PUEBLA, Pue. - La Presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN Puebla, Genoveva Huerta Villegas hizo un llamado a los servidores públicos municipales a no ser cómplices de la malversación de recursos ni prestarse a la corrupción, esto luego de las recientes denuncias en las sesiones de cabildo del Ayuntamiento de Puebla, por  el subejercicio de 1,281 millones de pesos en el ejercicio fiscal del 2021, para los cuales Claudia Rivera ha generado en las últimas semanas una gran cantidad de ampliaciones presupuestales “para hacer supuestas obras y adquirir bienes y servicios por mera ambición”.

En este sentido, la dirigente estatal señaló que desde Acción Nacional se revisará de manera escrupulosa la actuación de cada funcionario que intervenga de manera indebida en el mal manejo de los recursos del Ayuntamiento, pues a dos años 10 meses de la administración municipal no ha hecho obras importantes, no ha tenido programas sociales que combatan la pobreza, no ha logrado controlar la enorme inseguridad  ni meter en orden a los ambulantes y no hizo nada durante la pandemia para evitar el cierre de miles de negocios.

“No vamos a permitir que en los dos meses que faltan se despilfarren y se roben los recursos de la ciudadanía, el dinero de los poblanos. Claudia Rivera pretende gastar el dinero de los poblanos a como dé lugar, demostrando su ambición desmedida. No vamos a permitir el saqueo de los recursos que pretenden hacer en estos dos meses y medio que le quedan a la administración de Claudia Rivera, la peor de la historia de nuestra ciudad”, remarcó.

Huerta Villegas enfatizó que el desafortunado periodo de MORENA al frente del Ayuntamiento termina el 14 de octubre, faltan dos meses y medio para que se vayan los integrantes de la administración más desastrosa de Puebla, la peor de las que se tiene memoria, pues los desfalcos y malversaciones en las compras, los contratos y las escasas obras de este ayuntamiento han sido evidentes y se han hecho del conocimiento público en varios casos.

Finalmente, hizo un llamado a la Auditoría Superior del Estado a intervenir y a vigilar de manera estricta la actuación de los funcionarios del actual ayuntamiento, así como al Fiscal General del Estado y al Fiscal Especializado en el Combate a la Corrupción a llamar a cuentas a todos los funcionarios públicos que hayan cometido o cometan delitos, como peculado, uso indebido de atribuciones, abusos de autoridad y los que resulten.