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Desde el inicio de la LXII Legislatura, diputadas y diputados han impulsado y aprobado diversas iniciativas para garantizar la igualdad de género, así como para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, por lo que se mantiene un trabajo permanente en esta materia.  

Como parte de las acciones legislativas, el Congreso avaló la propuesta de la diputada Nayeli Salvatori Bojalil, para reformar el primer párrafo del artículo 3, el artículo 5 y el primer párrafo y la fracción II del artículo 7 de la Ley de Vivienda para el Estado de Puebla, con la finalidad de promover oportunidades de acceso a vivienda adecuada, con especial atención a mujeres víctimas de violencia y a sus hijas e hijos, así como integrar los principios de igualdad, perspectiva de género y no discriminación.

Tras el análisis de la propuesta de la diputada Celia Bonaga Ruiz, la LXII Legislatura aprobó reformas al primer párrafo del artículo 497 y el artículo 498 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con el objetivo de establecer que los alimentos comprendan –más allá de comida, vestido y habitación— el esparcimiento y demás necesidades integrales para su sano desarrollo.

Asimismo, incluir que, respecto de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes los alimentos comprendan, además, los gastos necesarios para la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y educación media superior del alimentista, y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión que resulte adecuado a sus circunstancias personales.

A partir de la propuesta del diputado Rosalío Zanatta Vidaurri y de la diputada Floricel González Méndez para modificar el artículo 10 de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se aprobaron reformas para considerar en la legislación la violencia simbólica, como todo acto u omisión que reproduce y perpetúa relaciones de dominación, desigualdad y discriminación, mediante patrones socioculturales, roles o estereotipos basados en el sexo.

Los cuales se transmiten, a través de mensajes, valores, símbolos, íconos, señaléticas, signos, dibujos o imágenes, por los medios de comunicación, las redes sociales, la cultura, la educación, la religión y otros ámbitos sociales, y que contribuyen a naturalizar la subordinación de las mujeres en la sociedad o, en su caso, a menoscabar, discriminar o difundir mensajes peyorativos en contra de estas últimas.

Entre las iniciativas que fueron aprobadas, también destaca la impulsada por la legisladora Xel Arianna Hernández García, mediante la cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución del Estado, la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de igualdad sustantiva y erradicación de la brecha salarial por razones de género.

De igual forma, las y los diputados avalaron la propuesta de su compañera Azucena Rosas Tapia para reformar el párrafo primero del artículo 18 Bis de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a fin de incluir al personal administrativo en la definición de violencia obstétrica, con el objeto de garantizar que se respete la dignidad, autonomía y derechos humanos de las mujeres en todo momento, creando un entorno seguro, respetuoso y libre de violencia en el ámbito obstétrico.

Con la finalidad de garantizar los derechos de niñas y adolescentes, el Congreso del Estado avaló la iniciativa impulsada por el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional para derogar la fracción XVIII del artículo 91 de la Ley Orgánica Municipal y, con ello, eliminar como facultad y obligación de los presidentes municipales suplir a los menores de edad el consentimiento que necesiten para contraer matrimonio.

En el mismo sentido, el Grupo Legislativo impulsó reformas a la fracción II del artículo 119 de la Ley de Educación del Estado de Puebla, con el propósito de establecer programas de diseño, elaboración y entrega gratuita de productos de gestión menstrual reutilizables, sustentables y ecológicos, como acción de las autoridades educativas estatales y municipales.

De igual forma, la LXII Legislatura aprobó el dictamen promovido por la entonces diputada Laura Artemisa García Chávez, mediante el cual se reforma el último párrafo del artículo 267 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, con el propósito de establecer que la persecución en los casos de violación cometida entre cónyuges y concubinos será de oficio.

- El incumplimiento a las disposiciones de ley, deriva en sanciones y retiro de la unidad.

- Dicha medida fortalece la seguridad vial y el orden vehicular en el estado.

PUEBLA, Pue.- Conforme a la estrategia integral de seguridad vial que impulsa el Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Alejandro Armenta Mier, la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) detectó el uso de permisos provisionales de circulación expedidos por municipios y entidades federativas para transitar dentro del territorio poblano, por lo que se informa que dichos permisos no tienen validez en Puebla.

La normativa estatal y federal establece que los documentos de este tipo solo tienen efectos en la entidad o municipio donde fueron expedidos, por lo que su uso en el estado de Puebla se considera irregular. Por tal motivo, se exhorta a la ciudadanía a no utilizar estos documentos para circular en la entidad poblana. El incumplimiento a las disposiciones de ley, deriva en sanciones administrativas y el retiro de la unidad.

De igual forma, se informa que continuarán los operativos de supervisión en las vías de comunicación de jurisdicción estatal en puntos estratégicos, con el objetivo de detectar unidades que circulan con este tipo de documentos.

El Gobierno del Estado de Puebla reafirma su compromiso con la legalidad, la seguridad vial y la tranquilidad de las familias poblanas, ya que esta medida forma parte de las acciones para fortalecer la seguridad vial, el control del padrón vehicular y el orden en la circulación.

Con la finalidad de homologar y endurecer las sanciones por el delito de abuso sexual, así como fortalecer la igualdad sustantiva, la diputada Xel Arianna Hernández García presentó una iniciativa para reformar los artículos 260, 261, 262 y 263 del Código Penal del Estado de Puebla, que pretende generar cambios sustanciales en la tipificación y sanción de esta conducta.
 
La propuesta legislativa establece que el consentimiento no podrá inferirse del silencio, la pasividad o la falta de resistencia física de la víctima. Asimismo, precisa que el acto sexual comprende tocamientos, caricias, roces corporales, exhibiciones y representaciones sexuales explícitas. Además, plantea que el delito de abuso sexual se persiga de oficio.
 
De igual manera, se propone que la persona agresora garantice la reparación integral del daño a mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de este delito.
 
En rueda de prensa, la diputada puntualizó que esta propuesta fortalece el marco jurídico y eleva las sanciones hasta 10 años de prisión para quienes vulneren la integridad de las víctimas. Añadió que la iniciativa también busca erradicar la impunidad y garantizar un marco legal que facilite la denuncia y el acompañamiento especializado.
 
BUSCA GARANTIZAR EXISTENCIA DE FISCALÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
 
Asimismo, con el objetivo de garantizar la existencia de una Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres, así como el establecimiento de sedes regionales en la entidad, la diputada Xel Arianna Hernández presentó una iniciativa de reforma a la Constitución local.
 
En rueda de prensa, la legisladora reiteró que presentó una iniciativa de decreto para reformar el artículo 95 y adicionar un último párrafo al artículo 96 de la Constitución Política del Estado de Puebla, con la finalidad de fortalecer el marco constitucional y asegurar que el Ministerio Público, organizado en la Fiscalía General del Estado como órgano público autónomo, actúe bajo los principios de eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo y responsabilidad, incorporando de manera expresa la perspectiva de género y el respeto a los derechos humanos.
 
En la modificación propuesta al artículo 96 se establece que, a efecto de proteger el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, la Fiscalía General del Estado deberá contar con una fiscalía especializada en la investigación de delitos relacionados con la violencia de género contra las mujeres, y podrá establecer sedes regionales para garantizar una atención más cercana, accesible y eficaz en todo el territorio poblano.

- Como gobierno combatimos frontalmente los actos que no cumplan con los principios de la Cuarta Transformación, puntualizó el gobernador.

PUEBLA, Pue.- En el Gobierno del Estado existe cero tolerancia a la corrupción y se combate la impunidad, por lo que las y los servidores públicos deben conducirse con ética, responsabilidad y bajo los principios de la Cuarta Transformación.

El gobernador Alejandro Armenta puntualizó que en su administración toda denuncia es investigada y, en su caso, sancionada, motivo por el cual todas y todos los trabajadores deben actuar con estricto respeto a la ley y con cuidado en su conducta, para honrar la confianza ciudadana.

“El cargo no nos hace más”, señaló el gobernador Armenta al informar que recientemente un trabajador fue reportado ante la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno por una irregularidad en el uso de una unidad oficial, situación que derivó en su baja del servicio público.

Por lo anterior, el ejecutivo estatal reiteró que las y los funcionarios deben conducirse con respeto, ya que están sujetos al escrutinio de la sociedad. Recordó la visión de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien ha señalado que ningún partido político, y mucho menos quienes representan a la Cuarta Transformación, puede ser un paraguas para delinquir o corromperse.

En este contexto, la secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez, hizo un llamado atento para que, en congruencia con el actuar de la administración estatal, las y los funcionarios públicos se conduzcan con responsabilidad y congruencia con los valores del movimiento.

Finalmente, la titular de Bienestar señaló que, como lo ha instruido el gobernador Alejandro Armenta, las y los servidores deben ser cuidadosos en sus acciones, ya que representan un proyecto de transformación y una ideología basada en el bienestar social y en los principios de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo.

- Hasta 15 años de cárcel para quien cometa dicho delito: José Luis García Parra, coordinador de Gabinete.

PUEBLA, PUE. - Ante el incremento de prácticas de despojo inmobiliario, el Gobierno de Puebla turnó al Congreso del Estado una iniciativa de reforma legislativa para endurecer las sanciones contra este delito, informó el coordinador de Gabinete, José Luis García Parra. Este acto delictivo afecta principalmente a personas adultas mayores, personas con discapacidad, niñas, niños y comunidades indígenas.

El funcionario estatal explicó que la iniciativa enviada al poder legislativo contempla un incremento de las penas de prisión y sanciones económicas. Detalló que la sanción pasará de 6 a 12 años de prisión, además de que la multa oscilará entre 100 y mil 500 Unidades de Medida y Actualización (UMAS).

La propuesta de reforma profundiza las penas para quien financie o sea autor intelectual de este tipo de delitos, con pérdida de la libertad entre 7 y 15 años; y multas de mil a 3 mil UMAS. “Tenemos que cerrarle el paso a la corrupción. Ahora está en manos de las y los diputados. Desde luego que ellos analizarán y harán lo que corresponda”, afirmó García Parra.

El propósito de la iniciativa es limitar la comercialización de tierras, la lotificación o la especulación inmobiliaria a través del despojo de bienes inmuebles, en la que participan dolosamente notarios públicos. La pena aumentará hasta en una tercera parte cuando el despojo tenga una finalidad lucrativa. La sanción también se incrementará si se utilizan documentos falsos, se inscriben actos simulados en el Registro Público de la Propiedad o existe participación dolosa de un notario público para facilitar o encubrir el delito.

Con estas acciones, el Gobierno de Puebla protege el patrimonio y la legalidad; así como defiende los derechos de sectores vulnerables, al tiempo de fortalecer el marco jurídico para combatir el despojo inmobiliario.

- La iniciativa busca combatir el “marcaje” bancario y proteger el patrimonio de las y los usuarios

Con el objetivo de fortalecer la protección del patrimonio de las personas que acuden a instituciones bancarias, el diputado Andrés Iván Villegas Mendoza presentó una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado de Puebla en materia de robo a cuentahabientes.

La propuesta legislativa plantea reformar y adicionar diversas fracciones del artículo 380 del Código Penal del Estado, a fin de establecer como circunstancias agravantes del delito de robo aquellos casos en los que la víctima haya retirado dinero en efectivo de una institución bancaria o cajero automático y sea despojada de sus recursos de manera inmediata, ya sea dentro del lugar de retiro o durante el trayecto a su destino inmediato.

El legislador explicó que esta iniciativa pretende combatir un modo delictivo, conocido como “marcaje”, que consiste en vigilar, seguir o identificar a personas que realizan retiros de efectivo, para posteriormente cometer el robo, generalmente mediante esquemas organizados y con niveles de planeación y violencia.

Asimismo, la iniciativa contempla agravar la pena cuando para la comisión del delito exista vigilancia previa, seguimiento o provisión de información por parte de terceros, aun cuando dichas conductas sean realizadas por personas distintas al autor material del delito. De igual forma, establece un incremento mayor de la sanción cuando en el robo participe, colabore o proporcione información un empleado o ex empleado de instituciones bancarias o financieras.

Con esta propuesta, el legislador busca que se sancione de forma proporcional, tanto a quienes realicen materialmente el robo, como a quienes faciliten o hagan posible su ejecución; asimismo, inhibir la filtración de información desde instituciones financieras y fortalecer la confianza ciudadana.

Ante el incremento de casos de abandono de niñas, niños y personas en situación de vulnerabilidad, la diputada Delfina Pozos Vergara presentó una iniciativa para reformar el artículo 354 del Código Penal del Estado de Puebla, con el objetivo de endurecer las sanciones cuando el abandono provoque lesiones o la muerte. 

La propuesta establece que, en estos casos, se presuma la premeditación, lo que permitiría aplicar sanciones correspondientes a delitos calificados, incrementando de manera significativa las penas para quienes incurran en estas conductas. 

La legisladora señaló que, si bien el abandono de personas ya se encuentra tipificado en la ley, los recientes hechos registrados a nivel nacional y estatal evidencian un problema estructural que requiere respuestas más firmes desde el marco legal. 

Las consecuencias del abandono son devastadoras y, en muchos casos, irreversibles. Cuando este acto deriva en lesiones o incluso en la muerte, no puede tratarse como un daño colateral, sino como un acto que implica responsabilidad penal agravada, subrayó la diputada. 

La iniciativa busca, además, homologar la legislación estatal con el Código Penal Federal, fortaleciendo el efecto disuasorio de la norma y garantizando una mayor protección a los derechos de niñas, niños, adolescentes y personas en situación de vulnerabilidad. 

Con esta propuesta, la diputada Delfina Pozos reafirma su compromiso con la defensa de la vida, la integridad y la dignidad humana, así como con el fortalecimiento del marco jurídico para prevenir y sancionar conductas que atentan contra los sectores más desprotegidos de la sociedad.

- Se exhorta a la ciudadanía a disfrutar las festividades de forma segura; el uso de pirotecnia no está permitido y puede derivar en multas y sanciones

Puebla, Pue.- Con el objetivo de promover celebraciones decembrinas tranquilas y seguras, el Gobierno de la Ciudad, que encabeza el presidente municipal, Pepe Chedraui, exhorta a la ciudadanía a evitar el uso de pirotecnia durante esta temporada, a fin de proteger la salud, el entorno y la tranquilidad de todas y todos durante las fiestas.

La Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano, a través de la Dirección de Gestión de Riesgos en materia de Protección Civil, hace un llamado ante el riesgo que representan estos artefactos como quemaduras y lesiones auditivas hasta accidentes graves que pueden afectar especialmente a niñas, niños y adolescentes. Así como cuidar el medio ambiente de la contaminación y reducir afectaciones a los animales de compañía.

Asimismo, de acuerdo con el Código Reglamentario para el Municipio de Puebla (COREMUN), el uso de objetos detonantes sin permiso o fuera de lo establecido por la autoridad competente está sujeto a sanciones. Por ello, es importante recordar que encender cohetes o juegos pirotécnicos en la vía pública constituye una falta administrativa.

Las multas por incumplir estas disposiciones van desde $542.85 pesos hasta $6,514.20 pesos, equivalentes a 5 a 60 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Además, quienes reincidan o representen un mayor riesgo pueden ser acreedores a arrestos de hasta 36 horas o asignación de trabajo comunitario. 

En caso de presenciar alguna situación que represente un riesgo para la colonia o el patrimonio, se recomienda a la ciudadanía comunicarse de inmediato al número de emergencias 911, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno de la Ciudad, con el fin de garantizar unas fiestas decembrinas seguras, responsables y en armonía con el entorno.

- Llama el gobernador Alejandro Armenta a generar conciencia y a no evadir la responsabilidad ciudadana en materia de movilidad.

PUEBLA, Pue.- Como resultado del operativo “Monitor Vial”, implementado por el Gobierno del Estado de Puebla a través de la Secretaría de Movilidad y Transporte, hasta el 29 de diciembre se aplicaron sanciones a 120 conductores por exceder los límites de velocidad. De este total, 108 corresponden a infractores reincidentes y únicamente 12 cometieron la falta por primera vez, lo que evidencia la necesidad de fortalecer la cultura de prevención, a fin de salvaguardar la vida.

Al respecto, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, hizo un llamado enérgico a las y los conductores a tomar conciencia sobre la importancia de respetar las normas de seguridad vial y subrayó que su administración no se deslinda de su deber, por el contrario, trabaja para proteger la vida de las y los poblanos.

Sobre la práctica de algunos ciudadanos de clonar placas de otros estados, para evadir la normativa de tránsito y cometer infracciones, lo que en muchos casos ha derivado en tragedias, el mandatario estatal advirtió que cuando la autoridad actúe con sanciones o detenciones, entonces “no se llamen víctimas a quienes cometen delitos".

Cabe recordar que con la finalidad de garantizar la seguridad de la población y sancionar a conductores con placas foráneas que exceden los límites de velocidad, el Gobierno del Estado puso en marcha el operativo en vialidades como la Recta a Cholula, Periférico Ecológico y Vía Atlixcáyotl.

El dispositivo implementado por la Secretaría de Movilidad y Transporte, a través de la Dirección de Agentes de Proximidad Vial y en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), previene accidentes de tránsito y a su vez protege a peatones y automovilistas.

Previo al operativo, la Secretaría de Movilidad y Transporte, informó que tienen reportadas más de 5 millones de infracciones de vehículos que transitan a exceso de velocidad, de los cuales, más de 4 millones corresponden a matrículas de otros estados como Tlaxcala y Estado de México.

Londres.- Una investigación periodística internacional ha revelado que una firma británica con sede en Londres estaría reclutando cientos de mercenarios colombianos para combatir en la guerra civil de Sudán junto a las controvertidas Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), un grupo paramilitar acusado de graves crímenes de guerra en la región de Darfur.

La investigación, publicada por The Guardian y replicada por otros medios, identifica a la empresa Zeuz Global como el eje de una red de reclutamiento y despliegue de exmilitares colombianos en el conflicto sudanés. La compañía, registrada inicialmente con otro nombre en la capital británica, ha sido vinculada a personas sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por su participación en estos envíos de combatientes al país africano. 

Red de reclutamiento y sanciones

De acuerdo con los reportes, Álvaro Andrés Quijano Becerra y Mateo Andrés Duque Botero figuran como dirigentes de Zeuz Global, que operó desde direcciones discretas en Londres antes y después de ser incluida recientemente en una lista de sanciones estadounidenses. Ambas figuras, de origen colombiano y vinculadas a la firma, habrían organizado el reclutamiento, entrenamiento y envío de combatientes hacia el teatro de guerra sudanés. 

La magnitud exacta del reclutamiento aún es objeto de investigación, pero estimaciones preliminares indican que cientos de exmilitares colombianos han pasado por este esquema, muchos de ellos con experiencia en conflictos extranjeros. La investigación también apunta a un papel tecnológico, particularmente en el entrenamiento en el uso de drones, que habría sido clave para las operaciones de las RSF en batallas como la de El Fasher, en Darfur —una ofensiva que ha dejado miles de muertos y múltiples denuncias de violaciones graves de derechos humanos. 

Implicaciones geopolíticas y legales

El caso ha generado alarma en varios sectores de la comunidad internacional. El uso de mercenarios extranjeros en conflictos armados está ampliamente regulado por leyes internacionales, y la presencia de compañías privadas que explotan lagunas legales en distintos países —incluido el Reino Unido— ha sido duramente criticada por expertos en seguridad y derechos humanos.

Organizaciones internacionales han señalado que las RSF están implicadas en graves abusos en Sudán, incluidos asesinatos masivos, violencia sexual y desplazamientos forzados, lo que convierte cualquier apoyo militar externo en un factor agravante de la crisis humanitaria.

Reacciones y debates

Aunque los gobiernos directamente involucrados aún no han emitido declaraciones formales sobre las implicaciones legales de estas actividades, la investigación ha reavivado el debate sobre la responsabilidad de los países que albergan empresas que facilitan el reclutamiento de mercenarios y sobre la necesidad de mecanismos más estrictos de control corporativo y de sanciones internacionales para frenar la exportación de violencia a través de intermediarios privados. 

Este caso pone de manifiesto cómo los conflictos contemporáneos han evolucionado más allá de los ejércitos regulares, incorporando actores no estatales y redes transnacionales que desafían los marcos jurídicos existentes y amplían los riesgos de prolongación y intensificación de conflictos como el de Sudán.