La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en un acto por demás irresponsable e inadmisible, dio un golpe bajo al Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (PRONAPRED), al dejar en ceros, el rubro de asignación de recursos a este programa en el Presupuesto de Egresos 2017.

El PRONAPED, era un programa diseñado y financiado por el Gobierno Federal, y coordinado por la Subsecretaria de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, encargado de atender los factores de riesgo y de protección vinculados a la violencia y la delincuencia, para maximizar y lograr resultados sostenibles en el mediano y largo plazo en materia de seguridad.

Por ello, el Gobierno de la República se comprometió a atender estos problemas desde un enfoque multidisciplinario e integral que se regía bajo el principio de corresponsabilidad entre los tres órdenes de gobierno y la ciudadanía, ya que el uso legítimo de la fuerza institucional debe acompañarse de políticas de prevención social que atiendan las causas estructurales de la violencia y la delincuencia.

Sin embargo, El Ejecutivo federal no solicitó recursos para la estrategia a pesar de que está contemplada en el Plan Nacional de Desarrollo, y que es presumida en eventos públicos y privados, como el instrumento encargado de acortar los factores de riesgo para la población más vulnerable: niños, adolescentes, mujeres y migrantes; así como garantizar mecanismos y programas institucionales para la atención integral a las víctimas de violencia.

Este incomprensible acto afectará a demarcaciones como Acapulco, Iguala, Ecatepec, Reynosa, Valle de Chalco, Culiacán, Hermosillo, Iztapalapa y Tijuana, ya que con el recurso federal que recibían por este programa, impulsaban acciones como: rescate de espacios públicos, promoción del deporte y la cultura, atención de adicciones y promoción de proyectos productivos.

En 2016, el recurso del PRONAPED para todo el país ascendió a 2 mil 15 millones 311 mil pesos el cual se asignó a 69 municipios de las 32 entidades federativas del país, según el acuerdo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 15 de febrero pasado para definir los lineamientos a seguir en el otorgamiento de ese apoyo.

La capital poblana, Tehuacán y Atlixco formaron parte de la lista de ciudades contempladas en la distribución de ese fondo. A la primera se le asignaron 32 millones 220 mil pesos, a la segunda 15 millones 854 mil pesos y a la tercera 12 millones 865 mil pesos.

Recurso que ya no recibirán más y que era por demás necesario para hacer frente a la delicada situación que se vive hoy en día en Puebla, en materia de seguridad pública, justo en este momento, se quedó sin recursos federales para la prevención del delito y la recomposición del tejido social, que éste año representó una inversión de 61 millones de pesos para sus tres principales ciudades.

Es preciso subrayar, que la falta de recursos para el PRONAPRED no significa que no exista presupuesto para hacer frente a la delincuencia, porque el combate y la prevención son dos acciones distintas. Sin embargo, se deja en el desamparo una de las dos acciones fundamentales, que en el rubro de previsión social cumplía con cuatro tareas centrales: 1) atender aquellos factores de riesgo social que están vinculados con la ocurrencia y persistencia de la violencia y la delincuencia; 2) Fomentar la integración comunitaria; 3) Promover la participación ciudadana en la solución de problemas de seguridad y 4) Consolidar los lazos de confianza entre la sociedad y las autoridades encargadas de la seguridad.

Los proyectos financiados con recursos del PRONAPRED se encontraban orientados a incrementar la corresponsabilidad de la ciudadanía y actores sociales; reducir la vulnerabilidad ante la violencia y la delincuencia; generar entornos que favorezcan la convivencia y seguridad; y fortalecer las capacidades institucionales.

Después de este indigno acto de los diputados federales contra la seguridad de sus representados, todo se acota a la capacidad de reacción de los gobiernos estatales para hacer frente a los factores de riesgo de violencia y delincuencia en sus estados, por lo que el gobernador electo de Puebla, Tony Gali,tendrá que responder a este  gran reto en su  gobierno, para, ahora por la irresponsabilidad de los Diputados, sin apoyo federal.