Columna | Desde el portal

  En San Lázaro diputados del PVEM y Morena impulsan una iniciativa para establecer la pena de muerte contra feminicidas y secuestradores, en tanto la Fiscalía General de la República hace lo propio para endurecer las penas hasta 81 años de cárcel para autores de delitos graves, lo cual demuestra que la indignación contra la violencia es creciente.

 Y esa realidad que se refleja en el Poder Legislativo y en la FGR es avalado por una gran parte de la sociedad que, como es el caso de Marcelina Cruz,a madre de Giovana, presunta autora del feminicidio de Fátima, teme por la vida de su hija, ante las amenazas de personas que condenan tal bestial hecho. Ya en otras regiones del país, desde hace décadas, los vecinos organizados han linchado a los ladrones.

 La impunidad, complicidad y omisión de las autoridades encargadas de impartir justicia, desde el policía de crucero, el MP o el juez, el magistrado o el ministro, coadyuva a la indignación generalizada del pueblo al dejar en libertad a los delincuentes, facilitarles la fuga de la prisión o del juzgado, y permitirles que gocen de cabal impunidad lo mismo por delitos del fuero común que del federal.

 La estrategia de abrazos, no balazos, ante estos indignantes hechos que van en ascenso, se queda corto ante la repetición de los delitos de alto impacto. Si bien la pena de muerte no está en la agenda de Morena –que es mayoría en la Cámara de Diputados- si debe considerarse cuando menos cadena perpetua para los feminicias o sanciones más severas pues aunque no guste la mano dura es preciso hacerlo cuando menos para ejemplo de los delincuentes en libertad.

TURBULENCIAS

Impacta ejecución de estudiantes en Puebla

La SEP y el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), cumplieron con el otorgamiento de la matrícula a la generación 2019-2020, de las 11 escuelas normales de la entidad y continúan con la atención a las peticiones de los estudiantes, por lo que exhortó a estudiantes en paro que se reincorporen de inmediato a sus actividades académicas, así como a seguir por la vía del diálogo la revisión a sus planteamientos e inquietudes. Indicó que en lo que corresponde al IEEPO, no hay trámites pendientes por cumplir y se brinda el acompañamiento necesario en el proceso para la transformación de la malla curricular, lo cual es una facultad de la Federación, a través de la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación (DGESPE), de la SEP, no del estado… El Fiscal General de Puebla, Gilberto Higuera Bernal, informó que hay tres detenidos relacionados con el asesinato de dos colombianos estudiantes de Medicina, José Antonio Parada Cerpa, de 22 años y Ximena Quijano, de 25, de la UPAEP, así como Javier Tirado Márquez, de la BUAP, y el chofer de un Uber,  José Manuel Vital y cuyos cadáveres fueron localizados en la colonia El Tanque de Santa Ana Xalmimilulco, en las inmediaciones del aeropuerto de Huetjotzingo. Las víctimas, fueron ejecutados luego de acudir el domingo a presenciar el Carnaval en Huejotzingo y que a las 22:15 horas pidieron el servicio de un Uber para regresar a sus casas, y cuyo vehículo, un GM Beat, placas TPP14GA, fue localizado “no muy lejos” de donde se encontraron los cuerpos; se catearán tres domicilios relacionados con los hechos, reveló, en tanto en la capital poblana miles de universitarios salieron a las calles para exigir Justicia y cese de la violencia en la entidad y en el país.

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Será medida más fuerte contra delincuentes: constitucionalista Tejeda Ortega

Puebla, Pue.- Revivir la pena de muerte para quienes cometen delitos graves y trascendentales en México, será la sanción y medida más fuertes para abatir el creciente índice de violencia.

Basado en el espíritu de la Constitución original de 1917, el maestro constitucionalista Miguel Ángel Tejeda Ortega propone lo anterior, tras comentar que ni los Sistemas de Reinserción Social en Materia Penal, ni el de Juicios Orales Acusatorios disminuyen en Puebla y en el país los índices de delincuencia.

La Constitución original de 1917 estableció en su Artículo 22: “Queda también prohibida la pena de muerte por delitos políticos, y en cuanto a los demás, sólo podrá imponerse al traidor a la Patria en guerra extranjera, al parricida, al homicida con alevosía, premeditación y ventaja, al incendiario, al plagiario, al salteador de caminos y a los reos de delitos graves del orden militar”.
  
Aclaró el maestro constitucionalista que en el año 2005, bajo la legislatura del Presidente Vicente Fox, quedó abolida la pena de muerte, con la reforma al Artículo 22 que establece: “Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado”.

Tejeda Ortega agregó que al prohibirse la pena de muerte surgió el Sistema  de Reinserción Social en materia penal, para que las personas que cometen un delito grave sean privadas de su libertad y en los centros penitenciarios o reclusorios se les prepare para volver a reincorporarse a la sociedad.

Mas en la actualidad, por lo que ocurre en la sociedad mexicana, en los centros penitenciarios no hay Reinserción Social, afirma Tejeda Ortega. Y en delitos graves como el cometido contra la estudiante Mara que se le privó de su libertad, se le violó, se le golpeó, la persona que cometió esos delitos en otros países estaría condenado a la pena de muerte.

En Estados Unidos de Norteamérica, expuso, hay 31 estados cuyas autoridades como las de Texas reconocen la pena de muerte y aplican sanciones fuertes a reos que cometen delitos como el que sufrió Mara.

En Europa algunos países han tratado de abolir la pena de muerte. Pero en otros como China y Japón también reconocen la pena de muerte por delitos graves y trascendentales.

El criterio del maestro constitucionalista Tejeda Ortega, resaltó, es que la violencia va acrecentándose en México, por lo mismo se requieren medidas más fuertes contra los delincuentes. El Sistema de Juicios Orales Acusatorios no está apoyando a que exista mayor tranquilidad en la sociedad: por el contrario, va dejando en libertad a delincuentes.

Las policías ministeriales no están cumpliendo su cometido. No están investigando. El caso de Mara, si se llevó a cabo la investigación, fue porque hubo presiones a nivel nacional e internacional. Por eso se logró la detención del presunto criminal, pero hay en Puebla 80 casos de feminicidios y la mayoría no están resueltos.

De hace seis años a la fecha se habla de que hay en Puebla más de 200 feminicidios y no se sabe quiénes son los responsables.

Considero, finalizó, que compete al Congreso de la Unión nuevamente retomar el espíritu de la Constitución del 17, y aplicar la pena de muerte en la comisión de delitos graves y trascendentales.