhorto, siete sin actividad comercial, tres en orden y uno con suspensión de actividades.

Las clausuras fueron para: el taller “Transmisiones Franco”, y la agencia de autos seminuevos y usados en San Pablo Xochimehuacan; Innominado “Servicio Eléctrico Automático” en calzada Alfredo Toxqui; “Servicio Mecánico Automotriz” en andador 6 Poniente 68 B en Fuentes de San Aparicio; e Inominado “Taller Mecánico” en Valle de Guadalupe.
 
Respecto a las clausuras en centros de diversión nocturna se aplicaron a: “Bar Innominado” en Santa Cruz Buenavista; restaurante bar “Corazón de Brasil” en La Noria; “John Barrigón” en La Paz; alimentos con venta de cerveza en botella abierta “Brontos In” en Calzada Zavaleta; Cabaret “Don Guillen” en Camino Real a Cholula; y en Infonavit San Aparcio los establecimientos ”Alitas” y “El BBR me llama”; restaurante bar “Malibú” en Calzada Zavaleta; Micheladas “Mia” en Las Carmelitas; “Micheladas El Tigre” en Miguel Hidalgo.

Derivado de esta inspección se sancionó a: el "Bar Charly" en Reforma Sur , La Libertad y el bar “La dueña” en Avenida Juárez, ambos por falta de documentación respecto a bomberos.

Columna | SIN LÍMITES

*Urge la intervención del Presidente del Tribunal de Justicia

Los jueces, principalmente de la especialidad Mercantil, así como diligenciarios adscritos a esos juzgados, tienen complicidades con notarios públicos y despachos de cobranza que tratan de obtener beneficios ilícitos en viviendas hipotecadas desde hace más de tres décadas.

José Raúl Castillo, el quejoso, muestra datos y documentos de su caso cuando él y su esposa tenían una hipoteca en el antiguo Banco Serfin por 100 mil pesos, que al desparecer hace 29 años, que ahora está en manos de jueces mercantiles y quieren que pague 2 millones 800 mil pesos por la hipoteca liberada.

La siguiente es la trama judicial, de José Ramírez y al parecer de muchos otros antiguos clientes de la Banca Serfin:

-En 1993, José Raúl Castillo y su esposa solicitaron un préstamo hipotecario en el hoy extinto Banco Serfin por la cantidad de 100 mil pesos, los cuales utilizaron para cubrir el saldo de una nueva casa.
-Como garantía dejaron la propiedad ubicada en la 17 Sur 4511, Fraccionamiento Reforma Sur en Puebla Capital.
-Luego de la devaluación de ese año, la deuda se disparó a 240 mil pesos misma que debía ser pagada en Unidades de Inversión (UDIS) y la deuda se mantuvo en los registros contables del banco.   
-Banca Serfin desapareció en 2005 y fue adquirido por Banco Santander, pero la cartera vencida de la institución donde estaba el crédito de José Castillo, fue vendido a una firma de Guadalajara, llamada Macuilli Calpulli.
-La firma nunca exhibió el poder que la Comisión Nacional Bancaria y de Vaoles debió otorgarles para ser reconocidos como los legales tenedores de la cartera vencida y las negociaciones de pago se suspendieron.
-El mismo año, José Castillo recibió una invitación por parte del despacho de cobranza Gramercy, de la Capital del País y les informaron que eran los nuevos poseedores de la deuda luego celebrar una cesión onerosa con Macuilli Capulli.
-La propuesta consistía en un finiquito de 480 mil pesos, pero no exhibieron el poder de la CNBV para validar la deuda.
-Para 2005 ya habían transcurrido los 10 años que establece la ley de adeudos para declarar prescrito el pasivo.  
-En 2013 cuando José Castillo inició un proceso para el fin del adeudo, pero fue informado que su propiedad estaba en un litigio iniciado en el Juzgado Noveno de lo Civil, bajo el expediente 1002/2013, en el que le requerían un pago de 1 millón 600 mil pesos. No presentaron los documentos contables iniciales.
-Con las modificaciones que hubo en el sistema judicial, el expediente fue turnado al Juzgado Décimo Especializado en Materia Mercantil, que el 7 mayo de 2015 falló a favor de Gramercy y se ordenó un pago de 780 mil 192 pesos más los costos. La prontitud de la resolución obedeció a que estaba por finiquitar el tiempo para declarar prescrita la deuda.
- El 13 de febrero de 2020 el Juzgado Décimo Mercantil recibió la notificación de que José Tomás Hernández Pérez era el nuevo propietario de la cartera, la cual obtuvo mediante una cesión de derechos de crédito, de cobro, litigiosos y adjudicatarios.  
-El contrato entre Hernández Pérez y Gramercy quedó asentado en el instrumento 20,825, volumen 234, de la Notaría 56 en Puebla Capital.
-Desde ahí hubo nuevamente notificaciones y enredos, pero ahora el juzgado exige el pago de 2 millones 800 millones de pesos, según la sentencia del 12 de marzo de 2021.  

Hasta aquí la parte fundamental de la historia de José Castillo, quien resume su queja en los siguientes párrafos:

-Autoridades judiciales han validado la cesión de la cartera vencida entre particulares sin que exista una autorización por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
-Existe un juicio mercantil en su contra y sentencia condenatoria, sin notificación de por medio.
-Se presentó una denuncia penal en contra de Alba María Romano Hernández ante la Fiscalía Estatal de Combate a la Corrupción, asentada en la carpeta de investigación 994/2020/FECC, por delitos contra la administración de justicia.
-La Jueza Décima especializada en Materia Mercantil Alba María Romano Hernández fue removida del cargo y enviada al Juzgado Civil de Izúcar de Matamoros. La actual titular, Emma Mónica Garibay Hernández, se ha negado a revisar el expediente pese a las evidencias entregadas.
-El Magistrado Joel Sánchez Roldán, del Consejo de la Judicatura, tiene una queja de mayo de 2021 en contra de la jueza Romano Hernández. A la fecha no existe respuesta.
-En la misma queja se incluyó al diligenciario José Ramón Mora, quien habría simulado la notificación del juicio en perjuicio del demandado.

Luego de tantas anomalías, Castillo recurrió a la justicia federal para echar abajo todas las actuaciones irregulares cometidas en el proceso, el cual quedó radicado con el número 595/2021-VII-A.  

De manera sorpresiva, Raúl Castillo y Tomás Hernández son informados que la nueva titular del Juzgado Décimo Mercantil era Emma Mónica Garibay Hernández. Durante todo 2021, el procedimiento judicial continuó y fue acompañado de una denuncia penal en contra de la jueza Alba María Romano Hernández.

El 9 de febrero de 2022, Castillo consigue una sentencia interlocutoria en la que se declara procedente el incidente de nulidad de actuaciones, es decir, que nunca fue notificado oficialmente y todo fue una simulación. La resolución ordena, además, dejar sin efecto todas las acciones posteriores, entre ella la sentencia del 8 de abril de 2021 que lo obligaba a pagar los 2.8 millones.  

El asunto todavía está en el Consejo de la Judicatura. Alguien tiene que ser sancionado. Se adjuntan documentos presentados por José Castillo.

Como decía una antigua serie de televisión, es una de los millones de historias en Puebla Capital.

En fin, como escribió Jaime Torres Bodet (México, 1902-1974), en su poema Continuidad:

Tu voluntad escoge entre mis penas.
Y, sin leyes, sin frases, sin cadenas,
eres tú quien, si caigo, me perdonas,
si me traiciono, tú quien te condenas...
Y tú quién, si te olvido, me abandonas.

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