PUEBLA, Pue. - La masa fría que antecede al Frente Frío número 42, el cual se localiza al sur de la península de Yucatán, afectará los próximos días al estado de Puebla con vientos de componente norte de 45 a 50 kilómetros por hora, con probabilidad de lluvias ligeras ocasionales, principalmente sobre las sierras Norte, Nororiental y Negra, con acumulados máximos de 5 milímetros, informa la Coordinación General de Protección Civil Estatal.

Para el jueves 28, viernes 29 y sábado 30 de marzo continuará el sistema anticiclónico (onda de calor) en el resto del estado, por lo que no se registrarán lluvias y se prevé un aumento de temperatura de 34 a 36 grados centígrados, incluso de 38 grados en la Mixteca poblana.

Ante el incremento de temperaturas, la Coordinación exhorta a la población a evitar la exposición directa al sol, beber más líquidos sin esperar a tener sed, usar ropa de tejidos naturales, ligera y holgada, de colores claros y de manga larga; así como evitar dejar en el interior de los automóviles a niños, personas de la tercera edad y/o mascotas.

La Coordinación General de Protección Civil Estatal invita a las y los poblanos a seguir las recomendaciones para reducir riesgos a la salud, así como mantenerse atentos a los avisos meteorológicos que emitan las autoridades.

•    Se aprobó por unanimidad en sesión de Comisiones Unidas de Comunicaciones e Infraestructura y de Vivienda
•    Establece que se podrán hacer modificaciones hasta en 20 por ciento de un inmueble siempre y cuando no dañe la estructura

PUEBLA, Pue. - La LXI Legislatura del Congreso del Estado avanza en la emisión de un nuevo ordenamiento jurídico para actualizar y establecer las normas generales a las que se sujetarán las construcciones públicas y privadas en sus diferentes modalidades, esto, con la aprobación de la Ley de Construcciones para el Estado y Municipios de Puebla.

En sesión de las Comisiones Unidas de Comunicaciones e Infraestructura y de Vivienda se aprobó por unanimidad el proyecto de dictamen de Ley de Construcciones para el Estado y Municipios de Puebla.  

En el proyecto de dictamen se especifica que la propuesta es dar certeza jurídica a la seguridad estructural y control de calidad de las obras, así como en los procedimientos y los lineamientos que sirvan como guía para los organismos gubernamentales, los municipios, empresas y profesionales del área, con la finalidad de fortalecer la práctica de la construcción, así como resolver los desafíos de habitabilidad y medio ambiente.

El dictamen también considera el uso de otros materiales constructivos que no generen contaminación y sean amigables con el medio ambiente, evitando impactos negativos en el entorno.

En el caso de los Ayuntamientos, se establecen los trámites y plazos para el otorgamiento de las licencias de construcción, además de que se creará un registro de directores responsables de obra y corresponsables de obra, mismos que deberán cumplir con una serie de requisitos para la ejecución y mantenimiento de las obras.

Al respecto, el diputado Oswaldo Jiménez López mencionó que se realizaron mesas de trabajo con organismos del sector para llegar a los consensos que se ven plasmados en el dictamen; agregó que este ordenamiento es necesario, pues la última Ley de Construcciones data de 1935.

Por su parte, el diputado José Miguel Huerta Rodríguez hizo observaciones sobre las diferencias entre la propuesta inicial y el dictamen que se puso a consideración de las Comisiones Unidas; al mismo tiempo, reconoció la importancia de expedir un nuevo ordenamiento para dar certeza en materia de construcción e incentivar la innovación, para así lograr ciudades que vayan encaminadas a los objetivos de desarrollo sostenible.

La diputada Patricia Valencia Ávila precisó que la Ley vigente data del 18 de junio de 1935 por lo que era necesaria su actualización. Mientras que el diputado Fernando Morales Martínez destacó que una de las ventajas de este nuevo ordenamiento es que tanto los constructores particulares como los públicos podrán hacer modificaciones de sus inmuebles hasta en un 20 por ciento de la estructura, siempre y cuando no perjudiquen la seguridad e integridad del inmueble.

En la sesión de las Comisiones Unidas de Comunicaciones e Infraestructura y de Vivienda participaron las diputadas Angélica Cervantes González, Patricia Valencia Ávila, José Miguel Huerta Rodríguez, Edgar Garmendia de los Santos, Adolfo Alatriste Cantú, Laura Ivonne Zapata Martínez, Oswaldo Jiménez López, Fernando Sánchez Sasia, Silvia Tanús Osorio, Tonantzin Fernández Díaz y Juan Enrique Rivera Reyes.

• Con esta Ley se regula el uso de los colores, imágenes y elementos de identidad en los bienes públicos
• Este día, el Congreso del Estado declaró la apertura del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Legal  

PUEBLA, Pue. - El Pleno de la LXI Legislatura aprobó el dictamen por el que se expide la Ley de Imagen Institucional del Estado de Puebla, con el objetivo de regular el uso de los colores, imágenes y elementos de identidad en los bienes públicos, así como en páginas oficiales de internet, documentos, papelería y cualquier otro medio electrónico o impreso generado o empleado por los entes públicos.

Durante su participación en Tribuna, la diputada Guadalupe Leal Rodríguez señaló que el dictamen contiene un pantone de colores al que deberán sujetarse los entes públicos, desde el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial hasta los 217 municipios del Estado, para comunicar con eficiencia, eficacia e imparcialidad.

La diputada destacó que con esta Ley se promoverá la cultura e historia del Estado en la imagen pública, se evitará el uso de recursos públicos para hacer cambios y se prohibirá la promoción de la imagen personal o política de funcionarias, funcionarios y partidos; todo ello, generará continuidad en la gestión pública.

En su momento, la diputada Karla Rodríguez Palacios destacó la importancia de usar los recursos de forma eficiente, en acciones prioritarias y evitar hacer gastos innecesarios en la imagen institucional para establecer una diferencia partidista o de administración.

Por su parte, el diputado Jaime Natale Uranga expuso que esta Ley abonará a que los recursos se inviertan de mejor forma, al generar ahorros cada sexenio o trienio para cambiar la imagen institucional, además de evitar afectaciones al medio ambiente con cambios en sellos, papelería, viniles, entre otros materiales.  

En otro momento de la sesión, las y los diputados aprobaron una reforma a la fracción LVII del artículo 3 de la Ley de Fraccionamientos y Acciones Urbanísticas del Estado, para actualizar la denominación de la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de la Administración Pública.

Además, la Mesa Directiva dio cuenta de la iniciativa de la diputada Nancy Jiménez Morales para reformar la fracción X del artículo 26 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla.

La propuesta tiene como finalidad establecer como una de las obligaciones de la Junta Directiva del ISSSTEP, entre otras, establecer esquemas de profesionalización bajo los principios de responsabilidad, ética profesional, excelencia, imparcialidad, eficiencia, lealtad, honradez, calidez, buen trato, calidad y desempeño del personal de base y de confianza.  

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Trabajo, Competitividad y Previsión Social para su estudio y resolución procedente.

Este día, el Congreso del Estado declaró la apertura del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Legal de la LXI Legislatura, que comprende del 15 de enero al 15 de marzo.

Columna | P U L S O     P O L I T I C O

           Nuestro país, y el estado de Puebla forma parte importante de él, ha venido sufriendo desde el gobierno panista de Felipe Calderón, de inseguridad y violencia, fenómenos que cada día crecen más, pues según los expertos en estos temas, la “guerra” que el presidente panista declaró a la delincuencia organizada, fue pésimamente planeada y se puso al frente de ella, como Secretario de Seguridad, a un delincuente cómplice del jefe del cartel criminal más poderoso de México.

          Luego, aquí en Puebla, que gozaba de fama de entidad segura, llega el gobierno morenovallista y pone al frente del área de seguridad, a un señor llamado Facundo Rosas, que resulta gente muy cercana al jefe de seguridad nacional, García Luna y las cosas empiezan a descomponerse.

           Para completar el cuadro, el primer gobierno panista del estado, coloca al frente de la Fiscalía estatal, a un desconocido en Puebla, donde tantos abogados capaces y honestos hay, a un señor llamado Víctor Carrancá, que además de ineficiencia, empezó a dar muestras de mala fé.

           Antes de terminar su periodo, Moreno Valle Rosas, maniobra para que el Fiscal quede en el puesto que le asignó, hasta varios años después de su mandato.

           Fueron tantas las manifestaciones de inconformidad de los ciudadanos de la capital y de la provincia, que en el gobierno de Antonio Gali y ya cuando la esposa del ex mandatario era candidata a la gubernatura, que el señor del gran poder, accedió para que Carrancá, pidiera licencia.

           Lo sustituyó el licenciado Gilberto Higuera Bernal, una persona seria, profesional, que aunque era ajeno a Puebla, se ganó la confianza de gobernantes y gobernados. El problema de la delincuencia había crecido desmesuradamente y sin embargo, pudo haber sido peor, pues se desató el delito de robo de gasolina y gas en los ductos que pasan por la entidad y además surgió el robo a camiones y trailers de carga que circulaban por las autopistas y carreteras que atraviesan Puebla hace el sureste, hacia Veracruz y Oaxaca.

            Los panistas, que ahora protestan airadamente contra la Cuarta Transformación y contra cualquier frase pronunciada por el Presidente López Obrador, no aparecían por ninguna parte. Cuando se dieron cuenta que no estaban en ninguno de los planes del morenovallismo, se desaparecieron misteriosamente y solo una mujer, Ana Tersa Aranda, renunció al PAN y empezó a denunciar al gobierno local en forma independiente.

            El crecimiento de la inseguridad y la delincuencia organizada y desorganizada en la entidad, coincidió con esa etapa del gobierno morenovallista y ha continuado su crecimiento hasta la fecha.

             Según abogados litigantes poblanos consultados al respecto, el crecimiento se debió nada menos y nada más, por la ineficiencia de la Fiscalía, que propició, como nunca antes, “la impunidad”

             La impunidad que siempre ha prevalecido en México, pero que en algunas épocas, esta ha sido una de ellas, ha llegado a grados estratosféricos, es la principal causante del crecimiento de la inseguridad y de la delincuencia. Y la impunidad empieza en las ahora fiscalías, al no ser integradas en tiempo y forma, las investigaciones y la conformación de expedientes de los delincuentes, que al llegar los casos a los juzgados, los jueces tienen que ordenar su liberación por falta de elementos o por errores garrafales cometidos por los fiscales, antes agentes del Ministerio Público.

            La designación del nuevo Fiscal General del Estado, constituya, ahora, tal vez más que nunca, una enorme responsabilidad del Congreso local, pues depende de ello la solución del problema más grande que se confronta en el país y en el Estado, el que más ha venido preocupando a la ciudadanía.

            Los diputados están obligados a decidir con responsabilidad y patriotismo. De su decisión depende que uno de los problemas más difíciles, más preocupantes que afectan a la ciudadanía que les otorgó su representación, se resuelva o siga imperando causando descontento, inquietud y hasta violencia.

        Cuando se conformó la terna, se dijo que lo más seguro es que fuera reafirmado en el puesto, don Gilberto Higuera Bernal, que se ha ganado un buen prestigio, pero cuando ya está a punto de ocurrir la designación también a don J. Guadalupe González Vargas. Son los dos integrantes de la terna de la que también forma parte la licenciada Maricela Pichón Acevedo.

         El gobernador del estado, Luis Miguel Barbosa Huerta, integró la terna enviada al Poder Legislativo, teniendo en cuenta la honestidad, capacidad jurídica y el conocimiento de los momentos que en temas de seguridad y violencia, vive la entidad poblana y el país, según declaró en entrevista durante el programa televisivo Juego de Troles, hace una semana.

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           Pocas veces se menciona el papel importante que los habitantes de la entidad poblana, muy especialmente del sur, jugaron en la segunda etapa de la Guerra de Independencia, iniciada por Hidalgo en Guanajuato y continuada por Morelos en el sur de México, especialmente en lo que hoy es el Estado de Guerrero, conformado en 1849 con territorios que pertenecieron a los ahora estados de México, Puebla y Michoacán.

          Baste decir, que Morelos y sus tropas guerrilleras provenientes del sur, penetraron a territorio poblano por la mixteca, región que comparten los estados de Puebla, Guerrero y Oaxaca y que su marcha hasta Izúcar, fue una marcha triunfal y sin disparar un tiro.

           Ya en Izúcar, Morelos salió con parte de sus tropas a Chiautla de Tapia, para vencer a un contingente realista, ahí acantonado, en una batalla memorable que culminó en el convento agustino de esa población, ubicado en una colina a medio kilómetro del zócalo.

           Antes, a su paso por la ciudad de Tlapa, ahora perteneciente a Guerrero, pero en ese entonces parte de la Intendencia de Puebla, se le unió el cura del lugar, don Mariano Tapia, oriundo de Chiautla, en cuyo honor se le agregó el apellido Tapia, para quedar como ahora se le conoce. Chiautla de Tapia.

            A los pocos días de su llegada a Izúcar, el cura de Jantetelco, población ubicada en la frontera de Puebla con el ahora estado de Morelos, rumbo a Cuautla, don Mariano Matamoros, se entrevistó con el cura de Carácuaro, Mich., José María Morelos, en el templo de Santo Domingo del convento dominico de Izúcar, para unirse a su causa, habaiendo llegado a ser, su brazo derecho, que junto con don Hermenegildo Galeana, el hacendado de Tecpan, del ahora estado de Guerrero, fueron los más aguerridos capitanes de las tropas insurgentes.

            En territorio poblano, por la zona de Acatlán y en la propia ciudad de Izúcar, los líderes de la insurgencia por primera vez, lucharon juntos en sendas batallas que ganaron rotundamente. Ahí estuvieron el propio Morelos, don Vicente Guerrero, don Mariano Matamoros, Hermenegildo Galeana, Juan Alvarez, Nicolás Bravo, Leonardo Bravo y todos los grandes héroes de esa segunda etapa de la guerra que Hidalgo inició en 1910.

           En Izúcar, Mariano Matamoros inició lo que podría considerarse como el antecedente del Ejército Mexicano, al conformar un batallón de dos mil jóvenes, muchos procedentes de varios seminarios católicos de la región, que fueron uniformados y entrenados bajo la disciplina militar.

          Libraron exitosamente su primera batalla, contra un ejército español, recién desembarcado en Veracruz, enfrentándose en los llanos cercanos a Tecamachalco. Hubo en esa batalla ganada por los soldados mexicanos, más de cuatrocientos muertos entre los dos bandos, que por órdenes de Matamoros, fueron enterrados en el templo de Quecholac, donde se abrieron enormes zanjas para darles cristiana sepultura. La apertura de esas zanjas debilitaron la estructura de la iglesia y unos años después, la bóveda se vino abajo y así permanece hasta la fecha.

          Los soldados uniformados y entrenados militarmente por Zaragoza, tuvieron fama de haber sido siempre respetuosos de la población civil, algo raro en ese entonces en que tanto realistas como insurgentes, llegaban a abusar de los civiles.

          La casa de reclutamiento abierta en Izúcar, para integrar el batallón, fue en el Portalillo, donde hoy es el palacio municipal de Izúcar.

          Los habitantes de los pueblos del sur de Puebla, siempre estuvieron pendientes de la suerte de los insurgentes durante el sitio de Cuautla y cuando hubo oportunidad, les hacían llegar algunos víveres con los que paliaban la aguda escasez que provocaba al férrea vigilancia de las tropas españolas comandadas con Calleja.

           Cuando el sitio logró romperse y los insurgentes pudieron salir silenciosamente de la ciudad sitiada desde hacía meses, muchos habitantes de Chiautla, Chietla, Tehuitzingo, Acatlán, etc., estuvieron pendientes para auxiliar a las tropas de Morelos. El propio Morelos fue auxiliado de inmediato, cuando al escapar por una barranca, su caballo de cayó y el jinete se rompió un brazo.

          Gentes de Chiautla ocurrieron en su auxilio de inmediato y le entablillaron el brazo, sacándolo de la zona de peligro y llevándolo a Chiautla donde permaneció un mes, mientras se restablecía.

          Los pueblos surianos de la entidad poblana, pues, tuvieron una participación sumamente importante en la lucha por la libertad y la Independencia de México y es necesario que esa participación sea conocida por sus habitantes que parecen haber olvidado esa parte de su historia y de la historia de todos los mexicanos.

          La pequeña historia es la que hace que los pueblos se sientan orgullosos de su pasado y que influye para responder con  éxito a los retos del futuro. Pueblo que olvida su historia, está obligado a repetirla o a vivir en la barbarie.

Para todos es sabido que el beneficio social que ofrece el suministro de un buen transporte público, ayuda a las ciudades a prosperar y a materializar sus aspiraciones económicas, medioambientales y sociales. Un buen transporte público es vital para la prosperidad de las zonas urbanas, para permitir que la gente acceda a los trabajos y servicios, para que los empresarios tengan acceso a los mercados laborales y para que las empresas lleguen a los clientes con sus servicios.

Es decir, La importancia del transporte público colectivo para una ciudad radica en que a través de este, la mayoría de las funciones sociales del transporte deberían ser satisfechas de una manera más eficiente y favorable a la ciudad.

Por lo que, la importancia de otorgar un servicio óptimo, digno y funcional para satisfacer las necesidades de movilidad de los habitantes de una sociedad, representa la única manera de abordar de forma satisfactoria los retos futuros de movilidad y crecimiento urbano, desarrollo económico sostenible y cambio climático.

Las necesidades de movilidad de una ciudad son tan importantes para el desarrollo diario de las actividades de las personas que allí habitan, que se hace necesario entender que el sistema de trasporte público colectivo, hace parte del mecanismo que moviliza a la gran cantidad de la población como es el caso de los que habitamos en la quinta ciudad en importancia económica de este país.

Sin embargo, cuando los intereses políticos y económicos son privilegiados por encima del beneficio social, y los encargados de establecer las estrategias y políticas públicas efectivas para que el transporte público cumpla con su objetivo, obran en beneficio de unos cuantos, solo se puede espera como resultado un sistema de transporte monopólico y privado, así como la aniquilación al gremio de transportistas que mediante este ejercicio sostenían a un importante número de familias poblanas.

Lo anterior en razón de que, los pocos concesionarios que quedan en Puebla, han tenido que enfrentar en franca desventaja, la crisis económica que vivimos como consecuencia de la liberación del precio de la gasolina y sus constantes incrementos, y la negativa del gobierno del Estado de autorizar un incremento a la tarifa del pasaje.

Esto los ha colocado en una situación alarmante ya que no solo se tienen que enfrentar al alza de precios de los combustibles, sino también a las exigencias gubernamentales de actualizar sus vehículos, puesto que, solo pueden estar en circulación vehículos de no más de diez años de antigüedad, todo ello, ante la indiferencia oficial.

Aunado a lo anterior, la desleal competencia que resulta la Red de Transporte Articulada (RUTA), quien por cierto, lejos de venir a solucionar la problemática de movilidad ciudadana, solo representó la privatización del transporte público y un alza de la tarifa solo para este tipo de transporte. ($7.50), sin que el beneficio de movilidad ciudadana haya sido impactada positivamente, puesto que ha resultado insuficiente para satisfacer al alto número de ciudadanos que tienen la necesidad de usar un transporte público para su movilidad diaria, todo parece indicar que el único objetico de este sistema de transporte fue aniquilar a los concesionarios tradicionales a fin de beneficiar a terceros.

Dicha situación es inequitativa y desigual si la comparamos con las tarifas de otros estados que si han actualizado su costo para equilibrar los insumos del gremio transportista, y tan solo por mencionar algunos, Tlaxcala su cuota mínima es de $7.00 pesos, con un aumento de 10 centavos por cada kilómetro adicional; en Hidalgo $9.00 pesos; en el Estado de México la tarifa mínima es de $7.50 y puede ser hasta de $10.00 pesos.

Lo anterior, también ha ocasionado un conflicto social con la ciudadanía, ya que ésta es, quien termina por pagar el costo de esta pugna de intereses, puesto que se ve en la necesidad de convertirse en usuario de un transporte deficiente e indigno, ante la imposibilidad económica,  de sus concesionarios, de dignificar sus servicios, aunado al impacto ambiental negativo que causan estas unidades en condiciones deplorables, consecuencia, de la misma imposibilidad de optimizarlas.

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      Por lo que se ve, los funcionarios electorales no conocen la geografía del estado de Puebla, a juzgar por la nueva conformación que hicieron, del distrito conocido como el de la mixteca poblana, que en su nueva versión, dejará fuera a una gran parte del sur, para unirla al distrito de Atlixco, mientras incluye, como parte importante del nuevo distrito electoral federal, a municipios como Tecamachalco, que ninguna relación económica, cultural o política, tiene con esa región sur del estado, en la que Izúcar de Matamoros y otros municipios, quedan excluidos, para ser parte ahora, del distrito de Atlixco.

       Pone en apuros a los políticos de todos los partidos, que aspiren a representar al distrito electoral, que antes tuvo su cabecera en Izúcar y ahora la tendrá en Acatlán, ya que tendrán que hacer una precampaña y luego una campaña, en 51 municipios que forman la nueva demarcación distrital y que se extienden, desde los límites de Puebla con Oaxaca y Guerrero, hasta la región oriental de la entidad, en la que se encuentra el municipio de Tecamachalco.

        ¿De dónde van a ser los candidatos que lancen los partidos políticos participantes en la próxima contienda electoral? Los políticos de Tecamachalco, no saben nada de la región sur de Puebla y los políticos del sur, no saben nada de la problemática, ni de la sensibilidad política de la gente del centro oriente del estado.

       Atlixco ya tiene tiempo de haber abandonado al priismo como fuerza principal de esa región, pues varios ayuntamientos y diputados locales y federales, han sido panistas.

        El distrito cuya cabecera en esa importante ciudad que está a escasos 25 minutos de la ciudad de Puebla, es representado en el Congreso Federal, por un diputado, Juan Celis, de Antorcha Campesina, que fue lanzado como candidato del Verde Ecologista, aliado del PRI, aunque él no militaba en ese partido.

        Con la nueva conformación distrital, todos los partidos van a tener problemas. No tienen elementos conocidos en los municipios que ahora lo conforman, como para asegurar que sean candidatos triunfadores; el distrito con cabecera en Atlixco podrá tener un candidato de la región de Izúcar o de la propia región Atlixquense. Por la rivalidad que casi siempre hay entre los pueblos vecinos y más cuando son de la importancia de Izúcar y Atlixco, es posible que un buen número de ciudadanos de una y otra región, se abstengan de votar o voten por el candidato de su región. La única solución es que se conforme una planilla con el candidato propietario de una de las dos regiones más importantes y el candidato o candidata suplente, sea de la otra región, para equilibrar.

       Para los candidatos, no es lo mismo hacer campaña en un distrito electoral federal conformado por quince o veinte municipios, que hacerla en 51, que además tienen una gran distancia, unos de otros. La cabecera, Acatlán, está como a tres o cuatro horas de Tecamachalco, un centro agropecuario de primera importancia.

       En el caso del distrito de Atlixco, eso no será problema, pues los municipios de la zona de Izúcar, están casi todos, a menos de una hora de Atlixco, que ahora será su cabecera distrital.

       Qué bueno que no se les ocurrió, a los genios electorales,  re-conformar también los distritos locales, que seguirán siendo con los mismos municipios que han tenido de unos años a la fecha.

        El Congreso del Estado, aprobó reformas para establecer la paridad de género y para no sancionar a los partidos que no cumplan con la disposición.

          Es una “jalada” establecer la obligación de que los candidatos a un puesto de elección popular, sean hombres y mujeres al 50 por ciento y luego, establecer que el partido que no cumpla con esa norma, no será objeto de ninguna sanción.

          La realidad es que no hay ningún partido que pueda cumplir con el ordenamiento que establece la paridad de género en elecciones.

         No existe un número suficiente de mujeres dispuestas a ser candidatas, en ningún partido. Los partidos grandes como el PRI, Morena, el PRD y el PAN, tal vez puedan intentarlo y lograrlo en las grandes o medianas ciudades, pero en los miles de pueblos (hay más de 2 mil 500 municipios en el país) eso no es posible, por razones culturales, básicamente.

          Parece que los diputados y diputadas, los senadores y senadoras que han tomado como moda, la “paridad de género” no conocen al estado y al país, no conocen la realidad de los partidos políticos muchos de los cuales, ni siquiera pueden lograr cubrir con candidatos varones, los puestos en disputa en una elección. En su gran mayoría, son partidos de fantasía. Existen en el papel, pero no en la realidad. Han cumplido con los requisitos establecidos en la ley, en la formalidad, pero no en los hechos. Eso sí, todos reciben puntualmente el dinero de la federación y de los gobiernos estatales, para su adecuado funcionamiento, que no es una realidad, porque no tienen comités municipales en la mayor parte de los casos, no tienen comités distritales y muchas veces ni siquiera funcionan adecuadamente sus comités estatales.

        Los partidos políticos en nuestro país, son una invención para sostener otra, la de nuestra flamante democracia.

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      Hace unas semanas dimos a conocer que el estado de Puebla ocupaba ya el cuarto lugar, entre las 32 entidades del país, más pobres. Estaba en la lista de la que siempre han formado parte Chiapas, Oaxaca y Guerrero, y a la que se agregaba Puebla ocupando el cuarto sitio.

      Ayer, Cambio, dio a conocer datos del INEGI en nota de nuestro compañero Manuel Flores Jiménez, en la que se informa de la situación laboral de los poblanos.

      Los datos no son nada halagüeños, pues revelan que el 11.6 por ciento de la población económicamente activa, está desempleada, es decir, no percibe ningún ingreso. Son 324 mil personas que no trabajan y que representan al mismo número de familias que viven en pobreza extrema.

      Más de medio millón, 585 mil personas, el 21.6 por ciento de la población económicamente activa, sobrevive con un salario de poquito más de 80 pesos diarios, el salario mínimo.

     Novecientos diez y nueve mil poblanos, ganan entre 80.4 y 160.8 pesos diarios y solo 395 mil, el 14.6 por ciento, ganan entre 160.8 y 241.2 pesos al día.

     El alto porcentaje de desocupación y las salarios tan bajos que reciben quienes tienen empleo, ubican a la población entre pobres y clase media baja.

     Pero aun hay más. En el último reporte de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) en el primer trimestre de este año, se dice que la población económicamente activa, se elevó un dos por ciento del total de habitantes y pasó de los 2 millones 649 mil a los 2 millones 780 mil, es decir, 131 mil poblanos debieron incorporarse a alguna actividad económica, pero la generación de empleos ha sido nula en el primer trimestre del 2017 y los trabajos que se mantienen en la informalidad sumaron un millón 987 mil, que es la misma cifra del año anterior que representa el 73.3 por ciento de la población en la entidad.

      De la gente que trabaja un millón 751 mil son hombres y poco más de un millón son mujeres. Los porcentajes son 63.3 y 36.7 por ciento respectivamente.

       Estos datos responden a la pregunta que mucha gente se hace: ¿Por qué ese aumento de la delincuencia en una entidad que tradicionalmente ha gozado de tranquilidad? La respuesta salta a la vista. Son las malas políticas económicas gubernamentales, las que han llevado a todo el país y a Puebla desde luego, a la descomposición social que estamos viviendo.

      El neoliberalismo económico, ya está comprobado, hace más ricos a los ricos y empobrece a las clases medias y convierte a los pobres en miserables.

      Como el gobierno federal no hace caso de las voces de especialistas en la materia, para que haga cambios en la política económica que desde el gobierno de Salinas de Gortari fue impuesta en México por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, deben tomarse medidas a nivel de los gobiernos locales, estatales y municipales, para paliar la situación,

       El apoyo al campo es fundamental, sobre todo ahora en que nuestro país ha llegado a ser dependiente alimentario, pues tiene que importar alimentos básicos como maíz, frijol, arroz, huevo, leche y otros muchos productos indispensables para vivir.

       Mientras un pueblo no produzca lo que se come, siempre estará expuesto a contingencias que golpearán a la población más pobre.

       El asunto de los narcotraficantes, de los huachicoleros, de los delincuentes organizados o no organizados, es un asunto policiaco porque ha crecido tan exponencialmente, que hay necesidad de enfrentarlo, pero si no se toman medidas destinadas a resolver los graves problemas sociales que se derivan de esas malas políticas económicas que han empobrecido económica, cultural y educativamente a la población, no habrá remedio posible.

      Y si el gobierno federal no hace caso de esto, y sigue empeñado en seguir por el rumbo que le marcan los organismos económicos internacionales, los gobiernos locales deben hacer su trabajo a nivel estatal o municipal.

       Las grandes empresas transnacionales, como la Volkswagen, la Audi y otras, ayudan a una parte del desarrollo, pero el beneficio que reportan a la población en general, se queda  corto en relación con sus necesidades.

      Es urgente que Estado y municipios, impulsen la producción de alimentos tanto agrícolas como pecuarios. No cuesta mucho y se beneficia a un gran número de personas.

      Hay que impulsar las artesanías y desde luego el turismo, actividad en el que Puebla ya fue insertada, para seguir avanzando en ese rubro que promueve la creación de empleos en restaurantes, hoteles y otros servicios.

      No hay que esperarlo todo del gobierno y debe haber iniciativa ciudadana para resolver los problemas que nos agobian. 

      Como le informamos en este espacio, el pasado miércoles, a iniciativa del diputado Leobardo Soto, dirigente estatal de la CTM, se firmó un convenio de colaboración entre el Congreso local y las delegaciones de la Secretaría de Economía, de la Procuraduría General del Consumidor, de la Comisión del Trabajo, Competitividad y Previsión Social y medios de comunicación, para promover la denuncia ciudadana y proteger los derechos del consumidor.

        Si la situación general del país es sumamente difícil, los organismos del gobierno especializados en cuestiones económicas, deben hacer alianzas con agrupaciones sindicales y ciudadanas en general, para lograr el fortalecimiento económico y protección de la economía familiar, denunciando abusos y malas prácticas de malos comerciantes, en perjuicio de las familias menos favorecidas.

       En este convenio participan también organizaciones campesinas.

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     El inicio del gobierno local encabezado por Antonio Gali Fayad y las locuras que al frente del gobierno estadounidense realiza un día sí y otro también, Donald Trump, acaparan la atención de los habitantes de la mixteca poblana, por las repercusiones que tendrán para los habitantes de esta zona.

     Apenas empieza el nuevo gobierno estatal y es lógico que todavía no pueda apreciarse lo que será en el futuro próximo. Hay confianza entre la ciudadanía, que su desempeño será mejor que el del gobierno que acaba de salir, aunque hayan quedado en el nuevo gabinete estatal un número importante de funcionarios que lo fueron también del que se fue.

      Hemos dicho en este espacio, que es difícil apreciar la importancia de la obra morenovallista en el corto plazo, cuando los ánimos están exaltados, tanto de quienes afirman que fue una maravilla, como de los que dicen que fue un desastre.

      El tiempo dirá quienes tienen la razón.

      Lo que sí es un hecho, es que todos esperan un cambio en la actitud del jefe del ejecutivo, el respeto de las formas, el trato con la gente, la civilidad política.

     Un gobierno puede erigirse y serlo o no serlo, como el gran constructor, pero si su relación fue mala con la sociedad en general o con un gran número de sectores sociales, pues el balance no le favorecerá. Puede ocurrir lo contrario, que las formas hayan sido acertadas, que haya habido buena relación con las autoridades municipales, con los sectores más importantes como son el obrero, el campesino, el empresarial y la sociedad civil en general y que den por resultado un balance favorable, aunque la obra material no haya sido grande, pero sí benéfica para todos. Esa es la diferencia.

     Por lo que al nuevo gobernante poblano se refiere, el señor Gali ha demostrado desde la campaña, que tiene carisma, que además de caer bien a la gente, sabe mantener un buen trato con ella. En la presidencia municipal que desempeñó durante dos años, se mantuvo con los pies bien puestos en la tierra, es decir, no se le subió el cargo y eso hizo que resultara el ganador en la lucha por la gubernatura.

     Hasta ahora, no se nota un cambio en su forma de ser. Se le ve como ha sido siempre: un poblano muy arraigado en su tierra, con amigos a quienes no ha desconocido para nada, con aliados en todos los sectores sociales de la entidad, con autoridades municipales que lo respetan y que están dispuestas a colaborar estrechamente en los dos años de su gobierno, para lograr avances importantes en la economía y en la recomposición social de la entidad.

     El nuevo mandatario estatal, tiene muchas cosas que atender, pero tal vez las más urgentes sean los renglones de seguridad y el de los llamados presos políticos.

     Por lo que se refiere al asunto de la seguridad, va a tener, de hecho ya los tiene, casos sumamente complicados, como la muerte, en el tercer día de su mandato, de diez personas en la zona oriental de Puebla, donde operan los “huachicoleros”. Dicen que en el tiempo que lleva en el poder, los asesinatos ya suman veinte.

     Quienes conocen la forma de operar del llamado “crimen organizado”, afirman que el incremento brutal de las muertes violentas, constituyen una prueba que la delincuencia organizada pone al nuevo gobernante, para saber como actuar en el futuro.

    Es una prueba indudablemente para el gobernador, pero también para el nuevo titular de seguridad pública, Jesús Morales Rodríguez, quien tiene la oportunidad de demostrar su eficacia en el cargo que desempeña y para el que se ha preparado toda su vida, tanto en México como en los Estados Unidos.

    En el caso de los llamados “presos políticos”, el reto es directo para el nuevo gobernante: En este caso se pone a prueba, su capacidad de negociación, pues los grupos que se dicen agredidos por el gobierno y que exigen la libertad de algunos de sus integrantes, deberán demostrar que sus formas de protesta han sido realmente pacíficas, aunque muchas veces apasionadas; que no han lesionado los intereses de terceros y que su actuación en ningún momento ha caído en la comisión de un delito.

    Esto llevará algunas semanas o meses durante los cuales el nuevo gobierno puede estar bajo presión de los grupos políticos o económicos interesados en el caso.

    Por lo pronto, ya han cesado las manifestaciones de descontento, pero si no hay arreglos, podrían resurgir en cualquier momento.

    Si el nuevo gobierno no se cierra al diálogo, no trata de imponer sus razones y se muestra razonable, seguramente que se logrará un final feliz.

    La “órdenes ejecutivas” que a diario firma el señor Donald Trump, presidente de los Estados Unidos ya lo han enemistado con 47 países del mundo, incluyendo a los de la Comunidad Europea, que no es cualquier cosa.

    Entre sus órdenes ejecutivas, está la de construir su muralla en la frontera con México y su amenaza de sacar a millones de trabajadores mexicanos que sean criminales y allá, del otro lado del río Bravo, son criminales los que se pasan un alto y los que están sin papeles, es decir, casi todos.

     Ante esas balandronadas del tal Trump, los mexicanos solo podremos interponer nuestra dignidad. Eso de que vamos a pagar el muro, es una tomadura de pelo. En ninguna parte del planeta un país puede construir una obra que le cobre por la fuerza al vecino, pero bueno, eso lo decidirán los tribunales internacionales.

     La salida de trabajadores indocumentados, entre los que hay decenas de miles de poblanos, si traería como consecuencia serios problemas a las regiones que como la mixteca, tienen a muchos emigrantes allá.

     Lo correcto será que el gobierno estatal y el gobierno federal, trabajen en un plan para recibir a los repatriados con alguna posibilidad de encontrar ocupación aquí, de impulsar a la pequeña empresa con apoyos de ambos gobiernos y brindar atención al campo, otorgando a quienes se dediquen a la agricultura y a la ganadería, los apoyos que realmente necesiten.

    Estados Unidos es un país fuerte con el que tenemos intenso movimiento comercial, pero hay muchos otros con los que también podemos tenerlo, que no se nos cierre el mundo. Salidas las tenemos, aunque al principio sea difícil adaptarnos a la nueva realidad.

Columna | Tierra de Sal

Hablar del agua y algunas medidas tomadas en torno a la privatización de ella, se ha vuelto tema constante en el estado de Puebla y, específicamente en la zona metropolitana y la zona periurbana de la ciudad.

El oro líquido como en muchos lugares se le conoce ha sido factor de estudio desde las sociedades primigenias. Vayamos al “año 805 donde se tienen documentados más de 3,600 tratados en torno al agua en aspectos de navegación, energía eléctrica, pesca, irrigación de cultivos, delimitación de fronteras, accesos a manantiales. Alrededor de 300 de ellos no tienen que ver con navegación y abarcan aspectos relacionados con la cantidad de agua, su calidad y la hidroenergía. De 1820 al año 2014 se han firmado más de 400 acuerdos que consideran al agua un recurso precioso, caro, limitado y finito”. (V. Privatización del  Agua en el Mundo)

La problemática por el valioso líquido, ha ido en aumento; los gobiernos han estado en constante lucha NO por la carencia o la calidad del líquido, sino por la forma en la que se gobierna y/o se administra. Estas diferencias han provocado conflictos nacionales, estatales y municipales.

Si bien es cierto que, las políticas públicas en temas hídricos no han sido del todo acertadas, se debiera generar un equilibrio entre la forma en que se ha decidido administrar. Volvamos a recordar el papel que debe asumir el estado, pues  es él quien debe estar pendiente del suministro, puesto que es  el único responsable del servicio de aguas PESE A QUE SE TRANSFIERA A UNA COMPAÑÍA PRIVADA A TRAVÉS DE UNA CONSECIÓN.

Ahora bien, volvamos a septiembre de 2013, cuando el Congreso local aprobó la reforma a la Ley de Agua para que los organismos operadores de los municipios pudieran dar en concesión el servicio a empresas privadas, las cuales podrían fijar tarifas y embargos.

La iniciativa, presentada por RMV, aplica desde entonces para 25 Sistemas Operadores de Agua Potable y Alcantarillado que son manejados por los ayuntamientos, entre los que se encuentran los municipios más poblados de la entidad. Entre varios municipios se encuentra Puebla y si recordamos que AGUA PARA TODOS, fue un ente que surgió de manera express justo 72 horas antes de que se emitiera el fallo de la licitación del sistema operador de agua potable y que evidentemente  la autoridad competente lo observa como un hecho que de manera tramposa gana  pese a que no hubo licitación pública y mucho menos batalla en igualdad de circunstancias.

Ahora bien, si bien es cierto que la privatización del agua, es y seguirá siendo uno de los grandes problemas en el municipio de Puebla, hoy se suman a la demanda ciudadana otro municipio conurbado CUAUTLANCINGO; y, justo el pasado 31 de enero, representantes de organizaciones de la sociedad civil encabezados por Juan Carlos Cotzomi , Antonio Barrera Evangelista, Miguel Cotzomi y Homero Xicotencátl Torres, de “Juntos Cambiemos a Cuautlancingo” “Frente Campesino Mexicano” y de la “UR”, entregan un documento dirigido a los integrantes del cabildo encabezado por Félix Casiano Tlaque, donde palabras más o palabras menos hacen referencia a la modificación hecha a la Ley de Puebla en su artículo 12 fracción VI, que por cierto, afirmaron que “es inconstitucional ya que contraviene los dispuesto por el art 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

En el documento afirman que: “se encuentran preocupados, molestos y en desacuerdo, porque violentan de manera mañosa la autonomía municipal de Cuautlancingo y perjudica el bienestar de sus habitantes”.

Bajo este orden de ideas, y recordando algunas cifras de analistas en el tema, han afirmado que con RMV se incrementó el costo de la tarifa de agua en un 500% y con mayor incidencia en la zona norte del municipio de Puebla, justo en los límites con Cuautlancingo. Por ello, los habitantes del vecino municipio, están solicitando que no se privatice el servicio de suministro de agua, argumentando el hecho que lo establecido por la Carta Magna se iría por la borda.

Convertir al agua en derecho fundamental ayudaría a introducir en la conciencia colectiva la idea de que este recurso es una necesidad vital para la supervivencia del planeta y no un instrumento más que forma parte de los procesos de producción industrial. El agua como derecho permitiría que nuestro estado fortaleciera su posición frente a los poderes privados que hoy ejercen fuertes presiones sobre los ciudadanos, pese a que las autoridades fijen su posicionamiento, los ciudadanos y sobre todo en las colonias populares, molestos por los altos costos y el pésimo servicio de suministro del vital líquido, seguirán haciendo cierres de calles, manifestaciones y amparos. AL TIEMPO.

Twitter | @mayrusmayrus7 @divandelamujer