Ojo por ojo, y el mundo acabará ciego, es la famosa frase expresada por Mahatma Gandhi, y al decirla buscaba concientizar a las personas de la inutilidad de la venganza, toda vez que trae consecuencias negativas para la vida de todos los involucrados y daña más a la coexistencia relacional, en un respeto por la otredad.

En lo que va del año, en el estado de Puebla, se han registrado tres eventos en donde la población realizó justicia con sus propias manos, dejando un saldo de tres personas muertas. Linchamientos que se registraron en los municipios de Atlixco, Izúcar de Matamoros y el más reciente en Huauchinango.

El primero se registró el 5 de abril, cuando vecinos de La Trinidad de Tepango, municipio de Atlixco, mataron a golpes a un presunto ladrón, luego de que ingresara con otro a una huerta de aguacate.

Se trató de dos hombres de origen nicaragüense que entraron a una huerta de aguacates para alimentarse, pero los dueños del lugar (padre e hijo) los golpearon hasta dejar sin vida a uno de ellos por el presunto robo de los productos.

Posteriormente, el viernes 13 de mayo, un hombre de 25 años de edad fue linchado, luego de que fuera señalado de haber robado una motocicleta al interior de un domicilio particular en la junta auxiliar de San Juan Raboso, perteneciente al municipio de Izúcar de Matamoros.

El último linchamiento ocurrió la noche del viernes 10 de junio, alrededor de las 22:00 horas en Huauchinago, dónde habitantes de la comunidad de Papatlazolco asesinaron a Daniel Picazo de 31 años de edad, de profesión abogado. Se sabe que los pobladores lo acusaron de presunto "robachicos" y que quiso llevarse a un menor en la camioneta en la que se conducía, hasta el momento esto no ha sido confirmado.

Fueron más de 200 personas las que participaron en el linchamiento y en la quema de una camioneta, pese a la intervención de la Policía Municipal, dónde señalan que se los arrebataron y lo mataron, según dio a conocer la Dirección General de Seguridad Ciudadana. De acuerdo a la versión oficial, el individuo fue retenido, golpeado y después fue conducido a un paraje conocido como “Las Canchas”, en Papatlazolco, en donde lo siguieron golpeando y después le prendieron fuego. Actualmente se señala que han sido detenidos 9 presuntos responsables en la comunidad señalada.

Al respecto, durante los primeros 4 meses de 2022 se registraron un total de 10 intentos de linchamientos en el estado, por lo que Puebla y dos estados más se ubican como los de mayor incidencia, así lo revelan datos de la organización Causa Común. A nivel nacional suman 82 intentos de hacer justicia por propia mano.

Siguiendo con el reporte de la organización, durante el 2021 en Puebla se registraron un total de 5 linchamientos y 36 intentos de éstos, mientras que en el 2020 se contabilizaron 10 linchamientos y 41 intentos de ejecución.

Es de destacar que existe un “Protocolo de Actuación para Casos de Linchamientos en el Estado de Puebla”, que establece las acciones coordinadas que se deberán llevar a cabo para “Proteger la vida, brindar garantías a las personas, respetar los derechos humanos y establecer la forma de actuar de los cuerpos de seguridad pública, en los casos en los que tengan conocimiento de algún intento de linchamiento”.

La situación actual, evidencia que robos, asaltos, violaciones, abigeato y pleitos por tierras, forman parte de la cotidianeidad de la pobreza y las franjas marginadas de no pocas sociedades. La inoperancia policial, la celeridad con que a veces los presuntos delincuentes recuperan la libertad, generan un clima de inseguridad y un sentimiento de injusticia en las poblaciones afectadas. La percepción social sobre el delito impune por ineficacia, desidia, connivencia o corrupción estatal obligaría a la gente a actuar por sí misma, incluso en contra de las autoridades que aparecen protegiendo a los considerados delincuentes. Las críticas a la acción estatal incluyen lentitud en la intervención policial, maniobras procesales que permiten la impunidad del delincuente, arbitrariedad policial o judicial, y en general circunstancias que convencen a los agraviados de que poco o nada pueden ya esperar del Estado. La ejecución misma de algunos linchamientos agrega argumentos en este sentido.

La corrupción, la impunidad y la complicidad del estado tienden a potenciarse en contextos en los que las condiciones materiales de la población van en retroceso. Las fallas de la institucionalidad del estado no suponen un inevitable estallido futuro de diversos tipos de violencias, sin embargo, sí establecen un contexto que potencia la irrupción de condiciones que pueden llevar a ellas, más aún si consideramos que en el caso de los linchamientos, las personas que recurren a ello se caracterizan por ser particularmente vulnerables a la incapacidad de las fuerzas de seguridad pública pues no pueden recurrir a alternativas como contratar seguridad privada como ocurre en el caso de personas de alto ingresos. Esto reitera la idea de que los linchamientos ocupan esas franjas liminales tendidas por la marginalidad, sea esta rural o urbana.

Es de destacar que el Estado garante de la seguridad pública, cuanta con monopolio legítimo de la fuerza. Sin embargo, en estos escenarios se presentan actores sociales culturalmente diferenciados con expresiones que pretenden recuperar el ejercicio punitivo de la agresión como reacción a la ausencia, ineficacia o corrupción de las instituciones públicas y legales. En esta línea, Raúl Rodríguez Guillén  considera a la crisis de autoridad como uno de los elementos que descompone al Estado, la cual inicia con la ineficiencia simbólica y de las autoridades, para continuar con la erosión de las instituciones y las leyes que lo sostienen. En este sentido, los linchamientos son expresión de la violencia social localizada y generada por un grupo de personas que la ejercen amparados por el anonimato y la descomposición institucional.

Por último; cuando se habla de la noción popular sobre los linchamientos, es común que se presente la idea de que estos eventos se explican fundamentalmente por los “usos y costumbres”, que las formas culturales de interpretación de la justicia son las que se activan cuando un colectivo recurre a la violencia para castigar algún delito. No obstante, al menos en el caso de estado de Puebla, los puntos de ocurrencia de los eventos demuestran que este fenómeno se presenta en localidades de muy distintas características demográficas, en términos de cantidad y concentración de los habitantes. A su vez, aun cuando pudiera pensarse que en el medio rural sí se vincula el fenómeno con aspectos de orden consuetudinario, hay que considerar que no porque una comunidad se encuentre localizada en ese medio, significa que su ámbito cultural se encuentre emparentado con las formas de convivencia de las comunidades indígenas o de los pueblos originarios. En este sentido, la diversidad de contextos y escenarios en los que se presentan los linchamientos, es por la ineficacia del estado, donde la omisión o aquiescencia, para salvaguardar la seguridad y el efectivo funcionamiento de procuración de justicia, es un pendiente a resolver para garantizar a la población una vida libre de violencia.

Director General del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla A.C