Aunque la figura del virrey desapareció desde la extinción de la Nueva España, en México, ha aparecido una figura similar, pues tienen todo un feudo a su disposición, donde hacen lo que les viene en gana, entidades endeudadas hasta la médula, actos de represión y censura, corrupción evidente, privilegios a familiares de forma descarada, gastos millonarios e innecesarios y demás linduras son las que a diario se ven por esta nueva clase de virreyes que ha surgido y se llaman Gobernadores.

En las últimas dos décadas, hemos escuchado bastante los nombres de Humberto Moreira, Mario Marín, Tomás Yarrington, Guillermo Padrés, Fidel Herrera, Arturo Montiel, Andrés Granier, Guillermo Cosío Vidaurri, y muchos nombres de una lista interminable de gobernadores que ha ido a prisión, han dejado deudas exorbitantes, o son buscados por la justicia por todo lo que presuntamente se llevaron. Pero la mayoría deja su gestión sin ningún tipo de consecuencias jurídicas, hasta presumiendo doctorados como Moreira, y otros viviendo lo lindo de la vida con castillos en Francia como Montiel.

Hoy en día la palestra de esta penosa estirpe de gobernadores pillos, la ocupan, el ilustre Roberto Borge, Cesar y Javier Duarte, gobernadores salientes de los estados de Quintana Roo, Chihuahua y Veracruz respectivamente, quienes destacan por su amplia construcción de actos revestidos de un alto nivel de corrupción y malos manejos.

Vera usted a los Duarte y a Borge se les persigue por lo siguiente: en Veracruz, a Javier por haber dejado una deuda que tan solo en su gobierno pasó de 9 mil 331 millones de pesos a casi 45 mil 776 millones. Por supuesto que este crecimiento estratosférico de la deuda es inversamente proporcional a los pésimos resultados para combatir la pobreza, la inequidad y la amplia restricción de libertades que hoy viven los veracruzanos.

Cesar, el otro Duarte, hizo crecer, en sólo 6 años, la deuda del estado de 12 mil 547 millones a 42 mil 176 millones de pesos. En Chihuahua la tasa de actos de corrupción por cada 100 mil habitantes es muy superior a la media nacional.

Mientras que en Quintana Roo la deuda prácticamente fue duplicada por el actual gobernador, acumulando al día de hoy más de 22 mil millones de pesos.

Otro que merece ser tomado en cuenta para el papel protagónico de gobernador virrey, y que sin embargo nadie ha señalado, es nuestro gobernador saliente, de quien bastaría echar un vistazo a los méritos realizados para poder ostentar tan digno papel.

Ya que, mediante sus famosos Proyectos de Prestación de Servicios (PPS), ha endeudado a Puebla por más de 30 mil millones de pesos, los cuales los poblanos los estaremos pagando durante los próximos treinta años.

Esperemos que la nueva Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las leyes de Coordinación Fiscal, General de Deuda Pública y General de Contabilidad Gubernamental, venga a representar una autentica regla de equilibrio presupuestal, moderando el endeudamiento de las entidades y reduciendo el costo del financiamiento para los gobiernos locales y no termine siendo utilizada como chantaje por la SHCP para alinear las políticas públicas de los estados con el gobierno federal, dando al traste con el de por sí débil sistema federal.

Y bueno, no podíamos dejar fuera de esta lista de virreyes, a dos auténticas figuras quienes por sus méritos forzosamente deben ser considerados para darles un lugar privilegiado entre esta estirpe y me refiero a Ángel Aguirre y Graco Ramírez, a quienes de sobra se les conocen su pillerías, el primero de ellos asumió la gubernatura de Guerrero bajo las siglas del PRD en abril de 2011 y se vio obligado a renunciar en octubre de 2014 debido a la presión por la desaparición de 43 estudiantes en Iguala, así como por el señalamiento de Sidronio Casarrubias Salgado, identificado como líder de la organización delictiva Guerreros Unidos, quien acusa al ex gobernador guerrerense de financiar su campaña política a través del apoyo del cártel de los Beltrán Leyva.

Además de ser considerado como un gobernador de mecha corta ya que durante sus gobiernos, ambos de tres años, (recordemos que ya había gobernado interinamente Guerrero a la salida de Rubén Figueroa Alcocer), se registraron varias muertes y una masacre, además que durante su gestión, fueron asesinados al menos 15 luchadores sociales, entre ellos el activista Arturo Hernández.

Por su parte Graco Ramírez, tiene a Morelos, sumido en la violencia y la inseguridad, mientras que las autoridades estatales oscilan entre la inacción y la ilegalidad, como se demostró en el caso de las fosas clandestinas de la Fiscalía General de Morelos en Tetelcingo. Donde se inhumaron clandestinamente más de 100 cuerpos, entre ellos los de tres niñas y dos o más personas que tenían reporte de desaparición.

Sin embrago, es menester señalar que los actos cometidos por todos los mencionados contaron con el aval y consentimiento de los diputados de los congresos de esas entidades federativas, disque de oposición, de los que luchan por el bienestar común de los ciudadanos, de esos que próximamente lo irán a visitar hasta la puerta de su casa para solicitarle el voto y jurarle que velarán por sus intereses.