Columna | P U L S O    P O L I T I C O

              “La nueva dinámica impuesta por el gobierno federal en términos políticos, económicos y sociales, ha modificado por mucho la forma en que debemos entender la nueva relación que existe y permanecera entre sociedad y gobierno y  por supuesto, entre los diferentes organismos, dependencias, poderes fácticos e instituciones del gobierno”, dijo el licenciado y maestro José Miguel Jiménez Castillo, de la agrupación “Dignificación Ciudadana” a quien acompañaron en la entrevista, los directivos de la mencionada agrupación, como le informamos ayer.

               En sus “Reflexiones para la pacificación de México, el licenciado Jiménez Castillo, formado en la Escuela Libre de Derecho de Puebla, manifestó que la Cuarta Transformación, ha situado en la cúspide de las decisiones, el interés público, situando a los adultos mayores, jóvenes, personas con discapacidad, indígenas, migrantes, niñas y niños, madres trabajadoras y en general grupos vulnerables, como prioridad en la agenda de este gobierno.

               “No obstante, dice, es importante señalar que este viraje de 180 grados, ha subordinado a poderosos intereses afectando intenciones voraces. En casos concretos, como los conflictos en empresas paraestatales, principalmente en Petróleos Mexicanos. Por eso me parece que la cruzada contra la corrupción, implica inherentemente a la solidaridad del pueblo y sus instituciones, así como una modificación en la conducta de los dueños del capital industrial y financiero, ya que cualquier lucha histórica en contra del statu quo negativo demanda, como mínimo una actitud más justa y  solidaria.

            “Para ello, sigue diciendo, será necesario establecer e implementar una estrategia que permita incluir a todos los sectores de la sociedad y que las instituciones logren recomponer y destruir los viejos mecanismos de actuación determinados por el amiguismo, nepotismo, compadrazgo y corrupción. Es decir, los tiempos modernos requieren del fortalecimiento institucional, donde se garantice certeza y seguridad para todos. Se requieren instituciones sólidas y capaces que cumplan con el propósito de ser garantes de los derechos humanos, aplicación de la ley y de generar condiciones de desarrollo para todos”.

             Esto nos dijo nuestro entrevistado, es un reto muy complicado, que probablemente requiera medidas extraordinarias como las que se han tomado. Sin embargo consideró que falta mucho camino por recorrer, al menos en materia de seguridad para lo que es importante que de manera integral se hagan las reformas necesarias que impacten en la profesionalización de los servicios públicos y por supuesto que se terminen con los vestigios de corrupción que aun permanecen en las instituciones y que han servido de asidero y referencia para el crimen organizado.

              “Los cambios de esta magnitud y trascendencia deben iniciar con el fortalecimiento institucional que comento y por otro lado, sensibilizar a la sociedad, comprender que el camino de la rectitud, la concordia, la empatía, el trabajo arduo y el esfuerzo de todos, debe ser el camino para sembrar y cosechar los resultados que todos esperamos.

                “Los gobiernos unitarios se enfrentan hoy a una realidad que los supera, donde no basta con la participación organizada en materia electoral, debemos asumir que la eficiencia y la eficacia de un gobierno, están determinadas también, por la capacidad de sus ciudadanos para colaborar y contribuir en la consecución de mejores condiciones de vida”.

                Señaló que el Presidente tiene razón al afirmar que la corrupción es el cáncer social cuyos alcances son de índole político-social, economico y cultural.

                “No podemos dejar de lado el grave problema de la delincuencia organizada enquistada en nuestra nación. Los desfalcos de servidores públicos, quienes de la noche a la mañana, resultaron encumbrados como mujeres y hombres de negocios, así como los de quienes al amparo o al margen del poder, han realizado mediante ataques a la población civil, asaltos, trata de personas, tráfico de órganos, afectaciones a las arcas estatales, entre otros.

              “Lo anterior implica, que el Estado recupere y demuestre su fuerza rectora como generador de condiciones de igualdad, equidad y distribución de la riqueza.

                “El Estado no solo debe asumir su responsabilidad como en el caso de Culiacán, debe al mismo tiempo, trabajar de manera coordinada y con la ley como estandarte en pro de todos, disminuyendo la posibilidad de fracaso y maximizando siempre las de éxito. La seguridad no puede ser vista ni atendida a la ligera, requiere organización y compromiso institucional. No hay tiempo para errores. La vida de los ciudadanos siempre será el fin último. Son los medios los que requieren análisis crítico y objetivo”, expresó.

              Nuestro entrevistado es abogado por la Escuela Libre de Derecho de Puebla, tiene maestría en Ciencias Penales y en Gobierno y Administración, por la BUAP.

              Ha ocupado cargos en la Procuraduría, hoy Fiscalía federal, en el estado de Guanajuato. En Puebla ha sido secretario particular del Presidente del Tribunal Superior de Justicia, en 1993.

              Ha sido agente del MP federal, en Tamaulipas, Puebla, Morelos, Tlaxcala, Coahuila y Guerrero; delegado de la Procuraduría General de la República en Tamaulipas y Jalisco y muchos cargos más. Actualmente es abogado litigante y asesor en temas de seguridad pública.