Como mexicanos, hemos sido testigo del uso e invención de frases políticas, que han significado momentos de verdadera vergüenza, por el cinismo y la falta de sensibilidad social de los políticos responsables de espetarlas; “Defenderé el peso como perro” (López Portillo); “Las relaciones con Estados Unidos ni nos perjudican, ni nos benefician, sino todo lo contrario” (Luis Echeverría); “Sí es mi voz, pero no soy yo” (Mario Marín); “Sí robé, pero poquito” (Hilario Ramírez Villanueva); y un largo etcétera.

Sin embargo, la frase que más disgusto ha causado al pueblo mexicano, hasta hoy, debido a la incongruencia y contraste con la realidad, así como su contenido de burla, es la que nació en el año 2012, en el Foro de Seguridad Pública y Derechos Humanos, realizado en Durango, donde Andrés Manuel López Obrador resumió su propuesta de seguridad en una frase: "abrazos, no balazos", e indicó que paulatinamente de ganar la Presidencia, retiraría al Ejército y a la Marina de las calles, con la siguiente frase:

"La propuesta (de seguridad) de la República Amorosa es honestidad, es justicia, y la podemos resumir en abrazos y no balazos", dicha frase hoy sigue siendo el eje de su fallida estrategia para acabar con la inseguridad que impera y avanza a pasos agigantados en nuestro país.

Pero sus programas y  políticas en la materia, son contradictorias, ya que una de sus primeras acciones como presidente, fue precisamente militarizar al país, con la creación de la Guardia Nacional, la cual, cumplió ya dos años de existencia,  con un actuar plagado de abusos y prácticas que violentan los derechos humanos de los ciudadanos.

Al respecto, el informe “Poder Militar, La Guardia Nacional y los riesgos del renovado protagonismo castrense”, elaborado por el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), refiere que, del 13 de junio de 2019 al 24 de febrero de 2021, la CNDH integró 451 expedientes de queja en contra de dicho cuerpo de seguridad, por actos violentos en contra de ciudadanos, que laceraban la esfera jurídica de sus derechos humanos.

Más aun, en un esfuerzo por lograr la abdicación del poder civil ante el militar, el presidente, anunció que en 2023 enviará una reforma constitucional, para que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), es decir, con lo anterior López Obrador va a lograr lo que ni Calderón ni Peña Nieto pudieron, darle el marco legal al Ejercito para tomar el control del país.

Con lo anterior, se mantendría a las fuerzas armadas en las calles y se perpetuaría lo que organizaciones civiles y especialistas llaman "la militarización de la seguridad pública"

Pero además, ante la incapacidad tanto de la Guardia Nacional, como del ejército mexicano de dar seguridad pública a los ciudadanos y sobre todo a la nula aceptación de los grupos de la delincuencia organizada y cárteles de “portarse bien” como tantas veces se los ha pedido el presidente, quizás esté pensando abandonar los abrazos y ahora sí mediante los balazos y la fuerza del Estado, atacar frontalmente a los delincuentes y recuperar los territorios y Municipios del país, que actualmente controlan, lo que ha traído como consecuencia el éxodo masivo de pobladores que deben abandonar sus viviendas, ante la disyuntiva de verse obligados a trabajar para los cárteles o perder la vida en alguno de los enfrentamientos armados.

El anuncio del Presidente de fusionar a la Guardia Nacional con el ejército, ha tenido un fuerte rechazo de los mandos militares y soldados, quienes cuentan con carrera castrénse y con estudios en el Sistema educativo Militar, quienes están en riesgo de ser igualados con elementos de la Guardia sin carrera.

Como podemos observar, la incongruencia y contradicción que ha caracterizado el actuar del presidente en estos tres largos años de su mandato, sigue siendo el principal peligro para los mexicanos, sin embargo, hoy significaría un punto de no retorno, que cambiaría por completo la naturaleza de las Fuerzas Armadas y la propia Guardia Nacional.

*Director General del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.

El país no vivía días tan aciagos en décadas. Los fines de sexenio, de Díaz Ordaz a López Portillo, fueron agónicos.

El mandato de Miguel de la Madrid estuvo lleno de pesar. No se equivocó cuando, un día antes de tomar posesión, advirtió a los miembros de su gabinete: “No los invito a una fiesta, sino a un velorio”.

Lo más parecido a esto que vivimos fueron los años terribles de 1994/1995. Comenzaron con un desgarramiento de la paz y se extendieron a una bancarrota nacional que mandó a la pobreza al 60% de la población. Hubo magnicidios. Secuestros. Encarcelamientos. En fin: una pesadilla.

Lo que estamos viviendo, en su fuerza destructiva, en su vastedad y velocidad, no tiene parangón.

Hay un proceso de desmantelamiento de la democracia, de la administración pública, de los procesos de generación de riqueza, de la salud y la educación pública.

La crisis del Covid no desató esta desgracia: le metió el acelerador a fondo. El carro ya iba en marcha.

La crisis del 94/95, sin embargo, fue un proceso doloroso pero concluyó con un nuevo empuje nacional.

En 1996 se gestaron los acuerdos que desembocaron en la creación del IFE: una institución autónoma y ciudadana que dio certeza a los procesos electorales.

La gente le tomó la palabra al régimen: Salió a votar masivamente y a castigar. Fue así, a fuerza de votos, que el PRI perdió su hegemonía en la Cámara de Diputados.

Las mayorías, en política, se votan o se construyen. Las oposiciones no lograron el número mágico para desplazar al PRI de la Cámara pero pactaron y construyeron un bloque opositor mayoritario.

La izquierda ganó el gobierno de la capital.

Tres años después, llegó la primera alternancia en 80 años. Hubo, así, un efecto regenerador después de la tragedia que provino desde la sociedad civil y de un grupo de políticos que estuvo a la altura de los desafíos y supieron dar cauce institucional al malestar.

Pese a la densidad de la tragedia que sufrimos -en infectados, en muertes, en destrucción de empleo- se percibe una creciente conexión de los ciudadanos con la necesidad de corregir el rumbo del país.

El sentimiento dominante de preocupación irá acompañado de una creciente movilización social.

Hay un resurgimiento de la importancia de los gobiernos estatales, de las dirigencias empresariales, del rol de los tribunales. Cada vez hay más actores dispuestos a dar un paso al frente para generar alternativas al grave deterioro nacional.

Este hecho se acompaña de dos certezas: el sentido de urgencia y la certeza de la inminencia de la pérdida. Son dos poderosos motores del activismo político y social.

Si se logra dar un cauce adecuado a esta inquietud social, en el país emergerá una etapa de reconstrucción de la que surgirá un nuevo rostro y quizá, mejor.

Ojalá que así sea.


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