Columna | P U L S O    P O L I T I C O

            Por lo general se pierde de vista, que para el efectivo combate a la inseguridad y a la delincuencia, males que agobian al país desde el gobierno de Felipe Calderón, se requieren reformas serias, contundentes en nuestros sistemas de procuración e impartición de justicia.

            Se pueden llegar a tener cuerpos policíacos, estatales y municipales, bien capacitados y bien entrenados, una guardia nacional igualmente capaz y confiable, la participación del Ejército y de la Marina, sin que se tengan resultados efectivos en la disminución de la inseguridad y la delincuencia, como ha venido ocurriendo en casi todo el país.

           El meollo del asunto radica en que en casi todas las entidades del país, hay en las fiscalías y juzgados, elementos poco confiables, insuficientes, corruptos, que con sus actuaciones echan a perder todo lo que pudiera lograrse mejorando los cuerpos de seguridad.

          No hay que olvidar por ejemplo, que en Puebla, a la llegada del “morenovallismo” (PAN) al poder, había en la entidad, casi 700 agencias del Ministerio Público, distritales y auxiliares, que permitían al menos, que los ciudadanos presentaran denuncia ante la autoridad por la comisión de algún ilícito en su perjuicio.

             Para bajar los índices crecientes de la percepción de inseguridad y violencia, se decidió eliminar las agencias que recibían las denuncias, hasta dejarlas en solo 70.

              Los campesinos, los habitantes de localidades pequeñas y medianas, deberían viajar a las cabeceras distritales, para presentar sus quejas sobre cualquier ilícito cometido en su perjuicio, lo que representaba gastos que muchas veces no tenían posibilidad de hacer.

             Pero además, las 70, agencias del MP, que quedaron de las 700 existentes, eran totalmente incapaces de atender la enorme carga de trabajo que se les vino encima. No tenían personal suficiente ni para atender un porcentaje más o menos respetable.

             Para decirlo llanamente, ni siquiera se les podía otorgar una atención mínima lo que provocaba enojo y decepción entre los ciudadanos que dejaron de acudir a hacer denuncias o presentar quejas, lo que convirtió a Puebla casi en un paraíso, que era lo que se pretendía: un estado libre de violencia e inseguridad, con instalaciones de vigilancia en carreteras (arcos de seguridad, se les llamó) donde nunca se supo de alguna detención de traficantes de drogas y armas, pese a que en ellos se invirtieron millones de pesos en instalaciones faraónicas y aparatos sofisticados, por lo menos eso se dijo, para detectar cualquier ilícito.

              Para completar el panorama, el jefe de Seguridad del Estado, fue don Facundo Rosas, perteneciente al grupo de Genaro García Luna, el secretario de seguridad de Calderón, que está preso en los Estados Unidos, acusado de haber sido cómplice nada menos que del Chapo Guzmán, jefe del cártel de Sinaloa, el más poderoso y violento de los cárteles delincuenciales mexicanos. Don Felipe Calderón, no se dio cuenta de nada en seis años en los que el señor García Luna, gozó de toda su confianza y protección. Cuánta inocencia o ingenuidad.

              Sin una Fiscalía bien conformada, por abogados capaces, honestos y en número suficiente para atender la demanda ciudadana, todo lo demás saldrá sobrando.

                Los fiscales son los funcionarios que integran las averiguaciones sobre la comisión de algún delito. Si esas averiguaciones están bien hechas, están bien integradas, los jueces pensarán dos veces antes de tomar una decisión incorrecta.

              Si las averiguaciones están mal hechas, mal integradas, el reo será puesto en libertad casi de inmediato.

              Un buen trabajo policiaco, se vendrá abajo, si hay un mal trabajo de la Fiscalía y propiciará la corrupción en el Poder Judicial y la inseguridad y la violencia seguirán imperando, pues continuará la impunidad que es la principal causa del problema que estamos padeciendo en todo el país. Ese es el tamaño del problema y de la necesidad de acertar en la designación de un buen fiscal.

              Se ha venido hablando del abuso cometido por los dirigentes del partido Compromiso por Puebla, (PCPP) doña Laura Verónica Escobar Juárez y don Fidel Montes Hernández, de haber realizado cambios en los estatutos de ese partido, a fin de asegurar su estancia en la dirigencia, por 17 largos años.

             Realmente eso no tiene la menor importancia. Se trata de un partidito local, sin presencia, sin organización, sin estructura, sin ideología, y cuya meta, de sus dirigentes, es seguir gozando del subsidio que les de el gobierno estatal, que constituye una pequeña fortuna y que será empleada en beneficio personal de sus dirigentes.

             Compromiso por Puebla, no tiene en la realidad, compromiso con nadie. Puede desaparecer hoy o mañana o pasado mañana y Puebla y el mundo seguirán como si nada hubiera pasado. Ese es el tamaño de su importancia.

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            Las “jornadas ciudadanas” de los martes, anunciadas por el jefe del Poder Ejecutivo, Luis Miguel Barbosa Huerta, se iniciaron con gran éxito en esta capital, con quince mesas de otras tantas dependencias, entre ella la del jefe del Ejecutivo Estatal, que tuvo su sede en Casa Aguayo.

            La intención de las nuevas autoridades estatales, es efectuar este tipo de acercamiento con los ciudadanos, los martes de cada semana y atender las peticiones ciudadanas de los 22 distritos en que ha sido divido el estado para trabajar con mayor eficiencia. Los funcionarios llevarán a cabo estas actividades en cada cabecera de distrito y desde luego en la capital.

           En Casa Aguayo, estuvieron además del Ejecutivo, la mesa de atención de la Secretaría General de Gobierno y la de la Secretaría del Medio Ambiente.

            En los quince sitios de atención a la ciudadanía, se atendieron poco más de mil asuntos o peticiones de los ciudadanos.

            Dijo el gobernador, que este trabajo se llevará a cabo todo el tiempo, pues es importante para la autoridad estatal, atender personalmente o que los funcionarios correspondientes atiendan directamente al público y den solución a los problemas que se planteen.

             Y lo del combate a la inseguridad y a la delincuencia, va en serio. Se informó que los días 5 y 6 de este mes, se realizó un operativo de las policías estatal y municipal, de las fuerzas de seguridad federales y de la Guardia Nacional, en San Martín Texmelucan, con magníficos resultados.

              Se recuperaron varios automóviles reportados como robados, entre ellos una pipa, que estaba conectada a una toma clandestina de gas. Se clausuró dicha toma y se tomaron las medidas necesarias para evitar que siga operando el huachicoleo en esa zona.

              Fueron detenidas ocho personas, presuntos delincuentes, que ya fueron canalizados a las autoridades judiciales correspondientes.

              Usted recordará que el despido de trabajadores al servicio del Estado, durante el sexenio del 2010 al 2016, fue algo  casi común. Fueron despedidas más de 10 mil personas, sin que se les hiciera la liquidación a la que por ley tenían derecho.

              Había trabajadores de diversas dependencias estatales, que tenían diez, quince y hasta veinte años de servicio y no recibieron ningún pago por despido injustificado, Tampoco el pago que la ley impone el empleador, cuando termina una relación laboral con su subordinado, nada. Y es más, quienes presentaron demanda laboral contra el gobierno, han tenido que sufrir las de Caín, para dar el curso debido a su litigio, pues encuentran trabas por todas partes.

            Se han interpuesto varios amparos y se han ganado, pero ahora, con el anuncio hecho por el titular de la Secretaría del Trabajo, Abelardo Cuellar, ha surgido la esperanza entre muchos de los que tienen demandado al gobierno por despido injustificado, de que al fin se les hará justicia.

            Precisamente ayer, el licenciado Cuellar, tuvo una reunión, en las instalaciones de la Universidad de la Sierra, por el rumbo de Analco, exclusivamente con los despedidos de la época morenovallista, para atender su problema.

             La confianza crece entre los demandantes, al enterarse de que el ahora Secretario del Trabajo, fue defensor de muchos trabajadores, como abogado laboralista, que no tenían para pagar siquiera sus servicios. Abelardo Cuellar, ha sido un militante de la izquierda congruente y por tanto, digno de confianza, nos dicen.

               Los productores de leche del país, no han encontrado solución a sus problemas pese al aumento del precio de garantía fijado ya por el gobierno de la república.

               El dirigente de los ganaderos del país, Alvaro González, afirma que el precio de garantía se fijó en 8.20 pesos por litro, pero les han aumentado el precio de los insumos y además, los industriales de la leche, a quienes se entrega el producto, exigen demasiadas normas de calidad y el productor siempre sale perdiendo, recibiendo por su producto hasta 5 pesos, nada más, por litro, lo que aunado a la elevación incontrolada de los insumos, los deja en la misma situación en que estaban y que les obligó a cerrar más de diez mil unidades de producción.

            Los ganaderos productores de leche, se han esforzado en mejorar la productividad de sus vacas y han logrado incrementar la producción hasta en 15 litros por cada vaca, pero hay otros factores que influyen para que sus ganancias no aumenten.

             Quieren exponer esta situación a las autoridades federales de la materia, con el fin de buscar una solución, pues no consideran justo que el industrial venda el litro de su producto hasta en 20 pesos y ellos, los productores, solo reciban de 5 a 8 pesos por unidad.

                 Hoy hay reunión del Consejo Universitario en medio del escándalo por el asunto de la venta del equipo de futbol Los Lobos, de la BUAP.

                  Nos informan que el escándalo mediático está siendo alentado por los grupos políticos de siempre, para debilitar a la autoridad universitaria, pero que ese asunto ya está en manos de las autoridades judiciales que serán las que en última instancia resolverán lo conducente por la vía legal.

                  Catedráticos y estudiantes que hablaron con nosotros, afirman que la institución está tranquila y que académicamente está bien y que el problema de la venta del equipo de fut, ya está ventilándose en el lugar correspondiente y no debe politizarse.