Ayer comenzó, formalmente, el asedio sobre la democracia mexicana. Precede al asalto final: Morena ha decidido degollarla.

Llegaron por la fuerza de los votos, pero no están dispuestos a irse por ellos.

El perfil autoritario y corrupto del régimen comienza a mostrar su peor rostro.

Las bases para la destrucción de la democracia y la libertad están montadas. Hay una toma de los organismos autónomos. Una captura de la Corte. Un vasallaje de los legisladores del partido en el poder. Un servilismo penoso de sus gobernadores.

Desde el primer minuto de este gobierno, arrancó el ataque a la sociedad civil, a los medios de comunicación, al sector privado.

La pinza se cierra con la creciente estatización de la economía, la militarización del país y un cada vez más evidente pacto con el crimen organizado.

Cuando se desnudó la corrupción que rodea pestilente al presidente López Obrador y se incluyó a su propia familia, el ejecutivo se quitó la máscara y accionó sus instintos más autoritarios.

Así se llegó a la revocación de mandato.

Más allá del resultado, lo verdaderamente grave fue el abierto desafío a las instituciones, el tono bravucón para enfrentar a opositores, la flagrante y cínica violación de la ley y la grosera utilización de recursos públicos para promover el voto en favor de la permanencia de López Obrador.

Nunca desde que se quitó al gobierno la organización electoral se había visto este desprecio al estado de derecho. Nunca esta arrogancia. Nunca está decisión de violar todas las normas para imponer la voluntad de un solo hombre.

La revocación desnuda a Morena.

Impuso una pregunta absurda en la ley, que luego avaló la Corte. Recortó al INE dos tercios del presupuesto para organizarla. Falsificó firmas para activar el proceso. Financió con corrupción miles de elementos de propaganda. Movilizó a funcionarios públicos para promoverla ilegalmente. Intentó violar la constitución aprobando una reforma legal al vapor. El presidente despreció la ley para hablar una y otra vez de lo que le vino en gana. Todo el aparato público sojuzgado a Morena acarreó a millones para tratar de suplir la falta de entusiasmo popular.

Convirtieron un instrumento de democracia directa en una farsa grotesca y, al final, en elección de estado. Mal presagio: no se irán pacífica ni legalmente.

Lo que sigue lo sabemos.

Vendrá un ataque sin tregua al INE y al Tribunal Electoral. Vendrá el acoso y la movilización contra los consejeros y magistrados. Vendrá una reforma para apoderarse de la organización del sistema electoral.

Pero Morena no tiene los votos en el Congreso para desmantelar el régimen de democracia electoral.

Habrá de dos: ignora por completo al Congreso y lanza a sus hordas a las calles e impone su visión, incluso con violencia, o impulsa una reforma en ley secundaria que después la corte tendrá que bendecir al costo de volver a exhibir a los ministros como siervos del presidente.

En los próximos meses México se juega todo.

Ya vimos que no hay límites, ni pudor para violarlos. Ya vimos que pueden usar a la Guardia Nacional para presionar. Ya vimos que no hay neutralidad en ningún funcionario.

Harán todo por quedarse en el poder. Quizá intenten extender el mandato de López Obrador. Quizá impidan una elección libre. Quizá generen un escenario de excepción para no celebrar la elección del 2024 y extender el mandato.

Habrá que ver qué estamos dispuestos a hacer los ciudadanos libres para defender lo que tanto nos costó construir.

En los próximos meses nos jugamos todo.

Y todo es todo.

Twitter | @fvazquezrig

Surge la duda de si la Constitución bajacaliforniana prevalecerá o no

Puebla, Pue.- Desde que el Gobernador del Estado de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, tomó posesión de su encargo el día primero del presente mes, por un plazo de cinco años, ha surgido la duda de si las reformas hechas a la Constitución bajacaliforniana van a prevalecer o no, y si fue correcta la prórroga de duración del ejercicio  en ese cargo de dos a cinco años.

Miguel Ángel Tejeda Ortega, Constitucionalista poblano , comentó que éste es un conflicto de carácter constitucional, que pone en riesgo la democracia mexicana y sus instituciones, pues según los artículos constitucionales 105 fracción I inciso i) y el 116, no era posible la ampliación del cargo a Gobernador del Estado de Baja California, cuando éste fue votado por el pueblo únicamente para el período de dos años y nunca por cinco, como protestó.

Entre los antecedentes del caso, señala Tejeda Ortega que en el año 2018  se reformó la Constitución del Estado de Baja California, y en un artículo segundo transitorio se fijó como plazo de duración para el cargo de Gobernador, únicamente por un período de dos años, los cuales finalizarán en 2021;  posteriormente el Congreso de dicho estado, estando ya en campaña el actual Gobernador de Baja California, reformó su Constitución y amplió el período de Gobernador hasta por cinco años, para terminar su período en el año  2024, al igual que el actual Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Comenta el constitucionalista que esta conducta del Congreso fue violatoria del artículo 105, fracción I, inciso i) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que expresa: “Las leyes electorales, federal y locales, deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales”.

Este artículo fue violentado por la legislatura del estado mexicano norteño, y es más que suficiente para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declare inconstitucional las reformas comentadas, aseguró.

El apoyo del Gobierno Federal al ejercicio del mandato del gobernante Jaime Bonilla Valdez, quedó expreso cuando la hoy Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, al felicitar a dicho gobernante expresó públicamente que su mandato de cinco años prevalecerá, no obstante que la Ministra en retiro es una gran conocedora del Derecho Constitucional, por lo que surge la duda si el apoyo también se da por parte de López Obrador.

Actualmente son siete las acciones de inconstitucionalidad que se han presentado ante el más alto Tribunal de la Nación, por parte de la Comisión de Derechos Humanos y minorías de diputados y Senadores de la República, para impugnar la reforma constitucional que afecta gravemente a la democracia mexicana.

El peligro de la prevalencia de estas reformas es que ahora los Congresos de los Estados podrán ampliar o reducir a su antojo los períodos del ejercicio del poder de los gobernantes, dándose por supuesto la reelección que se encuentra prohibida en la Constitución para el Presidente de la República y los Gobernadores, por lo que se espera que la Suprema Corte actúe en su papel de control constitucional y declare inconstitucionales dichas reformas en Baja California.