La ya famosa caravana de migrantes que viene marchando desde Honduras, Nicaragua, El Salvador y demás países centroamericanos, se ha vuelto tema viral y sobre todo controversial a nivel mundial, puesto que las posturas y corrientes de opinión colapsan en muchos aspectos, pero los dos puntos esenciales de dicha temática son, primero la postura de quienes defienden y propugnan por ayudar y salvaguardar los derechos humanos de las personas que abandonaron sus países en busca de una mejora de vida, y por otra parte, la que se contrapone a la invasión forzada de los migrantes.

La primer postura nos evidencia la desesperación de los migrantes centroamericanos por abandonar sus países donde la calidad de vida es inexistente y la situación de crisis en los aspectos económico y de seguridad ha propiciado que los migrantes apuesten el todo por el todo y se hallan aventurado en esta marcha en busca de una posibilidad de accesar a una mejora de vida.

El fundamento de los migrantes para arriesgar posiblemente hasta la vida es que en sus países de origen no hay empleo, no hay un techo digno, no hay alimentación, no hay salud, no hay educación y sumándole a este factor de la pobreza, la violencia generada por las pandillas son un factor común que los empujo a tomar esta decisión.

Ante estos relatos, algunos países y organizaciones internacionales se han pronunciado en favor de los migrantes y han pedido ayuda solidaria para con ellos en su camino a Estados Unidos, fundamentándose en los diferentes tratados internacionales que velan por los derechos humanos de los individuos que se encuentran en dicha situación, como los son la Prima Facie de la condición de refugiado, la cual consiste en el respeto al derecho internacional de las personas refugiadas y es utilizado por los países ante la llegada de contingentes de personas con necesidad de protección que sobrepasa la capacidad instalada de los Estados para procesar sus solicitudes de forma individual.

Asimismo, la Convención Sobre el Estatuto de los Refugiados, adoptada en Ginebra, Suiza, el 28 de julio de 1951 por la Conferencia de Plenipotenciarios sobre el Estatuto de los Refugiados y de los Apátridas (Naciones Unidas), convocada por la Asamblea General en su resolución 429 (V), del 14 de diciembre de 1950. Y el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, firmado en Nueva York el 31 de enero de 1967, entrando en vigor, el 4 de octubre de 1967, de conformidad con el artículo VIII Serie Tratados de Naciones Unidas.

Dichos tratados obligan a los Estados firmantes a velar por la salvaguarda de los derechos humanos de los migrantes, sin embargo, y a pesar de estos normamientos de carácter internacional, también existe la cara opuesta de algunos sectores sociales y hasta gobiernos que han sido tachados de xenofóbicos, los cuales, fundamentan su oposición, en la existencia también de una crisis económica y falta de empleo en sus diferentes naciones, la cual se verá incrementada con la llegada de tantas personas, aunado al aumento en la inseguridad pública que conlleva dicho fenómeno social.

Las dos posturas son entendibles y de cierto punto validas, porque resulta imposible no consternarse ante el dolor y sufrimiento de nuestros hermanos centroamericanos, pero también es cierto, que la realidad social que se vive, al menos en México, no es la más óptima para garantizar una mejora de vida a los migrantes, porque también estamos inmersos en una crisis de falta de empleo, sueldo ínfimos, escases de vivienda, servicios de salud inasequibles y deficientes, un alto nivel de inseguridad pública, en fin todo de lo que vienen huyendo aquí también existe y si el gobierno mexicano no ha podido encontrar alternativas de solución para los nacidos en México, difícilmente podrá otorgar una mejor calidad de vida a nuestros hermanos centroamericanos.