Columna | P u l s o   P o l i t i c o
                               
                                 En una nota publicada ayer por CAMBIO en sus páginas centrales, se da cuenta de que según una encuesta nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, realizada por el INEGI, la entidad poblana salió muy mal parada en eso de la inseguridad y que el único dato positivo de esa encuesta, es el descenso del costo por delito, que pasó de 7 mil 787 pesos, a 5 mil 59 pesos, además de una “mejora marginal” en la percepción de inseguridad, pues de 68.4 por ciento, pasó a 68.1 por ciento. Realmente muy marginal.

                                 Pero esos datos podrían ser engañosos. Bajar el costo por delito en más de 2 mil pesos, resulta ilógico, si no se tienen datos sobre la desaparición de todas las agencias subalternas del Ministerio Público en el estado y el despido de cientos de trabajadores del sistema judicial.

                                La desaparición de las agencias subalternas del MP, tuvieron como consecuencia inmediata, según se ha comprobado, la baja en las denuncias de los ciudadanos víctimas de algún ilícito, pues esas denuncias deberían hacerlas directamente en la cabecera de distrito, para lo que tendrían que hacer gastos y someterse a esa tortura de andar casi mendingando que les recibieran su denuncia y después hacer viajes frecuentes para conocer el curso que lleva su caso.

                                El despido injustificado de cientos de trabajadores de los juzgados civiles y penales de la entidad, provocó la sobre carga de trabajo de los empleados que quedaron. Sabemos de dos casos de muerte por esos despidos, de empleados con avanzada edad y con varios años de servicio y de las complicaciones que se vinieron encima en los juzgados de la entidad, al personal que ha seguido prestando sus servicios, pues las ocho horas reglamentarias establecidas en la Ley Federal del Trabajo, se convirtieron en 12 o más horas, sin pago extra. Jueces y empleados que han sufrido estrés y que lo siguen sufriendo, pues trabajan bajo presión todos los días, para poder desahogar los casos en el menor tiempo posible, pues los familiares y abogados de los acusados y de los acusadores, presionan para que cada caso se resuelva en el menor tiempo posible, algo que cada día es más problemático por los rezagos que la falta de personal suficiente, provoca.

                               Algunos gobiernos locales en México, han pensado, sobre todo después de instaurado el neoliberalismo en nuestro país, que la impartición de justicia, la educación y otros renglones del gasto público, deben estar en números negros y no en números rojos, como siempre están.

                               Los tecnócratas no tienen capacidad para entender, que esos son servicios, lo mismo que los de salud, que el Estado tiene obligación de dar a la ciudadanía que es la que los paga con sus impuestos. Pensar reducir los gastos de educación, justicia, salud, cultura, etc., es idea de locos, que llegan a creer que esos gastos son inútiles y que deben asumirlos los propios interesados.

                               Se gastan miles de millones de pesos en subsidios a los partidos políticos y en gasto electoral, gastos realmente inútiles y absurdos, para montar una enorme obra teatral que ante el mundo, demuestre que somos un país democrático, que todos sabemos, que no lo somos.

                               La reacción de los políticos y de sus partidos ante la tragedia que han sufrido la capital del país y los estados de Oaxaca, Chiapas, Puebla y Morelos, ha sido indudablemente tardía y más protagónica que efectiva. Las excepciones han sido en el caso de los estados: Antonio Gali, de Puebla; Murat, de Oaxaca; Miguel Angel Mancera, de la ciudad de México y Velasco, de Chiapas, entre algunos otros.

                              El problema es que los políticos y sus respectivos partidos, han perdido la sensibilidad política y social que se adquiere con el contacto permanente con el pueblo. Al perder eso, que debería ser esencial en cualquier político o aspirante a serlo, además de la ideología que sus partidos dicen sustentar, quedan en la nada. No saben que decir, qué hacer, como actuar y con mucha frecuencia caen en el ridículo, pues su protagonismo se desborda y la gente se da cuenta de ello.

                              Los diputados locales están pensando cuánto van a donar para ayudar a los afectados por los sismos. Tan fácil que sería para ellos donar como mínimo un mes de su sueldo, pues han sido gente privilegiada, muchos sin ningún mérito, pues estarán en el cargo casi cinco años, cuando lo normal es estar tres años. El caso de los diputados actuales, es único, ya que les tocó cubrir el periodo necesario para empatar las elecciones locales con las federales. Qué les costaría dar un mes de su elevado salario para los damnificados poblanos, a quienes representan en el Congreso, un mes de los diecinueve meses extras que ellos recibirán. Pero bueno, esa es una decisión que ellos deben tomar.