Por entrar en vigor la reformada Constitución Política de la Ciudad de México

Puebla, Pue.- El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoce que los Congresos locales tienen la facultad de crear, ampliar y regular nuevos derechos humanos dentro de su territorio,  como es el caso de la Ciudad de México, sin que se vulnere lo establecido  en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni en los Tratados Internacionales.

Los Ministros de la SCJN además, en nueve sesiones llevadas a cabo en semanas anteriores, declararon constitucionales la mayoría de los artículos que conforman la Constitución Política de la Ciudad de México, validando dicha Carta Magna elaborada por el Primer Constituyente de la Capital del País.

Al informar lo anterior en entrevista, el constitucionalista poblano y notario público Miguel Ángel Tejeda Ortega dijo que dentro de los nuevos derechos humanos que se reconocen para la Capital del País, se encuentran: El derecho a la muerte digna que tienen las personas; el derecho al uso de la marihuana (cannabis Índica) con fines medicinales; la revocación del mandato de los representantes populares de la Ciudad de México; la creación de juzgados especiales y una sala constitucional perteneciente al Tribunal Superior de Justicia de esa capital,  competentes para conocer de cualquier violación a los derechos humanos en su jurisdicción.

En lo que no estuvieron de acuerdo los Ministros y declararon su inconstitucionalidad, fue la forma de integración del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, estableciendo que debe de existir una mayoría de consejeros egresados del Poder Judicial Local.

La Constitución Política de la Ciudad de México reformada, remarcó Tejeda Ortega, entrará en vigor el próximo día diecisiete de este septiembre, por lo que fue necesario analizar previamente a su vigencia diversas acciones de inconstitucionalidad que presentaron la Procuraduría General de la República y diversos partidos políticos, entre ellos MORENA.

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       Lo que está pasando en la política mexicana, no tiene antecedente en toda nuestra revuelta historia patria, desde la Independencia, hasta la época actual, empezando porque en un solo día, se votará por el cambio de los poderes federales, estatales y municipales, excepción de Baja California Sur y Nayarit, que solo tendrán elecciones federales.

      Nueve estados, entre ellos Puebla, tendrán cambio de gobernadores, de congresos locales y ayuntamientos. Otros, solo cambiarán ayuntamientos y congresos locales. Pero no gobernador.

       En total, en el país, según información proporcionada por el doctor Marcos Rodríguez, Consejero Local del INE, en Puebla se votará para elegir 278 cargos estatales y federales, entre gobernador, diputados locales, presidentes municipales y diputados federales y senadores, así como Presidente de la República.

       Los nuevos funcionarios que serán electos en el resto de los estados, serán 3 mil 500.

       En Puebla el padrón electoral tiene inscritas a 4 millones 400 mil personas, lo que requerirá la capacitación, organización y supervisión de un mundo de gente. En el país se requerirán 67 mil 500 funcionarios de casillas. En Puebla se instalarán 7 mil 509 casillas en toda la entidad.  Y cada casilla deberá tener además de los funcionarios (un presidente, un secretario y dos escrutadores) representantes de todos los partidos políticos y candidatos.

       Sabemos por experiencia que los partidos, excepción hecha de PRI, PAN, PRD y ahora de Morena, los demás no tienen capacidad real para nombrar representantes de casilla. Es más, muchas veces ni siquiera los cuatro partidos considerados como los más fuertes, cumplen adecuadamente con ese requisito. Lo hacen solo en forma parcial.

       Nos dice Marcos Rodríguez, que en Puebla serán contratados un mil 877 capacitadores y 323 supervisores, que ganarán mensualmente de febrero a julio, mes de la elección, 7 mil 500 pesos los capacitadores y 12 mil 500, los supervisores. Esa es hasta el momento, la única ventaja que encontramos a este proceso electoral. Habrá empleo temporal para un buen número de personas, principalmente jóvenes, con un salario justo. Por lo demás, los partidos y los candidatos, están convirtiendo todo esto en un espectáculo del que muchos hablan y nadie entiende.

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Viernes, 01 Septiembre 2017 07:15

“Llamado a los congresos locales”

En días pasados la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sentó un precedente por de más trascendental para la vida democrática de nuestro país, declarando constitucional la reforma denominada “Sin Voto no hay Dinero”, impulsada por el Diputado Independiente, Pedro Kumamoto, luego de que la misma hubiera sido impugnada por los partidos Verde Ecologista, Nueva Alianza y Morena, acción que permite ver el grado de compromiso de estos partidos con las demandas ciudadanas y que lo que menos les importa es seguir despilfarrando los recursos que reciben en forma de prérrogativas.

Como antecedente, podemos señalar que, la “Ley Kumamoto” como también se le conoce, fue aprobada por el Congreso de Jalisco, el primero de junio del presente año, dicha ley, permite reducir el financiamiento público a los partidos políticos, hasta en un 60 por ciento de lo que actualmente reciben y que representaría un ahorro para el gasto publico jalisciense, en año no electoral de alrededor de 181 millones de pesos, y en los años electorales se estarían ahorrando 193 millones de pesos.

De acuerdo con la reforma aprobada, en años electorales, el recurso a los partidos políticos en Jalisco, se repartirá según los votos válidos que obtengan en la elección inmediata anterior, por el 65% del valor de la Unidad de Medida, antes salario mínimo, y ya no por el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral.

Por otra parte, en años no electorales el dinero se repartirá conforme al padrón electoral, pero ahora solo por el 20% de la Unidad de Medida. Es decir, en los años en los que exista un proceso electoral para renovar los puestos de representación popular (cada 3 años), el dinero que recibirán los partidos políticos dependerá del número de ciudadanos que hayan convencido de votar por ellos, y en un año donde no haya proceso electoral, el dinero que se les otorgará, se asignara mediante la fórmula actual estipulada por la Constitución Política, pero la misma tendrá la variante de multiplicarse solo por el 20% de la Unidad de Medida (salario mínimo) y ya no por el 65% .

Como se puede observar, dicha ley está fundada, en el reclamo de los ciudadanos contra los Partidos políticos, el INE y los Institutos Electorales, por las sumas exorbitantes que reciben anualmente, aún en años no electorales y que en su gran mayoría se utilizan para mantener a los líderes y camarilla de integrantes de los Partidos, en la completa opacidad.   

Por lo anterior, resulta incomprensible justificar por qué dicha iniciativa permanece congelada en el Congreso de la Unión, desde enero de este año, fecha en que fue presentada por el diputado independiente y que no ha sido ni siquiera discutida; o por que los diputados de los 32 congresos locales no han tratado de reproducirla en sus estados para demostrar a la sociedad que realmente les preocupa el adecuado y racional uso de los recursos públicos que reciben.

Porque para ello, los Congresos de los Estados solo tendrían que hacer uso de su autonomía para legislar en este sentido y aprobar una ley que emule a la Ley Kumamoto, o hasta mejorarla, y así lograr modificar el financiamiento público estatal que reciben los partidos políticos, además del federal, para que el dinero que se ahorre sirva para cubrir necesidades como, educación, salud o el combate a la extrema pobreza en que están  más de 64 millones de habitantes de nuestra nación.

Es importante que todos los representantes locales o federales, tomen conciencia, que el constructo democrático de nuestra nación, requiere instituciones que cumplan con una verdadera función social de protección a los intereses ciudadanos, revestidas con valores fundamentados en el bienestar social y que es menesteroso y hasta urgente erradicar de la vida política a las faraónicas instituciones que solo velan por sus propios intereses, lacerando con ello, la economía nacional y abonando al crecimiento de una crisis económica que cada día afecta a la mayoría de la población.

Es difícil, que los legisladores de los Partidos Políticos en los Congresos federal y locales, aprueben una ley que les afecte en sus intereses y privilegios, que les ha permitido tener un “modus vivendi” a expensas del trabajo de quienes en este país pagamos impuestos.

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