El Plan de Nación 2018-2024 que presentó la coalición Juntos Haremos Historia, asume como compromiso fundamental la integración de un Gobierno sensible, incluyente y eficiente, que permita definir la operación de políticas públicas que impulsen el desarrollo socioeconómico de nuestro país, para lo cual, contempla distintas acciones, que tienen como propósito hacer crecer la economía 6% cuando finalice su administración, rompiendo con la tendencia del promedio anual de 2.5% de los últimos 40 años.

Dentro de esos propósitos, López Obrador prometió recortar a la mitad la publicidad oficial, y establecer reglas claras que definan los criterios de asignación basados en la idoneidad, transparencia y regulación de la medición de audiencia, circulación, visitas y rating, así como que la publicidad sea identificable de la información.

Para tal objetivo, Ley General de Comunicación Social, aprobada en fast track, por la anterior legislatura, resulta un verdadero obstáculo, para cumplir con dichos objetivos, por lo que es necesario reformarla casi en su totalidad o implementar una nueva ley que se ajuste a lo proyectado en el Plan Nacional.

Lo anterior en razón de que la señalada ley, es un copy-page de la iniciativa de ley impulsada por el PRI, que a su vez copia los ya existentes e ineficientes lineamientos generales para las campañas de comunicación social de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal,

Aunado a que, en ella, no se atienden los problemas de la publicidad oficial, no contempla criterios claros para la asignación de los recursos públicos, no fomenta la pluralidad, no advierte límites en el presupuesto, y deja como responsable del padrón de medios a la Secretaría de Gobernación.

Por lo que es de imperiosa necesidad establecer una ley con base en los principios constitucionales de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, la cual erradique el uso proselitista de la publicidad oficial, termine con la ineficiencia y discrecionalidad en el uso de los recursos, y que de esta manera dote de transparencia y regulación la medición de audiencia, circulación, visitas y rating.

Asimismo, evite lo sucedido en los años 2013; 2016 y 2017, donde se tenía presupuestada una cantidad específica para publicidad oficial y el mismo se elevó en más del 50% aprobado, gastándose 8 mil 154 millones; 10 mil 698 millones de pesos; y más de 7 mil 800 millones de pesos, respectivamente. Lo cual para un país con las necesidades sociales que tiene México, resulta una verdadera falta de congruencia y sensibilidad social, además de un derroche innecesario de recursos utilizados sólo para rendir culto a los “logros” del Ejecutivo Federal.

Todo lo anterior se ha hecho del conocimiento de Jesús Ramírez Cuevas, quien será el próximo coordinador de Comunicación Social del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador quién ya se reunió con representantes de organizaciones civiles para planear la ruta de una nueva Ley de Publicidad Oficial que acabe con la discrecionalidad y el despilfarro.

Todos tenemos la esperanza en que esta no se convierta en una promesa más sin cumplir, y que se revitalice la Administración Pública bajo criterios de innovación, enfoque a resultados, austeridad, calidad, rendición de cuentas y transversalidad entre los diversos sectores y programas de Gobierno.

En el caso de los Gobiernos estatales, sin importar el partido que impulsó a los Gobernadores, existen también casos de escándalo en el uso faccioso y de negocios llevado a cabo con los medios de comunicación que son afines a los gobiernos quienes han recibido jugosos contratos y por otro lado el golpeteo y persecución política, hasta el exterminio, en contra de los medios críticos que no se han sometido a las decisiones de las oficinas de comunicación de los gobernadores para dictarles línea editorial.

De ahí la importancia de contar con una nueva Ley de Comunicación Social  a nivel federal, que después se impulse a nivel de las legislaturas locales, para de una vez por todas terminar con éstas prácticas de los Gobiernos, que a la fecha, nadie puede controlar, ni limitar.

Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo, así quedara distribuida las dependencias federales en el país mexicano.

Turismo, Chetumal, Quintana Roo

Medio Ambiente, Yucatán

Pemex, Cd del Carmen, Campeche

Sener, Villahermosa, Tabasco

CFE, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Conagua, Veracruz

Sedesol, Oaxaca

SEP, Puebla

Cultura, Tlaxcala

Capufe, Cuernavaca, Morelos

CDMX se quedarían, Sedena, Semar, SRE y SHCP

Infonavit, Toluca Edomex

Salud, Chilpancingo, Guerrero

IMSS, Morelia, Michoacán

Ganadería, Jalisco

ISSSTE, Colima

INEGI, Aguascalientes

SFP, Querétaro

ST, León Guanajuato

Desarrollo Urbano, Pachuca, Hidalgo

Liconsa, Zacatecas

SCT, San Luis Potosí

Economía, Monterrey NL

Nafinsa, Torreón Coahuila

Conafor, Durango

Minería, Chihuahua

Aduanas, Nuevo Laredo, Tamaulipas

Conatur, Bahía de Banderas, Nayarit

Pesca, Mazatlán Sinaloa

Agricultura, Cd Obregón, Sonora

Conacyt, LA Paz, BCS

SAT, Mexicali, BC