Columna | Desde el portal

 De acuerdo al presidente Andrés Manuel López Obrador, el Poder Judicial pretende cancelar al Ejecutivo al limitarlo en la realización de obras en beneficio colectivo, paralizarlo, evitar que cumpla con su función de apuntalar el desarrollo nacional, con una visión limitada como la de los panistas Julen Rementería, Lilly Téllex y Gabriel Quadri.

 Para los citados políticos opositores, el sureste de México no merece incorporarse al desarrollo porque sus habitantes son flojos y lejos de representar un beneficio para el país, significan una carga, por lo que no merecen inversiones públicas ni privadas que generen empleos e ingresos a sus habitantes y para que sus bellezas sigan ocultar sin ser admiradas por la humanidad.

 Al conceder amparos a los poderosos grupos empresariales que utilizan ecologistas para oponerse, los ministros de la Corte obstaculizan al Ejecutivo para impulsar el desarrollo de esa porción de la República con una visión mundial, al detonar el comercio y las comunicaciones con el resto del mundo y aprovechar sus vastos recursos naturales.

 Evidentemente, ni hay condiciones jurídicas ni políticas -y menos sustento popular-, para un Golpe técnico de naturaleza que iría en contra de la misma Nación, de la que se asumen como dueños, y de la que han dispuesto durante décadas en beneficio de un reducido grupo de mexicanos asociados con el extranjero. La pugna Ejecutivo-Judicial está en pleno auge.

TURBULENCIAS

Alianza de cúpulas sobre candidatos

 Coahuila es un nuevo escenario en la política-electoral del país: las cúpulas asumen acuerdos por encima de sus candidatos y de sus militantes. De esa manera Lenin Pérez, candidato del PVEM a la gubernatura, rechazó declinar en favor de Armando Guadiana, de Morena, pese al acuerdo que la dirigencia nacional con Manuel Velasco al frente llegó con el partido en el poder; de igual manera Ricardo Mejía, candidato del PT, se rehúsa a abandonar la candidatura pese al acuerdo de su dirigencia de apoyar a Guadiana. Las cúpulas siempre negocian sobre los intereses de los electores, militantes y candidatos, y sólo ven sus intereses facciosos…La Comisión bicameral del Congreso de la Unión se reunió con el Gabinete de seguridad encabezado por el titular de la SEGOB, Adán Augusto López Hernández, aspirante presidencial, Rosa Icela Rodríguez, próxima candidata a la jefatura de Gobierno de la Cdmx, y los titulares de la Defensa y Marina y en la que se hizo una evaluación y seguimiento de las tareas de seguridad de las Fuerzas Armadas y cuyo propósito es trazar, delinear y colaborar en la ruta hacia la paz; hay toda la disposición cuenten con nosotros, se señaló. “No hay institución mejor preparada, mejor, capacitada, organizada que nuestras fuerzas armadas para la recuperación de los territorios que hoy están a merced de los criminales o del crimen organizado”, señaló Adán Augusto López Hernández en el encuentro encabezado por el presidente de la JUCOPO del Senado, Ricardo Monreal Ávila…Con el propósito de generar mayor conocimiento en el combate a la inseguridad y reforzar el Estado de Derecho, la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP) y El Colegio de México, intercambiarán información entre ambas instituciones y puedan mejorar su actuación en beneficio de la sociedad anunció el investigador Sergio Aguayo Quazada en su plática “El peso de la inteligencia en la Seguridad Mexicana” que impartió ante 233 empresas que encabeza Gabriel Bernal Gómez…Investigan a María Fernanda Casanueva y a Sonia Vargas Terrero, ex colaboradoras de Genaro García Luna, y que fueron contratadas por la ministra Norma Piña para manejar el colosal presupuesto del Poder Judicial, una enorme riqueza frente a la pobreza de vastos sectores del país…

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Cuando se alude a la división de poderes inmediatamente se está haciendo referencia al término control, de este concepto Montesquieu subyace la idea de controles, y  ello hace referencia el artículo 16 de la Declaración francesa de Derechos de 1789, cuando fija que, una comunidad sin división de poderes carece de Constitución.

Montesquieu planteó la división de las fuerzas políticas existentes en tres (rey, nobleza y pueblo), adscribiéndolas a otras tantas funciones estatales (legislativo, ejecutivo y judicial), con esta división, buscaba un equilibrio entre los poderes políticos, dividiéndolos y limitándolos entre sí, “par le disposition des choses, le pouvoir arréte le pouvoir”, con el fin de garantizar la libertad.

Dicha división no significaba una separación entre ellos y la consiguiente debilitación del Estado, sino que se busca con ello, un equilibrio entre los intereses de los grupos sociales sobre la base de un compromiso político.

En referencia a lo anterior, el diseño de nuestra democracia descansa en el principio de esa división de poderes, ningún poder se encuentra por encima ni por debajo del otro y el equilibrio entre los tres poderes descansa en el absoluto respeto mutuo de sus respectivas competencias y facultades.

De acuerdo con la Constitución Federal de la República, vigente desde 1917, en nuestro país la división de poderes se encuentra establecido en su artículo 49, que a la letra dice: El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29. En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán facultades extraordinarias para legislar.

Lo anterior implica que dentro del Estado Constitucional de México, los tres poderes existentes coexisten y se limitan entre sí, es decir, entre ellos existe jurisdicción superpuestas y ninguno tiene ínsulas aisladas de cada poder.

Con ello podemos entender que la existencia de los poderes en México se da para limitarse entre ellos y ninguno esté sobre lo mandatado por nuestra Constitución, y que su función pública es con la finalidad de servir al pueblo mexicano, sin perjudicar la estabilidad del mismo.

Sin embargo, los Magistrados de la Suprema Corte de Justicia de nuestro país, parecen olvidar que nadie, puede estar por encima de ese principio de derecho y que la reducción de su salario obedece a una reforma acaecida al artículo 127 desde agosto de 2009, la cual inobservaron sin justificación alguna.

Y que hoy intentan seguir inobservando aún por encima del interés general de la población, promoviendo amparos a diestra y siniestra contra la Ley de Remuneraciones de Servidores Públicos, impulsada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, donde ilógicamente pretenden ser juez y parte, para echar abajo la disposición de bajarles el sueldo a menos de ciento ocho mil pesos mensuales, que es lo que hoy gana el Presidente.

Para justificar lo anterior, manifiestan que el quitarles sus ingresos, que superan los quinientos mil pesos mensuales, daría pie a volverlos susceptibles a corromperse, como si ganando lo que hoy ganan nunca se hubiesen presentado casos de corrupción, además de que con esta declaración, entonces cualquier persona que robe, porque su salario mínimo no le alcance, ellos estarán obligados a justificar ese acto.

Por lo que, no solo han promovido amparos en contra de esta ley, demostrando que su supuesta autonomía obedece a intereses personales y donde la lógica jurídica esta vez solo obedece a sus propios intereses, ya que hasta han pasado por alto lo estipulado en la misma ley de amparo que establece que el amparo es improcedente contra reformas constitucionales, ello, con el único objetivo de seguir gozando de privilegios económicos que contradicen la situación económica de nuestro país.

Esperemos que esta batalla, sea ganada por la justicia social y la lógica que debería imperar en un país que se encuentra inmerso en una crisis económica como la que enfrentamos, la mayoría que habitamos en México.

El pasado jueves, el Poder Judicial de la Federación, otorgó la razón al Municipio de San Andrés Cholula, tras el juicio promovido por la familia Torres, en torno al caso de una supuesta invasión de la actual administración al predio que colinda con las instalaciones del nuevo DIF Municipal en San Andrés Cholula.

Ante Medios de Comunicación, el Secretario de Gobernación Municipal, Oscar Palacios Ramírez, dio a conocer el resolutivo que emitió el Juzgado Segundo de Distrito, emitido por el Lic. Juan Miguel Juárez Cardoso.

El documento que presentó el funcionario municipal señala claramente, que la autoridad municipal, actuó con total apego a la Ley, No se   afectó ni trasgredió a la familia que se dijo afectada y sí se respetó en todo momento sus garantías individuales y se mantuvo el diálogo con la familia.

Por lo anterior, dicho caso quedó resuelto en favor del Municipio de San Andrés Cholula, para que, el inmueble del nuevo DIF Municipal y la obra que se edifica del CRIT, pueda ser terminada e inaugurada antes de concluir esta administración. (14 de octubre de 2018).

Finalmente, Palacios Ramírez, destacó que dicha obra será parte del legado en materia de infraestructura, obra pública, pero, sobre todo, de un legado en materia social y de salud para los Sanandreseños.