Columna | P u l s o   P o l i t i c o

      Todos los partidos políticos representados en el Senado de la República: PRI, PVEM, PRD, PT y Morena, rechazaron la propuesta hecha por el PAN para  establecer la segunda vuelta en las elecciones, cuando un candidato presidencial, no alcance el 50 por ciento de la votación.

      Morena dijo, que se trata de un plan mañoso de Acción Nacional, para evitar que llegue Andrés Manuel López Obrador. El Presidente del Senado, Pablo Escudero, señaló, que el Poder Legislativo no puede aprobar leyes a la medida de nadie.

      El coordinador del PRI, Emilio Gamboa Patrón, manifestó que los panistas pretenden echar una cortina de humo para distraer la atención de temas legislativos importantes. Además, el tiempo para hacer reformas electorales, señaló, ya venció el 31 de mayo.

      Dejaron solito al coordinador de la bancada panista, que se quedó echando de su ronco pecho contra la postura de sus colegas de todos los partidos ahí representados.

      Insiste la dirigencia nacional de Morena, en su alianza con el PAN. Solo formando un frente amplio, se podrá derrotar al PRI, afirmó la secretaria general de ese partido, Beatriz Mojica, afirmando estar dispuesta a continuar las negociaciones para lograr una alianza con el partido Acción Nacional.

      Tal alianza es reprobada por la mayor parte de la militancia perredista de Puebla. La dirigente estatal, Socorro Quezada Tiempo, ha insistido en que el PRD debe aliarse con Morena y otras fuerzas de izquierda, pero no con la derecha.

      Mientras tanto, perredistas, algunos de ellos diputados de la corriente morenovallista, están solicitando el cambio de dirigencia estatal, precisamente por desacuerdos con la dirigente actual.

      La intención de esta corriente, es conformar una alianza con el PAN, el PRD y otros partidos, pues consideran que como ocurrió en Puebla en el 2010, esa corriente sería exitosa.

      El PRD, DIJO Mojica, ya ha empezado a construir su Plataforma Política, con miras a las elecciones del año próximo.

      El Partido Revolucionario Institucional, también se prepara para su Asamblea Nacional número 22, que se llevará a cabo en el mes de agosto. Muchos priistas pretenden que su partido regrese a sus orígenes, que vuelva a retomar la política social de las primeras décadas de los gobiernos revolucionarios, que tantos beneficios le dieron al país y que afronte los graves problemas que padecemos, con decisión y coraje.

      Hasta ahora, ningún priista ha hablado de cambiar el modelo económico en el que está metido México desde que empezó su decadencia.

      El modelo neoliberal, implantado por el grupo Salinas, es el causante de la decadencia económica y social del país y del propio PRI.

      Ya desde la asamblea nacional priista que se llevó a cabo en tiempos de Ernesto Zedillo, se hizo patente la inconformidad de los priistas contra sus dirigentes y contra el gobierno federal, pues se abandonó la política revolucionaria y nacionalista de sexenios anteriores y el nuevo modelo implantado por órdenes del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, estaba llevando a México a la debacle que ahora parece total y difícil de revertir.

      Si no hay cambio del modelo económico, si no se hacen los ajustes necesarios, los problemas van a continuar, lo mismo que la decadencia del partido tricolor.

      Nos informan que el partido Morena, el de López Obrador, tiene a tres aspirantes fuertes a la candidatura para gobernador: están Alejandro Armenta, que acaba de salir del PRI; Miguel Barbosa Huerta, que acaba de salir del PRD y que todavía no se afilia al nuevo partido y el diputado federal Rodrigo Abdala, que ha venido realizando una interesante actividad política y legislativa en México y en Puebla.

       Armenta está realizando giras por los diversos distritos del Estado, para informar a sus seguidores, las razones por las cuales decidió abandonar al PRI, partido en el que militó más de 30 años y afiliarse a Morena.

       Por su parte, el senador tehuacanero, Miguel Barbosa, realiza giras por la entidad, promoviendo la precandidatura de López Obrador para la Presidencia de la República.

        El gobernador Antonio Gali y su esposa, Dinorah López, pusieron en marcha un programa denominado, “Donde hay un poblano, hay un compromiso”, cuyo objetivo será  que los poblanos en general y los niños y los jóvenes en particular recuperen los valores que siempre habían prevalecido entre los poblanos y recomponer el tejido social, muy dañado en los últimos años por la acción de las bandas delictivas.

      En todos los municipios de la entidad, se promoverá uno a uno, de los doce valores que constituyen el programa: honestidad, amistad, solidaridad, generosidad, igualdad, agradecimiento, respeto, lealtad, disciplina, paz, dignidad y responsabilidad.

       Cualquier esfuerzo por recomponer nuestro muy dañado tejido social, debe ser apoyado por todos los ciudadanos de bien. Solo así podrán resolverse los graves problemas de delincuencia organizada y no organizada que padecemos y que han venido a trastornar la vida de todos los habitantes del estado.

• Senadora Lucero Saldaña representó a México en las reuniones de expertas para su redacción.

En Febrero de 2015 la Senadora Lucero Saldaña representó a nuestro país en la reunión de expertas de la Organización de los Estados Americanos dedicada a analizar los desafíos que enfrentan los países de la región para dar una respuesta efectiva ante el problema de la violencia política contra las mujeres.

A partir del análisis y el trabajo realizado en dichas reuniones de expertas, la OEA lanzó esta semana el documento denominado “Ley Modelo Interamericana sobre Violencia Política contra las mujeres”, como un primer esfuerzo de alcance regional por definir esta problemática e incorporarla en el marco jurídico interamericano e internacional.  Igualmente pretende identificar a los órganos responsables y las pautas de actuación en relación con la prevención, atención, sanción y reparación de esta violencia, entre los que destaca el papel de los Mecanismos Nacionales de las Mujeres; y determinar qué tipo de actos de violencia política deben sancionarse, distinguiendo entre faltas graves y gravísimas, y delitos penales, señalando una serie de sanciones específicas que pueden aplicarse.

La Senadora Lucero Saldaña explicó que este documento pone de relieve la urgencia de que los Estados adopten todas las medidas necesarias para su erradicación, en el entendido de que la eliminación de la violencia política contra las mujeres es condición esencial para la democracia y la gobernabilidad.

Asimismo señaló que entre las principales contribuciones del documento, se encuentra la consagración del derecho de las mujeres a una libre de violencia política y la definición del concepto de violencia política contra las mujeres.

“Uno de los aspectos más innovadores de esta Ley Modelo es el establecimiento del vínculo entre la violencia política contra las mujeres y el logro de la paridad política”,  señaló la Senadora Saldaña.

La Senadora Lucero Saldaña, quien además de haber participado en las reuniones de expertas de la Ley Modelo y de ser la primera legisladora en México en presentar una iniciativa en la materia, impulsó igualmente este tema en la redacción de la Constitución de la Ciudad de México, reiteró su beneplático con la presentación de este documento y recalcó que su importancia radica en reconocer el derecho de las mujeres a ser libre de toda forma de violencia y discriminación en el ejercicio de sus derechos políticos, y también al derecho a vivir libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación.

Twitter: @LuceroSenadora

La desaparición forzada de personas es un flagelo que vulnera los principios fundamentales de los Derechos Humanos, ya que destroza la dignidad de la víctima; pone en riesgo su integridad física, psicológica e incluso su vida, y destruye por completo la seguridad personal y familiar y niega la personalidad jurídica de la persona.

La anterior definición fue atinadamente expresada por la senadora Pilar Ortega Martínez, Presidenta de la Comisión de Justicia del Senado de la Republica, el pasado 27 de abril del presente, fecha en que se presentó el dictamen en tribuna, de la Ley General de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, así como del Sistema Nacional de Búsqueda y la Declaratoria Especial de Ausencia.

Por lo que, ante tal aseveración, podría entenderse que los integrantes de dicho recinto legislativo, comprenden cabalmente, la importancia de que nuestro país cuente con un instrumento jurídico y un sistema que permita combatir eficazmente esa problemática que daña y lacera nuestro constructo social.

Sin embargo, nuestros eficientes legisladores tardaron dos años en aprobar un proyecto de ley, que no es obra de ellos, sino, que es un trabajo conjunto que elaboraron con apoyo de organizaciones civiles, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y el Comité Internacional de la Cruz Roja.

Pues bien, después de ese arduo trabajo legislativo, resulta que dicha ley, resultó una trampa más de nuestros legisladores, para apaciguar las exigencias que tenían por parte de los colectivos de familias de desaparecidos y organizaciones de derechos humanos, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México conformado por familiares de 49 colectivos y 43 organizaciones civiles, y la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada.

Lo anterior, en razón de la presión ejercida por parte de la Secretaría de Gobernación para que, los representantes de estos grupos, revisaran las observaciones al dictamen que hizo el Ejecutivo, seis días antes del cierre del periodo de sesiones del Congreso de la Unión, por lo que ante tal situación, dichos grupos terminaron por aceptar “con reservas” un proyecto de ley elaborado por el Senado que no responde del todo a sus demandas, pero que los orillo a pensar que si no lo aprobaban en este momento, la ley no iba a salir en el resto del sexenio, puesto que ya habían pasado tres periodos de sesiones y la ley no salía.

Participantes en esas reuniones señalan que, a eso las orillaron las intervenciones a última hora del subsecretario de Gobernación Roberto Campa, del titular de la Unidad Jurídica de la misma secretaría, David Arellano, y del coordinador de asesores del procurador Raúl Cervantes, José Juan Torres.

Resultado de lo anterior, la iniciativa del Ejecutivo arroja una ley con deficiencias y debilidades torales como: que la Comisión Nacional de Búsqueda, operaría sin policía propia; la ausencia de castigo a los superiores jerárquicos en casos de desaparición forzada, (pacto de impunidad de los políticos) y la inclusión del término “personas no localizadas”, que no es considerado dentro de los estándares internacionales, porque esas ausencias no se tipifican como atribuibles a la comisión de un delito o de una violación a derechos humanos.

De ser aprobada por la cámara de Diputados, será una ley de manos atadas, puesto que la Comisión Nacional de Búsqueda dependerá de la disposición de agentes federales y estatales para la investigación, la supervisión de operativos de exhumación, etc. Por lo que, sin elementos, quien va a poder encontrar a los 29 mil 917 casos de personas desaparecidas y no localizadas en México (al corte del 30 de noviembre de 2016).

Como podemos observar la corrupción y la impunidad sigue siendo consentida y solapada por nuestros legisladores.

No les quedará otro camino más que seguir la misma ruta que con la Ley General de Víctimas, que al observar su inoperancia tuvieron que promover una reforma

Lo rescatable de esta ley es: prohíbe que ningún caso de desaparición forzada podrá guardarse en el archivo, y ordena que sobre este delito no aplicarán amnistías, indultos y medidas similares a la impunidad. También propone la creación de la Declaratoria Especial de Ausencia, la cual procederá a tres meses de iniciada la búsqueda y sólo a petición de los familiares del desaparecido.

Asimismo, establece los tipos penales en materia de desaparición de personas, y sus sanciones, contempla penas de 40 a 60 años de prisión y de 10 a 20 mil días de multa a funcionarios y particulares que participen en este delito, aunque la sanción aumentara hasta en una mitad si durante la desaparición, la víctima muere debido a cualquier alteración de su salud o por enfermedad.

• En la Semana de la Seguridad Social en el Senado, pidió el apoyo de los legisladores para no incrementar las obligaciones de la Ley del IMSS.
 
El Director General del Seguro Social (IMSS), Mikel Arriola, dijo a Senadores que la Institución logró evitar la quiebra técnica que se esperaba en 2014, gracias a la estricta disciplina financiera y el manejo responsable del gasto que se ha venido aplicando con el fin de garantizar las prestaciones de todos los servicios a su derechohabiencia.
 
Durante su participación en la inauguración de la Semana de la Seguridad Social en el Senado de la República, organizada por la Comisión que preside el senador Fernando Mayans, Mikel Arriola, se refirió al gasto de pensiones y dijo que tan solo para este año se estiman más de 80 mil millones de pesos y que la presión por ese crecimiento no cederá en dos dígitos antes del 2035, cuando alcance los 101 mil millones de pesos.
 
Es un universo de 270 mil pensionados, que cobran una pensión 800 por ciento mayor a la de la economía y que se gradúa para ser pensionado a los 52 años, explicó y advirtió que no hay país en el mundo que aguante ese régimen.
 
Gracias a esa disciplina, logramos un superávit en 2016 por 6 mil 400 millones de pesos, situación que por primera vez en 8 años permitió que el IMSS no utilizará un solo peso de sus reservas.
 
No existe otra ruta más que la disciplina financiera; si esta fórmula se olvida, el IMSS retomará la tendencia del déficit financiero y eventualmente llegará al punto de incumplir con sus obligaciones legales, dijo Mikel Arriola al hacer un llamado a los Senadores que participaron en la ceremonia de la Semana de la Seguridad Social, a no incrementar las obligaciones que actualmente prevé la Ley del Seguro Social, pues al carecer de fuentes propias de financiamiento se pondría en riesgo su permanencia.
 
Por ello, pido a las y los legisladores seguir apoyando al Instituto Mexicano del Seguro Social en su transformación para salvaguardar este gran patrimonio nacional, encargado de proveer seguridad social a los trabajadores del sector privado y sus familias.

Al inaugurar la exposición pictórica de la artista Luz Sibaoui "Orgullo y tradición de México", la senadora Lucero Saldaña destacó la obra al asegurar que en estos momentos viene a bien porque debemos reforzar nuestros valores y nuestro amor por México.

Acompañada por los senadores del PRI, Emilio Gamboa Patrón, Rocío Pineda Gochi, Raúl Pozos Lanz, José Ascención Orihuela Bárcenas, Jesús Priego Calva, Ricardo Urzúa, Hilda Flores Escalera, Ivonne Álvarez García, Gerardo Sánchez García y Teófilo Torres Corzo la senadora por el estado de Puebla consideró que esta obra exalta el valor de las tradiciones y la cultura mexicana, pues plasma todos los momentos de la vida de los grupos étnicos.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Cultura, Gerardo Sánchez exaltó el trabajo de Luz Sibaoui, al calificar sus pinturas como diáfanas y transparentes que nos inspiran ternura y porque están cargadas de tradición mexicana.

La Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, reunida en la antigua sede del Senado de la República en Xicoténcatl, a partir del 15 de septiembre de 2016, en virtud de los artículos Séptimo, Octavo y Noveno Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016, tuvo a bien expedir la Nueva Constitución Política de la Ciudad de México.

Tras la sesión más larga en la historia de los congresos mexicanos, la madrugada del pasado martes 31 de enero se aprobó la primera Constitución de la Ciudad de México. Comprendida por 71 artículos, ésta legislación, incluye nuevas figuras administrativas como los referéndums, la revocación de mandato, los gobiernos de coalición y el cambio de Delegaciones a Alcaldías.

Es decir, se vuelven a establecer mecanismos de democracia directa, con requisitos en algunos casos más bajos que aquellos a nivel federal y en la mayoría de las entidades. Habrá iniciativa ciudadana, referéndum, plebiscito, consulta ciudadana y popular, así como, revocación de mandato, la cual es una figura que puede representar mayores riesgos que beneficios por la fuerza de chantaje que genera en los partidos opositores, aunque hay candados para solicitarlo así como, requisitos de procedencia y convocatoria. En el caso de las candidaturas sin partido el requisito de firmas es de uno por ciento de la lista nominal de electores a nivel nacional es dos y de tres en muchas entidades, como en Puebla.

Dichos mecanismos democráticos quedaron plasmados en el Capítulo II, denominado “De La Democracia Directa, Participativa y Representativa”, en su Artículo 25 Democracia directa, el cual, instituye en su Apartado C al Referéndum; al Plebiscito en el D y a la Revocación del mandato en el Apartado G.

Del Referéndum, reconoce el derecho ciudadano a aprobar mediante esta figura, las reformas a esta Constitución y marca el procedimiento a seguir para ello en el artículo 69 del mismo ordenamiento, así como a las demás disposiciones normativas de carácter general que sean competencia del Congreso de la Ciudad de México.

Establece que el uso de esta figura democrática podrá ser a solicitud de: a) Al menos el cero punto cuatro por ciento de las y los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores de la Ciudad; y b) Dos terceras partes de las y los integrantes del Congreso de la Ciudad.

Asimismo, establece dos limitantes en su aplicación, la primera que las decisiones legislativas en las materias de derechos humanos, penal o tributaria, no serán sometidas a referéndum. Y la segunda que el Congreso de la Ciudad de México determinará la entrada en vigor de las leyes o decretos de su competencia, conforme al resultado del referéndum que pudiera celebrarse.

Por otra parte, respecto del Plebiscito, establece que las y los ciudadanos tienen derecho a ser consultados en plebiscito para aprobar o rechazar decisiones públicas que sean competencia del Poder Ejecutivo de la Ciudad o de las alcaldías, a solicitud de: a) Al menos el cero punto cuatro por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores del ámbito respectivo; b) La persona titular de la Jefatura de Gobierno; c) Una tercera parte de las y los integrantes del Congreso de la Ciudad de México; y d) Las dos terceras partes de las alcaldías.

Imponiendo también la limitante a las decisiones en materia de derechos humanos, penal, tributaria y fiscal, las cuales no podrán ser sometidas a plebiscito.

Es decir, ambas figuras contemplan una consulta ciudadana a través de la cual, los ciudadanos votarán a favor o en contra de algunas medidas: el referéndum será aplicable únicamente cuando se busquen hacer reformas a la Constitución, mientras que el plebiscito se realizará cuando se trate de decisiones de obras públicas.

Y con respecto a la Revocación del mandato, señala que es derecho de las y los ciudadanos solicitar la revocación del mandato de representantes electos cuando así lo demande al menos el diez por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores del ámbito respectivo.

Sin embargo, para que proceda la consulta de esa revocación del mandato, tendrá que haber transcurrido al menos la mitad de la duración del cargo de representación popular de que se trate.

Por lo anterior, la Constitución de la Ciudad de México se convertirá en la primera en el país en incluir la revocación de mandato; es decir que si un gobierno no está funcionando y pierde todo apoyo público y político, la población podrá organizarse y pedir que se revoque ese gobierno, sin esperar hasta la siguiente elección. La revocación será aplicable a cualquier persona que se desempeñe en un cargo de elección popular.

Hasta aquí, parecería que estas nuevas figuras democráticas contempladas en la Constitución de la CDM representan una luz en el camino de la existencia de una democracia eficaz y una transición en la forma de gobierno así como, en los derechos de la gente de nuestro país.

Sin embargo, no espere ver efectos inmediatos en la honestidad, el buen gobierno, la buena administración o los mecanismos de control de autoridades y policías, con la sola acepción conceptual, tendrá que pasar el tiempo de asimilación, conocimiento y difusión entre la población para que se aprenda a hacer uso adecuado y eficaz de estas figuras democráticas en favor de la sociedad. Debido a que ha quedado demostrado en la historia de nuestro país, que a pesar de la existencia de canales de participación ciudadana, esto no significa que se usen ya que prevalece la apatía e indiferencia de los gobernados. No olvidemos que la ciudad de México, fue una de las primeras entidades del país en contar desde los años noventa con legislación para fomentar la participación ciudadana y, sin embargo, salvo las marchas y los plantones, las formas de participación organizada han sido escasas y con magros resultados.

Columna | Sin Límites

No cabe duda que cuando la investigación y la praxis tienen concordancia con la realidad, permanentemente –para bien o para mal-, teoría y práctica se confirman implacablemente en hechos o sucesos cotidianos, y esto fue lo que sucedió con la coincidencia de dos importantes sucesos de la presente semana.

Primero, hace escasos días en la 36 Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, la niña Andrea, alumna de tercer grado de primaria corrigió en público al Secretario de Educación, Aurelio Nuño, cuando tras pronunciar “ler” en lugar de “leer”, la pequeña lo corrigió:

“No se dice ler, se dice leer”, y luego, tras este escándalo mediático que trascendió más allá de las fronteras de México, sin proponérselo, la inocente pequeña remató a Nuño:

“No era mi intención humillarlo. Pero si repite ‘ler’, lo vuelvo a corregir… Mi intención era corregirlo. Por eso lo dije bajito y personal. No me gusta que digan que lo humillé, porque yo soy una persona respetuosa. Así parece que mi intención era mala”, aclaró la jovencita.

Procede entonces el señalamiento de que cuando investigación y praxis tienen concordancia con la realidad, a cada paso éstas se confirman, se debe a que justo en el contexto de este penoso suceso para el Secretario Nuño y el Presidente Peña Nieto, fue presentado en el Senado de la República, el resultado de la investigación denominada “El fraude de la Reforma Educativa”.

BARTLETT Y BENAVIDES, LOS AUTORES

Fueron sus autores, el Senador Manuel Bartlett Díaz, el Doctor Luis Benavides Ilizaliturri, y el Rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, quienes en el Auditorio Octavio Paz del Senado de la República, expusieron el pasado miércoles, ante decenas de docentes de diferentes estados del país, reflexiones producto de la investigación que trabajaron, para demostrar que la Reforma Educativa de Peña Nieto es un auténtico fraude.

De entrada y tal como lo puntualizó el Doctor Benavides, la Reforma no es educativa porque incumple y contraviene parte sustancial de lo que ordena el Tercero Constitucional: “La educación que imparta el Estado tenderá al desarrollo armónico de todas las facultades del ser humano”, y como lo subrayó Benavides: no es educativa porque no propicia el desarrollo de la inteligencia a partir del conocimiento, y tampoco el desarrollo armónico de todas las facultades.

Con sólo este señalamiento y sin que se lo propusiera, los asistentes al “Octavio Paz” del Senado, trajeron a la memoria el vergonzoso suceso protagonizado en vivo y a todo color por el Secretario Nuño, cuya ignorancia producto del sistema educativo y su actual Reforma, debería propiciar el inmediato despido del que antes fuera Secretario Particular de Peña Nieto. Con razón las cosas están como están en México.

Claro. Si en campaña Peña Nieto exhibió su penosa e injustificada ignorancia en la Feria Internacional de Libro 2011, qué podía esperarse de su ex Particular, en otra feria del libro.

REFORMA EDUCATIVA IMPUESTA

Antes de demostrar cómo los intereses económicos de la OCDE y el Banco Mundial impusieron a Peña Nieto la Reforma Educativa, el Senador Manuel Bartlett Díaz, acusó a los partidos PRI, PAN y PRD, de fraguar el fraude educativo, bajo el ilegal proceder del otrora Secretario de Educación, Emilio Chuayffet Chemor, ya que la Reforma no fue compromiso legal de campaña.

Se trató de una confabulación que no sólo fue ilegal, sino que engañó a la sociedad y al magisterio nacional, pues el concepto “reforma” se usó para disfrazar de “educativo” el interés tecnocrático-económico de los grandes capitales internacionales, para “modelar” niños y jóvenes a modo para producirles.

Por lo tanto para el magisterio la Reforma es meramente laboral y no educativa, no sólo porque el Sindicato estorba, sino porque además, de lo que se trata es privatizar la educación pública para entregarla a modo a los intereses de los capitales transnacionales, en confabulación con las mafias políticas que se están dedicando al saqueo de la riqueza natural de México.

Así que desde el punto de vista jurídico la Reforma no se dictaminó en el Senado; tampoco se discutió y por tanto pasó sin el análisis obligado jurídico y operativo constitucional. O sea, tanto Peña Nieto como los partidos PAN, PRI y PRD, pretenden imponer a los mexicanos un sistema educativo que estará sometido a los intereses de grupos y mafias económicas nacionales e internacionales, subrayó Bartlett Díaz.

NIÑOS Y JÓVENES “COMPETITIVOS”

En este contexto es de importancia capital lo que el Doctor Benavides destacó acerca del fraude, en que se han confabulado los partidos PRI, PAN y PRD con esta que puede denominarse “conjura educativa” contra México y los mexicanos.

Esto, porque el reconocido especialista a nivel internacional, señaló que en sólo 9 días los legisladores de PAN, PRI y PRD hicieron y deshicieron con la educación de niños y jóvenes, para en la práctica sustituir el principio jurídico de que “…la educación… tenderá al desarrollo armónico de todas las facultades…” por este otro:

Para formar niños y jóvenes “competitivos”. ¿Competitivos para quiénes? Para los capitales privados a quienes se está concesionando la educación nacional, a fin de que mediante la explotación de nuestras riquezas naturales, los mexicanos seamos peones de grupos oligárquicos nacionales y transnacionales:

Se trata de una traición a la Patria. A México. A los mexicanos.

FRACASO INTERNACIONAL DE PROYECTOS

Sin duda el colofón de este análisis en el Senado de la República, fue también de particular importancia en cuanto que en voz del doctor Manuel Pérez Rocha, Rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, el proyecto tecnocrático-educativo de la OCDE fracaso en su plan regional del Mediterráneo. Ese decir: en España, Portugal y Grecia.

Y desde luego lo que para algunos de los asistentes resultó sorpresivo: el fracaso incluye al organismo Mexicanos Primero que encabeza el hijo del ex Presidente Nacional del Consejo Coordinador Empresarial, Claudio X. González.

Pérez Roche fue puntual: Mexicanos Primero ha fracasado en todo en México, y es corresponsable de la actual Evaluación Educativa al magisterio nacional, a quien se está obligando a abandonar los principios lógicos, psicológicos y gnoseológicos que la educación requiere realmente para lograr el completo desarrollo del ser humano.

En fin, como escribió Gerardo Diego en su poema Brindis:

Amigos:

dentro de unos días me veré rodeado de chicos,

de chicos torpes y listos,

y dóciles y ariscos,

a muchas leguas de este Santander mío,

en un pueblo antiguo,

tranquilo

y frío,

y les hablaré de versos y de hemistiquios,

y del Dante, y de Shakespeare, y de Moratín (hijo),

y de pluscuamperfectos y de participios,

y el uno bostezará y el otro me hará un guiño.

Y otro, seguramente el más listo,

me pondrá un alias definitivo.

Y así pasarán cursos monótonos y prolijos.

Pero un día tendré un discípulo,

un verdadero discípulo,

y moldearé su alma de niño

y le haré hacerse nuevo y distinto,

distinto de mí y de todos: él mismo.

Y me guardará respeto y cariño.

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Libro de Manuel Bartlett y Luis G. Benavides “El Fraude de la Reforma Educativa” próximo miércoles 16 de noviembre a las 11 horas en el auditorio Octavio Paz del Senado de la República.

LIBRO SOBRE LA REFORMA EDUCATIVA

Con una edición de tres mil ejemplares, está impreso ya el libro “El Fraude de la Reforma Educativa” por la Editorial ABC de Puebla, escrito por Manuel Bartlett Díaz y Luis G. Benavides.

La primera de muchas presentaciones se hará el próximo miércoles 16 de noviembre a las 11 horas en el auditorio Octavio Paz del Senado de la República.

Ambos autores cuestionan la reforma presidencial de Enrique Peña Nieto que tantos dolores de cabeza ha dado al país.

Don Manuel es un estudioso y experto en educación. Fue Secretario de Educación Pública los tres primeros años del Presidente Carlos Salinas. Como gobernador de Puebla realizó innovaciones educativas.

Don Luis es asesor nacional e internacional de proyectos educativos en 100 países, ha recibido reconocimientos de la UNESCO, la OEI, la OEA y  gobiernos de México y el mundo.

Sin duda este libro dará mucho que hablar.

El pasado 13 de octubre, el pleno del Senado de la República, aprobó el proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan los artículos 107 y 123 de la Constitución, en materia de justicia laboral, el cual, propone desaparecer las Juntas de Conciliación y Arbitraje y regular los llamados contratos de protección, garantizando la contratación colectiva de los trabajadores y el derecho a huelga, para en su lugar, crear tribunales laborales que pertenecerán a los poderes judiciales federal y estatales.

Así las cosas, el artículo 107 constitucional, otorgará al Poder Judicial de la Federación, la facultad de establecer tribunales laborales, y a nivel de los estados en réplica, tendrán que hacer lo mismo, juzgados o tribunales en el ámbito laboral.

Las nuevas instancias se agruparán bajo la figura de “tribunales laborales”, que ampliarán las tareas de conciliación, en un organismo descentralizado del Poder Ejecutivo, con autonomía de gestión y presupuestal, con facultades en el orden nacional para el registro de todos los contratos colectivos de trabajo y las organizaciones sindicales, así como todos los procesos administrativos relacionados.

Lo anterior, deja entre ver una gran ventaja, ya que, separa la conciliación del procedimiento judicial, lo que abre la oportunidad a que haya una aplicación de estricto derecho a las problemáticas laborales, se eviten simulaciones, contrataciones inexistentes, en fin prácticas que terminaron por desvirtuar la función de los órganos laborales.

Dicha iniciativa, pretende establecer un límite a la generación de salarios vencidos para combatir la indebida práctica de prolongar los juicios. Estableciendo como tope que se paguen los salarios de un año, pero después de esos 12 meses, ese pago tendrá un interés mínimo del 2% mensual con un límite de 15 meses de salarios. La persona recibirá lo que resulte de multiplicar por 15 su sueldo y a esa cifra sacarle el 2%.

Asimismo, se determinó, preservar las referencia de los laudos, como se conoce en las resoluciones de las juntas y de los procedimientos arbitrales en el artículo 107 constitucional; establecer una referencia genérica en distintos apartados de la reforma a los tribunales laborales, sin distinguir su tipo; mantener la fracción XXI del apartado A del 123 constitucional, que establece derechos de los trabajadores frente al patrón en términos de la indemnización y demás responsabilidades que resulten del conflicto, con el señalamiento de que en todo caso, si el asunto ha sido resuelto judicialmente estará obligado a cumplir con la sentencia.

Se garantizará el voto personal, libre y secreto de los trabajadores para la elección de sus dirigentes, la resolución de conflictos entre sindicatos y la solicitud de la celebración de un contrato colectivo de trabajo.

De aprobarse en la Cámara de Diputados la reforma laboral avalada por el Senado, en un año desaparecerán las Juntas de Conciliación y Arbitraje, las cuales serán sustituidas por los tribunales laborales, antes mencionados.

Las Juntas de Conciliación y Arbitraje se instituyeron desde 1917 con la emisión de la Constitución Federal, en donde participaban de manera tripartita el gobierno, el capital y el trabajo, es decir, el inversionista y el trabajador. Se buscaba que fueran tribunales de equidad, protectores de los derechos de los trabajadores, integrados por representantes obreros, patronales y de gobierno, y que aplicaran las leyes laborales de manera flexible, no en forma rígida como los tribunales de derecho. De igual modo, la intención de crear las Juntas fue el combate a la corrupción existente en los tribunales de esa época.

Esto durante mucho tiempo, en términos generales, permitió el equilibrio, pero sin duda también se fue desvirtuando porque fueron apareciendo problemas, amagos, no solamente para la inversión sino también para el propio trabajador: por un lado eran despidos injustificados, retraso en la recepción de pruebas, pruebas falsa y por otro lado aparecieron sindicatos, organizaciones fantasmas, contratos de protección, etcétera. De tal manera, que se desvirtuó el funcionamiento de esos órganos al grado de convertir los litigios laborales en procedimientos colmados de obesidad burocrática, alejados de otorgar una expedita y pronta justicia laboral.

Por lo que, esperemos, que esta reforma, no sea solamente una forma de desaparecer órganos jurisdiccionales para crear otros con las mismas deficiencias, que el cambio sea estructural, con controles y sanciones efectivos, no sólo a los jueces que integran los tribunales laborales, sino también a los abogados, patrones y trabajadores que actúan ante los mismos, con el objetivo de accesar a un verdadero sistema judicial laboral que proteja los derechos de los trabajadores y genere condiciones para que en las relaciones obrero-patronales imperen criterios de justicia, y otorguen una seguridad social aceptable, al menos, a la necesidad de esta relaciones en México.

Comparecencia del titular de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, ante el Pleno del Senado de la República en el marco del análisis del IV Informe de Gobierno.