OFAC designa individuos de alto perfil que actúan en nombre del CJNG y la Organización narcotraficante “Los Cuinis” afectando las operaciones de lavado de dinero de los cárteles.
 
Washington – La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento de Tesoro, identificó hoy a dos individuos que actúa en nombre de cárteles de narcóticos mexicanos por sus papeles facilitando el lavado de dinero y una red de prostitución internacional. OFAC designó al promotor musical y ciudadano mexicano Jesús Pérez Alvear como Narcotraficante Especialmente Designado (SDNT, por sus siglas en inglés) de conformidad con la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros (Kingpin Act) por lavar dinero en nombre del poderoso Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la Organización narcotraficante (DTO, por su acrónimo en inglés)  Los Cuinis.  OFAC también designó al fotógrafo de moda venezolano-italiano Miguel José Leone Martínez, quien ayuda a dirigir una red de prostitución internacional asociada con el DTO de Los Cuinis. 

“El Departamento del Tesoro está identificando individuos que trabajan en nombre de los jefes narcotraficantes mexicanos violentos, y respaldan sus estilos de vida opulentos mediante el tráfico de drogas letales hacia los Estados Unidos,” dijo Sigal Mandelker, Subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera.  “Nuestra designación de Jesús Pérez Alvear expone su papel ayudando a CJNG y Los Cuinis a explotar la industria musical mexicana para lavar las ganancias de las drogas y glorificar sus actividades criminales. Estamos señalando al fotógrafo de modas Miguel José Leone que dirige una red de prostitución internacional y que recluta a modelos y participantes en concursos de belleza de América del Sur y Europa para la prostitución para los miembros principales de Los Cuinis.”

Estas sanciones aplican una presión continua a los aliados de las organizaciones narcotraficantes mexicanas CJNG y Los Cuinis, que OFAC designó el 8 de abril de 2015 junto con su liderazgo.  Como resultado de la acción de hoy, todos los bienes de los sujetos designados que estén bajo jurisdicción de los Estados Unidos o que estén bajo el control de personas estadounidenses debe ser bloqueado y reportado a OFAC. Las reglamentaciones de OFAC generalmente prohíben todas las transacciones de personas ciudadanos estadounidenses o de personas que se encuentren dentro de los Estadps Unidos o en tránsito, las cuales involucren cualquier propiedad o intereses en propiedad de los SDNT u otras personas bloqueadas.

El primer individuo designado hoy, Jesús Pérez Alvear (alias "Chucho Pérez"), es un promotor musical mexicano quien lava los ingresos ilícitos de la venta de narcóticos a través de conciertos mexicanos en nombre de CJNG y el DTO de Los Cuinis,  los cuales son liderados por Nemesio Oseguera Cervantes (alias "Mencho") y Abigael Gonzalez Valencia, respectivamente, ambos fueron designados en abril de 2015.  Chucho Pérez tiene estrechos vínculos con la familia de González Valencia y se enfoca principalmente en promover conciertos en grandes ferias mexicanas, como los que se llevan a cabo en Aguascalientes y Metepec.  Chucho Pérez usa la violencia para obtener concesiones para operar estos conciertos bajo el nombre de su negocio de promoción musical, Gallistica Diamante (alias “Ticket Premier”) que también fue designado hoy.  Chucho Pérez lava ingresos de la venta de drogas que pertenecen a CJNG y el DTO de Los Cuinis mezclándolos con los ingresos legítimos generados por la venta de boletos, alimentos, estacionamiento y otras ventas. Chucho Pérez frecuentemente promueve actos musicales conocidos por cantar narcocorridos o baladas que glorifican a los narcotraficantes y sus actividades ilícitas. Algunos de estos actos tienen vínculos con organizaciones de narcotráfico.  Por ejemplo, promovió a Julio Cesar Alvarez Montelongo (alias “Julion Alvarez”), cantante mexicano designado por la OFAC el 9 de agosto de 2017 debido a sus vínculos con la organización narcotraficante de Raúl Flores, que está aliado con el CJNG y el DTO de Los Cuinis.

El segundo individuo designado hoy es Miguel José Leone Martínez (alias “Miguel Leone”), quién es un ciudadano dual venezolano-italiano residente en México y asociado de Chucho Pérez.  Miguel Leone, que pretende ser un fotógrafo de moda, en realidad ayuda a liderar una red de prostitución internacional en nombre de Los Cuinis DTO.  Las autoridades mexicanas arrestaron a Miguel Leone con el líder del DTO de Los Cuinis, Abigael González Valencia en febrero de 2015 en México pero liberaron a Leone aproximadamente un año después.  Leone utiliza su papel como fotógrafo de moda para reclutar modelos y participantes en concursos de belleza de América del Sur y Europa para servir como prostitutas para González Valencia and y otros miembros principales de Los Cuinis DTO.  

En marzo de 2014, basado en una investigación dirigida por la división de Los Ángeles de la Administración de Control de Drogas (DEA), un gran jurado federal en el Tribunal del Distrito de Columbia acusó a los cuñados González Valencia y Oseguera Cervantes de varios cargos, incluso ser los principales líderes de una empresa criminal continua.  González Valencia fue capturado en México a fines de febrero de 2015, pero Oseguera Cervantes sigue fugitivo. 

La OFAC coordinó estrechamente con las siguientes agencias estadounidenses para ejecutar la acción de hoy: la DEA, el FBI y Aduanas y Protección Fronteriza.
 
Desde junio de 2000, más de 2 mil entidades e individuos han sido nombrados conforme de la Ley Kingpin por su papel en el tráfico internacional de narcóticos. Las penas por violaciones de la Ley Kingpin varían desde penas civiles de hasta $1,466,485 de dólares por infracción a penas criminales más severas. Las penas criminales para los funcionarios corporativos pueden incluir hasta 30 años de prisión y multas de hasta $5 millones de dólares. Las multas penales para las corporaciones pueden llegar a $10 millones de dólares. Otras personas podrían enfrentar hasta 10 años de prisión y multas conforme al Título 18 del Código de los Estados Unidos por violaciones criminales de la Ley Kingpin

Washington – Hoy, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, designó a diez funcionarios actuales o anteriores del gobierno venezolano conforme a la Orden Ejecutiva (E.O.) 13692. Estos individuos están asociados con el debilitamiento de los procesos electorales, la censura de los medios o la corrupción en los programas de alimentos administrados por el gobierno en Venezuela. Esta designación se produce tras las elecciones estatales del 15 de octubre de 2017 en Venezuela, las cuales estuvieron marcadas por numerosas irregularidades que sugieren firmemente que el fraude ayudó al partido gobernante a ganar inesperadamente la mayoría de las gobernaciones.

A pesar de las peticiones de una auditoría independiente de los resultados electorales, el gobierno venezolano procedió a tomar juramento del cargo de los candidatos ganadores ante la ilegítima Asamblea Constituyente (AC), lo que ilustra aún más la naturaleza autoritaria del régimen de Maduro. Además, el entorno en el que se celebraron estas elecciones -incluida la censura, el abuso de los medios estatales y la corrupción desenfrenada que se extiende incluso a la distribución de alimentos a la población hambrienta de Venezuela- plantea interrogantes sobre la libertad y la imparcialidad del proceso electoral.

“Mientras el gobierno venezolano sigue ignorando la voluntad de su pueblo, nuestro mensaje sigue siendo claro: los Estados Unidos no se mantendrá al margen mientras el régimen de Maduro continúe destruyendo el orden democrático y la prosperidad de Venezuela”, dijo el Secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin. “Mantendremos nuestros esfuerzos vigorosos para sancionar a los funcionarios del gobierno venezolano que son cómplices en los intentos de Maduro de debilitar la democracia, violar los derechos humanos, inhibir la libertad de expresión o de reunión pacífica, o involucrarse en la corrupción pública, a menos que se distancien del régimen dictatorial de Maduro”.

Las designaciones de hoy consisten en los siguientes diez funcionarios actuales o anteriores del Gobierno de Venezuela. Como resultado de las acciones de hoy, todos los bienes de estos individuos sujetos a la jurisdicción de los Estados Unidos, quedan congelados, y se prohíbe en general a las personas de Estados Unidos a negociar con ellos..

•    Sandra Oblitas Ruzza, es vicepresidenta y rectora del Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE) y presidenta de la Comisión del Registro Civil y Electoral que mantiene el CNE. Oblitas Ruzza anunció la reubicación de los colegios electorales solo cuatro días antes de las elecciones. Esta actividad afectó las elecciones, ya que los electores llegaron y descubrieron que sus centros de votación habían sido trasladados.

•    Socorro Elizabeth Hernández de Hernández, es rectora del CNE y miembro de la Junta Nacional Electoral de Venezuela. Hernández de Hernández estuvo involucrada en los cambios que se hicieron en las ubicaciones de los colegios electorales en los días previos a las elecciones.

•    Carlos Enrique Quintero Cuevas, es rector suplente del CNE y miembro de la Junta Nacional Electoral de Venezuela.

•    Elvis Eduardo Hidrobo Amoroso, es el segundo vicepresidente de la AC de Venezuela y anteriormente fue el primer vicepresidente de la AC. Antes de unirse a la AC, Hidrobo Amoroso fue director general de Consultoría Jurídica del Ministerio de la Presidencia, y también fue ex diputado de la Asamblea Nacional por el estado de Aragua. Hidrobo Amoroso ha condenado públicamente a un gobernador electo de la oposición que se negó a prestar juramento ante la AC ilegítima.

•    Julián Isaías Rodríguez Díaz, es el embajador venezolano en Italia y anteriormente fue el segundo vicepresidente de la AC. Rodríguez Díaz, junto con Hidrobo Amoroso, firmó el decreto que exige el juramento ante la AC ilegítima para los gobernadores electos el 15 de octubre.

•    Ernesto Emilio Villegas Poljak, es el recién nombrado Ministro de Cultura de Venezuela y ex Ministro de Comunicación e Información, y también ocupó el cargo de presidente de Venezolana de Televisión (VTV), un canal de televisión estatal. Bajo la conducción de Villegas Poljak, VTV ha restringido la libertad de prensa y ha utilizado el control estatal de los medios para restringir el proceso electoral democrático.

•    Jorge Elieser Márquez Monsalve, es el recién nombrado Ministro del Despacho de la Presidencia de Venezuela y ex director general de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), una institución pública venezolana. En agosto de 2017, CONATEL cerró dos canales de televisión colombianos en Venezuela debido a su cobertura de la ex-fiscal general venezolana Luisa Ortega Díaz, quien huyó de Venezuela. En febrero de 2017, CONATEL anunció la suspensión de CNN en Español de Venezuela, luego de que la red emitiera varios informes detallando las acusaciones contra el gobierno.

•    Manuel Ángel Fernández Meléndez, es el presidente de la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela (CANTV) y presidente de Movilnet, C.A., una subsidiaria de CANTV. CANTV ha aumentado drásticamente la censura y ha bloqueado el acceso al público venezolano a varios sitios de internet, incluidos sitios web de las redes sociales.

•    Carlos Alberto Osorio Zambrano, es el presidente del Órgano Superior de la Misión Transporte de Venezuela. Anteriormente fue Ministro del Despacho de la Presidencia, vicepresidente de Seguridad y Soberanía Alimentaria y Ministro de Alimentación. En 2016, la comisión de auditoría de la Asamblea Nacional de Venezuela alegó que Osorio Zambrano fue cómplice en estafar al estado hasta por US$ 573 millones, a través de la corrupción en el programa de alimentos de Venezuela.

•    Freddy Alirio Bernal Rosales, es el Ministro de Agricultura Urbana de Venezuela y dirige el Centro Nacional de Mando y Control de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), el programa de distribución de alimentos administrado por el gobierno de Venezuela. Bernal Rosales fue designado previamente por la OFAC como Narcotraficante Especialmente Designado de conformidad con la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico el 8 de septiembre de 2011, por actuar en nombre o en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

La Acción de la OFAC bajo la Ley Kingpin apunta a 22 ciudadanos mexicanos y a 43 entidades en México

Washington – En coordinación con las acciones de las autoridades de los Estados Unidos y México, la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha identificado hoy a Raúl Flores Hernández de nacionalidad mexicana y a la organización narcotraficante “Flores” como Narcotraficante Especialmente Designados de conformidad con la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros (Ley Kingpin). Además de Flores y su organización, OFAC también designa a 21 ciudadanos mexicanos y 42 empresas en México por prestar apoyo a las actividades de tráfico de drogas de Raúl Flores Hernández y la organización de narcotráfico Flores y/o por ser propiedad o estar bajo el control de ésta, sus miembros y asociados de confianza. Esta designación marca la mayor acción individual que OFAC ha tomado bajo de la Ley Kingpin contra una red de cárteles de la droga en Mexico. Como resultado de la acción de hoy, todos los bienes de aquellos designados hoy que estén bajo la jurisdicción de los Estados Unidos o estén bajo el control de ciudadanos estadounidenses quedan congelados, y se prohíbe a los ciudadanos estadounidenses realizar transacciones con ellos.

La Procuraduría General de la República (PGR) del gobierno de México aseguró hoy diversos bienes que pertenecían a Raúl Flores Hernández y a su organización criminal, incluyendo el Gran Casino de Guadalajara. La acción de hoy es el resultado de una investigación de la OFAC de varios años, la cual fue coordinada con la Administración Antidrogas, la Unidad de Investigaciones de Seguridad Interna, la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza y el gobierno de México. Esta designación es parte de un gran esfuerzo conjunto con los autoridades y agencias del gobierno de México, incluyendo la PGR y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México, para utilizar sanciones financieras, entre otras herramientas, para interrumpir las organizaciones mexicanas de tráfico de drogas.

“Raúl Flores Hernández ha operado exitosamente por décadas debido a su larga relación con otros cárteles de la droga y su utilización de testaferros financieros para enmascarar sus ganancias procedentes de la venta de drogas ilegales”, expresó el Director de la OFAC, John E. Smith. “Esta acción importante refleja la cooperación estrecha entre el gobierno de los Estados Unidos y la procuración de justicia mexicana con el fin de detener el flujo ilegal de narcóticos, y para señalar y exponer a los capos de la droga y los que facilitan sus redes financieras ilícitas”.

Aunque opera independientemente, Raúl Flores Hernández conserva alianzas estratégicas con el liderazgo del cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación. Sus vínculos con estos cabecillas de los cárteles de la droga han permitido que la organización criminal Flores funcione con éxito desde los años 80 en Guadalajara, Jalisco, así como en la Ciudad de México. En marzo de 2017, las acusaciones federales de tráfico de drogas fueron devueltas al Distrito de Columbia y el Distrito Sur de California contra Raúl Flores Hernández. 

La organización criminal Flores incluye a varios miembros de la familia Flores Hernández y asociados de confianza, sobre los cuales él se apoya en gran medida para llevar a cabo actividades de tráfico de drogas y lavado de dinero y como testaferros. Los miembros de la familia Flores Hernández  que fueron designados hoy incluyen a: María Icela Chávez Martínez, Felipe Flores Gómez, Kevin Sebastián Flores Chávez, Sendy Flores Castro, Moisés Flores Esparza, Saúl Flores Tinajero, Oscar Armando Jiménez Hernández, e Irma Lizet Damián Ramírez. Los asociados de Flores Hernández designados hoy incluyen a Fernando Gustavo Álvarez Peralta, Diego Ayala Romero, Linda Elizabeth Campos Tirado, Efraín y Omar Caro Urias, Hugo Iván y Víctor Manuel Carranza Zepeda, Jose Antonio Cordero Cárdenas, y Mario Alberto Fernandez Santana. Varias de estas personas poseen o controlan una serie de empresas mexicanas dentro de la red de negocios la organización criminal de Flores. La designación OFAC de hoy también incluye al futbolista profesional mexicano Rafael Márquez Álvarez (Rafa Márquez), y a Julio César Álvarez Montelongo (Julión Álvarez), un cantante norteño mexicano.  Ambos hombres han estado vinculados durante mucho tiempo con Flores Hernández, y han actuado como testaferros para él y su organización de narcotráfico y mantenían bienes en su nombre. También fueron designados hoy Mauricio Heredia Horner y Marco Antonio Fregoso González por actuar a nombre de Rafa Márquez.

Las 42 empresas designadas hoy  atraviesan una amplia gama de industrias y servicios en México, que incluyen deportes y recreación, salud y rehabilitación, restaurantes y bares, hospitalidad y turismo, juegos de azar y producción de música. Varias empresas claves designadas incluyen a un club de fútbol mexicano, el Club Deportivo Morumbi, Asociación Civil; El Gran Casino en Guadalajara, Jalisco; Camelias Bar, S.A. de C.V. y Nocturnum Inc, S. de R.L. de C.V., que han dirigido populares bares y restaurantes en Guadalajara; un centro de rehabilitación deportiva, Prosport & Salud Imagen, S.A. de C.V.; y una empresa de producción musical, Noryban Productions, S.A. de C.V.  La mayoría de las entidades designadas hoy están registradas en el estado mexicano de Jalisco, sin embargo dos están registradas en el estado de Sinaloa.  Varias entidades operan sucursales en varios otros estados, incluyendo Michoacán y Coahuila.

Desde junio del año 2000, más de 2,000 empresas e individuos han sido nombrados conforme a la Ley Kingpin por su participación en el tráfico internacional de narcóticos.  Las sanciones por violaciones a la Ley de Cabecillas fluctúan entre penas civiles de hasta  un millón 437 mil 153 dólares  por cada violación hasta penas criminales más severas. Las penas criminales para directivos de empresas puede ser de hasta 30 años de prisión y multas de hasta 5 millones de dólares.  Las multas criminales para empresas pueden alcanzar los 10 millones de dólares.  Otros individuos pueden enfrentar hasta 10 años de prisión y multas de conformidad con el Título 18 del Código de los Estados Unidos por violación criminal a la Ley Kingpin.