•  Modificación incluyó iniciativa presentada por la diputada Araceli Celestino Rosas
•  La iniciativa busca que el uso de la fuerza pública se haga apegada a la legalidad y dignidad de las personas
•  Se atendió la sentencia de la SCJN que obligó al Congreso a incorporar los principios de racionalidad y oportunidad

CDMX. - El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó modificaciones a la Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza para que se incorpore en el uso de ésta los principios de racionalidad y oportunidad.

El dictamen aprobado se conformó con siete iniciativas, una de ellas presentada por la diputada Araceli Celestino Rosas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT), el 6 de julio del 2022 en acatamiento a una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que declaró la invalidez del artículo 6, fracción VI, en su porción normativa “epiletal”.

"La iniciativa busca que el uso de la fuerza pública se haga apegada a la legalidad y dignidad de las personas, esto es importante porque pretende que el actuar de las policías sea apegado siempre a la ley, es decir, busca limitar que las instituciones policiacas cometan acciones arbitrarias", señaló.

En el resolutivo sexto de la Suprema Corte, detalló la petista, se ordenó al Congreso de la Unión para que en el este periodo ordinario de sesiones se legisle para establecer en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza la finalidad del uso de la fuerza y la sujeción del uso de ésta a los principios de racionalidad y oportunidad.

"Muchas mexicanas y mexicanos han sido testigos de cómo los policías actúan con prepotencia, que detienen sin una orden emitida por un juez o irrumpen de manera ilegal en lugares, sin una justificación como es la comisión de algún delito en flagrancia", refirió.

Sostuvo que esta propuesta busca hacerles frente a estas acciones arbitrarias, que han cometido algunos policías, que quieren actuar con impunidad contra la población.

El concepto de racionalidad, explicó la legisladora por el Distrito 15 en Puebla, significa que se debe valorar el objetivo que se persigue, las circunstancias de la agresión, las características personales y las capacidades tanto del sujeto a controlar como del integrante de las fuerzas de seguridad.

Esto implica, continuó, que según el acto hostil del que se sea objeto será necesaria la aplicación del uso de la fuerza.

Respecto al concepto de oportunidad, Celestino Rosas, comentó que al requerirse hacer uso de la fuerza se debe evitar a toda costa poner en peligro o riesgo la vida de personas ajenas a los hechos.

Por ello, abundó, debe procurarse reducir al máximo los daños y afectaciones tanto a la vida como a la integridad de las personas involucradas y sus bienes y en general, la afectación de los derechos de las personas.  

Por último, enfatizó en que la finalidad del uso de la fuerza, según la modificación aprobada, será salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación, preservación o restablecimiento del orden público, seguridad y la paz social.

"La definición de estos conceptos pretende garantizar dos principios constitucionales básicos uno es la legalidad y el segundo la seguridad jurídica, ya que limita que las actuaciones de autoridades de seguridad pública sean de forma ilegal", destacó.