Pretende distraer la atención de mexicanos; ´Pasquín´lo llama AMLO

Puebla, Pue.- La encuesta que se llevará a cabo el próximo día 1° de agosto, por parte del gobierno mexicano para enjuiciar a ex presidentes, no es más que una parodia cantinflesca, ya que no  tiene ningún sentido, es ilegal y sólo pretende distraer la atención de los mexicanos de los graves problemas que vive el país, dio a conocer el diario nacional norteamericano The economist,  en reciente publicación

Según encuestas de ese periódico, solamente acudirá a las urnas a votar “Si o No” un 16% de los integrantes del padrón nacional, ya que la mayoría de los mexicanos no toma en cuenta dicha encuesta ni le interesa, pues el resultado que se dé en nada va a favorecer a la grave corrupción que se vive en el país hasta la fecha.

Expertos en Derecho Constitucional explicaron que la pregunta que se reformuló por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es confusa y que la mayoría del pueblo no la entenderá, pero que analizándola a fondo incluye también el análisis de actos del actual gobierno encabezados por López Obrador.

Para que sea vinculante la consulta, se requiere que mínimo cuarenta millones de mexicanos acudan a las urnas a votar el “Si o el No”, lo que se asegura no se va a dar.

Solamente los simpatizantes de Morena el próximo domingo primero de agosto acudirán a las urnas a expresar su opinión al respecto, posiblemente dos o tres millones de habitantes.

Por lo que se refiere al Presidente López Obrador, ya manifestó en público que él se va a abstener de votar, pues no quiere cargar en su conciencia con un posible juicio a ex presidentes de México, que inclusive lo pueden incluir como está formulada la pregunta.

Seis de los once ministros de la Corte impusieron su fallo a favor.

Puebla, Pue.- Seis de los once Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobaron ayer, tras prolongada discusión, la materia de la consulta popular para enjuiciar a ex Presidentes de la República, propuesta al Senado por Andrés Manuel López Obrador en días pasados.

Explicó a este medio informativo el constitucionalista poblano Miguel Ángel Tejeda Ortega, quien impartió justicia federal varios años en la Ciudad de México y en esta capital poblana, la forma en que se llevó a cabo el Pleno de la SCJN el pasado 1 de octubre, en el cual en forma dividida se aprobó la citada consulta.

Expuso que el Pleno duró más de tres horas, tiempo en que los once Ministros expresaron sus razonamientos en favor o en contra de la propuesta de AMLO; cinco estuvieron de acuerdo en aprobar la inconstitucionalidad, con razonamientos jurídicos y con fundamento en lo que establece el artículo 35 fracción VIII-3, precepto que señala: “No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución”.

El Ministro ponente Luís María Aguilar para defender su propuesta señaló que la consulta popular, tanto en su materia como en su objetivo es notoriamente inconstitucional, violentándose los principios de presunción de inocencia, debido proceso, tutela judicial, e igualdad de los mexicanos ante la ley.

Contraviniendo dichas afirmaciones, el Ministro Presidente Arturo Zaldivar Lelo Delarrea, señaló que era el momento indicado para la Suprema Corte, de reconocer la consulta popular como un medio idóneo para que el pueblo mexicano se exprese frente a sus gobernantes de diversas conductas o inconformidades, como lo es el caso de la política criminal en México y las responsabilidades de los altos funcionarios en el  país.

El Ministro Javier Laynez Potisek, en  magnifica defensa de la ponencia presentada y en favor de la inconstitucionalidad de la propuesta, estableció: “La justicia no se consulta”, pues es ilógico que se le quiera pedir al pueblo su opinión sobre la comisión de delitos y sus sanciones a ex Presidentes, cuando dicha obligación es por parte del Estado, ya que la Fiscalía General de la República es un órgano autónomo y no debe estar sujeta a presiones de carácter social, e inclusive los Tribunales impartidores de justicia.

De igual manera llevó a cabo una buena defensa de la inconstitucionalidad de la consulta, la Ministra Norma Patricia Piña, y en forma no tan clara los Ministros Franco Salas y Pardo Rebolledo.

Por otra parte los Ministros que fueron propuestos por el Presidente de la República en fechas recientes, Margarita Ríos Farjat, Yasmín Esquivel Mossa y González Alcántara Carrancá, mediante argumentaciones jurídicas imprecisas, defendieron la postura y propuesta del Presidente de la República López Obrador y votaron a favor de que se le reconociera su carácter de constitucional.

El jurista Tejeda Ortega determinó que toda vez que la propuesta de consulta formulada por AMLO, tenía grandes vicios de inconstitucionalidad, los Ministros en una sesión privada y oculta reformularon la pregunta que se le va a cuestionar al pueblo mexicano en la consulta que se llevará a cabo en el mes de agosto del año 2021, quedando dicha pregunta de la siguiente manera: “Estás de acuerdo o no de que se lleven a cabo las acciones pertinentes para que con apego al  marco constitucional y legal se puedan emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados, por los actores políticos, encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.

Esta pregunta en imprecisa, compleja, vaga y va a confundir al pueblo mexicano en el momento de su votación, expresó Tejeda Ortega, pues se habla de decisiones políticas, sin precisar cuáles; también se señalan diversos actores políticos, sin decir quienes, ni tampoco las victimas de dichas decisiones y personajes que incurrieron en irresponsabilidades, pues se puede inclusive incluir al actual Presidente de la República en su ejercicio de los años 2018, 2019 y 2020.

También analistas políticos del Financiero Bloomberg, así como el Periodista Pedro Ferriz de Con, opinan que la Suprema Corte de Justicia se doblegó a la voluntad del Ejecutivo federal, se convirtió en sumisa y, en consecuencia, según expresan ellos, desparece el único medio de control constitucional que puede hacer frente al gobierno del actual Presidente de la República.

Esta petición fue turnada a su vez a Ministros de la Suprema Corte de Justicia

Puebla, Pue. 18 de Septiembre.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador presentó petición al Senado de la República para que se proceda a la consulta popular consistente en que el Pueblo mexicano acepte o no enjuiciar a los ex Presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, antes, durante y después de sus gestiones, por actos de corrupción.

En entrevista con el Constitucionalista poblano Miguel Ángel Tejeda Ortega, informó que el Presidente López Obrador, con fundamento en lo que dispone el artículo 35, Fracción VIII – 1- A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó la citada petición al Senado de la República.

Comentó el jurista que la pregunta sujeta a consulta por AMLO se encuentra redactada de la siguientes manera: “¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes investiguen y, en su caso, sancionen la comisión de delitos de los ex Presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, antes, durante y después de sus gestiones?”.

Esta misma petición de consulta fue turnada por el Senado de la República a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siendo ponente de la misma el Ministro Luís María Aguilar, quien será el encargado de presentar el proyecto ante el Pleno, para que los Ministros discutan la pregunta y declaren la constitucionalidad o no de la misma.

Tal  declaratoria no debe de pasar de la primera quincena del mes de octubre. Si es aprobada se turnará nuevamente al Senado de la República, para que éste dé su aprobación y conjuntamente con el Instituto Nacional Electoral programen la consulta popular en las elecciones que se llevarán a cabo en el año 2021.

Tejeda Ortega explicó que existen muchas posibilidades de que la pregunta formulada por el Presidente “se declare inconstitucional, pues violenta lo que dispone el artículo 35 fracción VIII-3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice: ¨¨No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución; los principios consagrados en el artículo 40 de la misma”.

El convocar al pueblo mexicano a que manifieste su voluntad de enjuiciar a los ex Presidentes de la República, violenta los derechos humanos de estos personajes, como son la presunción de inocencia, el debido proceso, la tutela judicial, entre otros derechos y regresamos a las épocas más primitivas de México, cuando una muchedumbre votaba por enjuiciar a gente que consideraba nociva para la sociedad.

No obstante ello, algunos politólogos consideran que en caso de que no prospere la consulta popular como la regula la Constitución y su Ley Reglamentaria, de todas formas AMLO pretenderá llevar a cabo una consulta popular a modo,, con el fin de obtener votos a favor de su partido en el año 2021, todo ello fuera de la Ley.