Quien creería que a pesar de la contingencia que vive en el mundo, en el caso de México la violencia no daría tregua. Hasta los conductores del transporte público llegaron a comentar que ya ni los rateros se subían a las unidades porque ya no había a quien asaltar, pero evidentemente las modalidades para delinquir cambian, incluso a lo anterior se añade la violencia al interior de los hogares por el confinamiento agravando los conflictos familiares por una parte, y por la otra, la falta de trabajo y de ingresos para cubrir las necesidades básicas para subsistir.

De acuerdo con los resultados del vigésimo séptimo levantamiento de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), realizada por el INEGI en la primera quincena de marzo de 2020, durante ese mes 73.4% de la población de 18 años y más consideró que vivir en su ciudad es inseguro.

En lo referente a la percepción de inseguridad en espacios físicos específicos, en marzo de 2020, 80.8% de la población manifestó sentirse insegura en los cajeros automáticos localizados en la vía pública, 73.5% en el transporte público, 67.4% en el banco y 64.7% en las calles que habitualmente usa.

La sensación de inseguridad por temor al delito y las expectativas que tiene la población sobre la seguridad pública se generan por la influencia de diversos factores, como ser testigos de conductas delictivas o antisociales que ocurren en el entorno donde se desenvuelve. Por otra parte, el temor al delito puede hacer cambiar las rutinas o hábitos de la colectividad, así como la percepción que se tiene sobre el desempeño de los órganos de seguridad pública, que no les generan ninguna confianza.

Sin embargo, siempre he insistido en el papel que guarda la población en temas tan delicados como éste, la descomposición familiar, el nulo interés por el prójimo y la carencia de empatía es lo que nos tiene en este punto de quiebre donde esquivamos nuestra responsabilidad como ciudadanos, como individuos, como parte del núcleo familiar o simplemente como progenitores. Y para muestra un botón.

Tenemos en puerta este escenario: millones de personas alrededor del mundo tienen que permanecer confinadas en sus casas para combatir el brote de coronavirus. Sin embargo, para muchas personas su propio hogar no es un lugar seguro. Este confinamiento también está dejando en evidencia otra realidad, la de las mujeres que sufren violencia de género y durante estos días tienen que estar encerradas con su agresor.

Y el caso merece tanta observación que incluso recientemente la ONU externó su preocupación precisamente por el aumento de la violencia contra las féminas, tanto adultas como menores, tras el impacto de la pandemia. Solicita dicho organismo internacional que se fortalezcan las medidas de prevención, atención y protección a víctimas de violencia, así como la aplicación de sanciones a los victimarios. No obstante, hay que dejar bien señalado que esta labor no sólo compete a los tres niveles de gobierno, sino a organizaciones de la sociedad civil, al sector privado, incluyendo a los partidos y organismos internacionales, ante tantas instancias para acudir, únicamente falta la voluntad de cambiar el panorama, por ejemplo, del asesinato diario de diez mujeres en promedio, puesto que muchos de ellos pasan en completa impunidad, además de la acumulación de delitos de violencia, acoso, hostigamiento y discriminación en su contra.

El panorama anterior, deja claro que ni la pandemia, ni las medidas de confinamiento han frenado la ola delictiva en el país; pero lo más preocupante es el vaticinio de varios expertos en seguridad pública, de que “lo peor, está por venir” ya que al regresar a la mal llamada “normalidad”. por la falta de empleos, pobreza y hambruna que ya se vive en varias partes del país, el índice de delitos crecerá de manera alarmante y la percepción de inseguridad puede llegar a niveles nunca antes vistos en el país.

Es momento de que los tres órdenes del gobierno del país, analicen la situación y en forma emergente trabajan en alternativas para reactivar la economía y crear nuevas fuentes de empleo, ya que de no hacerlo la crisis y desesperación de los grupos en pobreza extrema, nos puede llevar a niveles, sólo comparables a países como Venezuela, Honduras, el Salvador y Guatemala. Es momento de actuar.