En días pasados se dio a conocer la noticia de que la Federación Internacional para los Derechos Humanos (FIDH), y un colectivo de ONG mexicanas, entre las que destacan: Vida, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUNDEC), Familias Unidas en Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas (de Piedras Negras) y Alas de Esperanza (Allende); presentaron una denuncia ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya, sobre posibles crímenes de lesa humanidad, cometidos en Coahuila durante los gobiernos de los hermanos Humberto y Rubén Moreira.

Crímenes detalladamente documentados en el reporte especial de Gloria Leticia Díaz, titulado “Entre el infierno y la esperanza”, en el que da cuenta del dramático número de casos de desapariciones forzadas, tortura y detenciones ilegales realizadas por las fuerzas públicas, con la complicidad del Ejecutivo del Estado.

En la denuncia se plantea una investigación sobre más de 500 casos concretos, durante esos dos periodos de Gobierno en Coahuila con testimonios e información clave con los que se puede evidenciar que se trata de crímenes de lesa humanidad.

El documento pretende probar que se ha registrado un ataque sistemático contra la población civil de Coahuila, lo cual, según el artículo 7 del Estatuto de Roma, daría competencia para que la CPI indague a funcionarios y ex funcionarios mexicanos en específico.

Pero para ofrecer al lector un sentido más claro de lo que representa para una sociedad la presencia de un delito de esta naturaleza y el impacto que ocasiona en nuestro país, empezare por tratar de responder a la pregunta de ¿qué es un delito de lesa humanidad?, donde, la respuesta debe elaborarse necesariamente en el marco del derecho penal internacional y derecho humanitario, que a través del tiempo fueron creando normas, que prohibían ciertas conductas, y de esa manera pretendieron proteger los bienes jurídicos de mayor trascendencia e importancia para el ser humano, como son la vida y la libertad personal. 

El concepto fue evolucionando a través de la historia y ampliándose la nómina de actos prohibidos, llegando a la definición más elaborada en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (ERCPI), que reclama también, la concreción de elementos objetivos y subjetivos para conformar un tipo penal especial, que se hallan comprendidos, como dice el preámbulo del Estatuto de Roma (cuarto párrafo) entre “los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto”.

En términos generales son delitos contra la humanidad aquellos cometidos contra bienes jurídicos fundamentales (vida, integridad física, libertad, etc.), que pueden cometerse en tiempo de paz o de guerra, pero necesariamente en el marco de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, donde se le exige al autor el conocimiento de dicho ataque.

Con base en lo anterior, es más que evidente que la presencia de este tipo de delitos en nuestra sociedad lo único que demuestran es que estamos llegando al grado máximo de descomposición del tejido social, donde la identidad de la autoridad está confundiéndose con la de la delincuencia, es decir, buenos y malos actuando en conjunto contra la sociedad, cegados por la ambición y el poder.

Por ello, los ciudadanos tenemos la obligación de actuar, de salir del pasmo social en que nos han sumergido gobernantes desleales y deshonestos, la denuncia ante la CPI es un primer paso, pero además los ciudadanos podemos expresar nuestro repudio contra estos actos inhumanos, el primer domingo del mes de junio del año 2018, fecha en que los ciudadanos tomemos con responsabilidad nuestro derecho al ejercicio del voto y con él, echar de la vida política de nuestra nación a los Moreira, Duarte, Borge, Padres, en fin, toda esta estirpe de virreyes, que no han representado más que sus propios intereses y de sus aliados y cómplices, seguramente a esta lista de gobernadores violadores de Derechos Humanos se sumaran otros como Graco Ramírez de Morelos.

Por que como nación, como ciudadanos, ¡Debemos encontrar en la legalidad de nuestros actos, la legitimidad de nuestros reclamos!

Columna | Tierra de Sal

¿Qué debemos entender por tercer sector? El antecedente es la existencia de dos sectores: el Público y el Privado. Entonces este tercer sector estará enfocado a lo Social. Son las organizaciones de la sociedad civil organizadas quienes conforman este creciente bloque.

Debemos entender que este tercer sector es una entidad sin fines de lucro. Son organizaciones que no redistribuyen sus beneficios a sus propietarios y accionistas, sino que los reinvierten en sus entidades para seguir cumpliendo sus objetivos fundacionales.

En breves palabras pueden estar conformadas como; primero, Sociedad Civil: ONG (Organizaciones No Gubernamentales), ONGD (Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo). Segundo, como Economía social: Cooperativas y Mutualidades. Tercero, como Asociacionismo Voluntario: Fundaciones y Asociaciones. Ultimo, como Sector no lucrativo: ESAL (Empresas sin ánimo de Lucro), ENL (Entidades No Lucrativas ).

Es obligado hacer un pequeño recorrido por cuatro momentos históricos de nuestro México: La Colonia; El período de la Independencia al Porfiriato; El Porfiriato, por último El período de indiferencia (1929-1960)

En el período colonial, las asociaciones eran fundamentalmente organizaciones religiosas. Y existían tres tipos de actores: las organizaciones de asistencia, la mayoría ligadas a organizaciones religiosas; las cofradías y las organizaciones privadas para fines público (2013, Natale Alejandro; El entorno Económico de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México).

Durante el periodo de la Independencia al Porfiriato y tras la firma de la Independencia de México en 1821, el escenario de asistencialismo cambió; el nuevo gobierno introdujo un cambio mayor en la comprensión de la asistencia social, entendida ahora como una obligación del Estado y no una cuestión de caridad privada (V. Knight, 1985). Esto significó que, el reconocimiento de que el financiamiento antes apoyado por la Iglesia, como los dispensarios, escuelas y hospitales, por citar algunos, debían ser ahora un compromiso del Estado. “Esta concepción del Estado filantrópico se fortaleció en dos sentidos, con la promulgación de las Leyes de Reforma en 1859; primero, se restringía la participación de la Iglesia en el financiamiento de las actividades económicas y además se expropiaba la mayor parte de su patrimonio económico; segundo, se secularizó de la educación (V. González, 1985; Rodríguez, 1993; Rangel, 2003). Si bien es cierto, que estas reformas tuvieron un impacto significativo en la acción social y sin fines de lucro, el hecho de a ver dejado de lado a la iglesia les cerró la llave de la manutención a muchos entes sin fines de lucro y así que el tiempo de vida para muchos fue corto o muy complicado. En este periodo Benito Juárez creó la Lotería Nacional, copia el modelo de operar de los entes de asistencia social eclesiásticos. Y, la situación social y política no permitió el desarrollo pleno de las organizaciones no lucrativas.

Durante el Porfiriato; Díaz, “entendió que  las asociaciones de asistencia eran pequeñas válvulas de escape a la insatisfacción por la falta de seguridad social, no sólo siguió aceptando la participación de la Iglesia en la provisión de asistencia, sino que fomentó el surgimiento y la acción de organizaciones voluntarias privadas. Para apoyar la creación de asociaciones realizó dos acciones fundamentales una de regulación y otra de control. Promulgó una nueva ley, la Ley de Beneficencia Privada que fomentaba la acción social, principalmente en las áreas de educación y de caridad. Esta ley dio a las organizaciones el reconocimiento legal y de determinadas exenciones fiscales, así como las condiciones de vigilancia. En lo segundo, para tener control sobre las asociaciones, creó la Junta de Beneficencia Privada (JBP), un Consejo de ciudadanos voluntarios nombrados por el Presidente. Con algunos cambios este organismo sigue funcionando hasta nuestros días y, a la fecha, tiene 16 juntas de asistencia privada u organismos análogos” (2013, Natale: 23) En estos primero años de 1900, surgieron otros entes de segundo piso como  el Montepío Luz Saviñon I.A.P. que con el tiempo donaría el 10% de sus ganancias a causas sociales;

La Fundación de Socorros para Personas Menesterosas; la Fundación Señorita Trinidad Espinoza I.A.P. la Fundación Rafael Dondé I.A.P. y La Cruz Blanca dedicada a la salud, junto con otras asociaciones sindicales libres que tuvieron injerencia.

Durante el periodo de 1921, existían ya 33 asociaciones  con una dotación de 35 millones de pesos que asistían a 10 casas de ancianos, 4 colegios, 8 hospitales, entre otros. Este número creció a lo largo de la década subsiguiente. Estas organizaciones seguían utilizando modelos de financiamiento aprendidos a lo largo de su historia. Para 1929, aparecieron fondos como el Fondo Privado de Socorros José María Olloqui I.A.P. y otros basados en herencias o fondos familiares (ver Natal, 2002). Así, para los primeros años de los gobiernos post-revolucionarios, la manera en que se financiaba la asistencia y las causas sociales no se habían modificado sustancialmente y, al igual que en períodos anteriores el gobierno permitió que la Iglesia Católica continuara financiando a organizaciones no lucrativas y algunos tipos de acción social, siempre y cuando no interfirieran con la ideología del Estado. Por las características propias de esta forma de gobierno mexicano, todos los esfuerzos de filantropía fueron inhibidos y el ejercicio desde la barrera ciudadana empezó a exigir un rumbo democrático.

Teniendo estas líneas como antecedente, cabe mencionar que el desarrollo de este tercer sector fue directamente proporcional al momento histórico que rigió nuestro rumbo, primero, la iglesia, luego el Porfiriato con sus “bemoles” y luego por los 60 se fortalece la actividad de los entes sociales.

Hoy día, existen algunos datos estimados y refieren que existen Según el Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil, se contaba a julio de 2014 con 27 mil 18 actores sociales inscritos en todo el país. Y,  si bien es cierto que desde 2000 con el gobierno federal de alternancia, se esperó un mayor crecimiento en el impacto y trabajo social, todo quedó a la deriva. Pero, esta fuerza ciudadana, sigue en la búsqueda de la consolidación de un régimen democrático en nuestro país; donde la participación de la sociedad en la toma de decisiones es de gran importancia para incluir a sectores de la población antes excluidos  y legitimar una forma democrática de gobierno basada en el diálogo, la equidad, la inclusión y el consenso.

Nos debe quedar claro que una de las funciones de las OSC es ser un mecanismo de vigilancia y contrapeso ante las acciones de gobierno y a la par ser la voz de los sectores más vulnerables. Ser OSC es una responsabilidad enorme pero, privilegiada. El trabajo se torna en ocasiones arduo pero se debe seguir picando piedra para poder ser parte, de la toma de decisiones; encontrar el espacio al diálogo y, sobre todo en sensibilizar a los otros actores políticos quienes tienes en sus manos el futuro de nuestra democracia y olvidan el valor del respeto a los derechos humanos.

Muchos quienes conformamos este tercer sector; te invitamos a reflexionar y a coadyuvar en favor de una mejor sociedad; México nos necesita.

@mayrusmayrus7
@divandelamujer
@enlaceenmov