PUEBLA, Pue. - Con motivo de la aplicación del oficio SEP-305.DP/211/2021 de fecha 2 de diciembre de 2021, emitido por el C. ANGEL VAZQUEZ GALVEZ Director de profesiones de la Secretaría de Educación, en el que ordena que a partir del 1 de enero de 2022 todos los programas del área de la salud para efectos de titulación, deberán sujetarse a lo establecido en el artículo 17 del acuerdo del Secretario de Educación Pública , por el que regula las opciones y formas para la obtención del título profesional, del diploma de especialidad y de los grados académicos, que a la letra dice: “Los egresados del área de la salud sólo podrán obtener el título profesional, diploma de especialidad o grado académico, mediante la opción de elaboración de tesis, con sustentación de examen profesional en defensa de la misma”; asimismo señala que la Prestación del Servicio social para dichos programas deberá ser de un período de 12 meses ininterrumpidos, conforme a la 35ª. Base de las Bases para la Instrumentación del Servicio Social de las profesiones para la salud, que establece:

“La práctica del servicio social tendrá una duración de 12 meses continuos y se efectuará en los lugares que para este efecto tengan disponibles la Secretaría o las instituciones de Servicio o las de Educación Superior”.

Al citado oficio corre anexo el catálogo de las áreas de conocimiento que serán consideradas cómo pertenecientes al área de salud por parte de la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud (CIFRHS), el cual fue emitido en octubre de 2018 y vigente a partir de esa fecha.

Se debe aclarar que hasta antes de la emisión del referido oficio solo se aplicaba el criterio servicio social de doce meses y que solo se realizará en instituciones de salud a las carreras de Medicina y Enfermería.

Lo anterior ha originado una grave afectación para un número superior a los  9 mil egresados de  las más de 80 instituciones privadas del Estado que imparten programas en el área de la salud, vulnerado de manera flagrante sus Derechos humanos, sin observar el interés superior de los estudiantes, coartando el derecho a ejercer la profesión, el derecho a un libre desarrollo de la personalidad, obstaculizando  su incursión al mercado laboral, negando el acceso a mejores condiciones de vida y poniendo en grave riesgo su subsistencia y la de sus familias, lo que se traduce en una grave problemática que afecta la fibra social; todo esto derivado del actuar del  Director de Profesiones, que a sabiendas de que durante los últimos 35 años, la propia  Secretaría de Educación estatal, validó el servicio social de los estudiantes por 6 meses y autorizado otras formas de titulación como son: por promedio, por estudios de maestría y por conocimientos generales, esto  a través de los REGLAMENTOS DE TITULACIÓN a las instituciones mismos que fueron autorizados por la propia Secretaría de Educación, además ya sido la propia Secretaría, la que ha suscrito las actas de examen profesional de los estudiantes, es así entonces, que esté servidor público ORDENÓ APLICAR DICHAS NORMAS EN FORMA RETROACTIVA A ESTUDIANTES DE GENERACIONES ANTERIORES Y DE ESTA MANERA Y DE FORMA SISTEMÁTICA LES ESTA NEGANDO LA EXPEDICIÓN DEL TÍTULO PROFESIONAL, bajo el argumento de que los egresados deben acreditar el servicio social por UN AÑO FORZOSAMENTE EN INSTITUCIONES DEL SECTOR SALUD (que tiene insuficiencia de campos clínicos) y titularse por TESIS, con lo que ANULAN LAS ACTAS DE EXAMEN EMITIDAS Y EN ALGUNOS CASOS LAS MAESTRÍAS CURSADAS.

Los rectores de las instituciones de nivel superior de financiamiento privado y los afectados han tenido reuniones con el Director de Profesiones y la Directora de Educación Superior Particular para buscar una solución al problema, sin que hasta este momento hayan tenido una respuesta positiva, por lo que se han visto obligados a pedir la intervención de la Comisión de Derechos Humanos del Estado y de la Justicia Federal mediante Juicios de Amparo Indirecto, lo que puede tardar entre 6 y 12 meses, por lo que hacen esta denuncia pública y piden la intervención del Gobernador del Estado Miguel Barbosa Huerta, para que se busque una solución y no se afecten los derechos de los miles egresados, dado que muchos de ellos ya cuentan con el Acta de Examen profesional, y sólo están a la espera de la expedición de su título para tramitar su cédula ante la Dirección General de Profesiones y poder ejercer la licenciatura que cursaron.