Puebla, Pue.- En período extraordinario de sesiones del Pleno de la Cámara de Senadores, se aprobó por ciento nueve votos a favor el dictamen de la Ley de Extinción de Dominio, la cual tiene por finalidad dar facultades al estado para decomisar los bienes y recursos vinculados con actividades criminales, entre las que ahora se incluirán la corrupción y el huachicoleo.

En entrevista con el Constitucionalista poblano Miguel Ángel Tejeda Ortega, señaló que esta Ley  aprobada en el Senado, es reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en el segundo de sus párrafos establece: “Tampoco se considerara confiscación el decomiso que ordene la autoridad judicial de los bienes en caso de enriquecimiento ilícito, la aplicación a favor del estado de bienes asegurados que causen abandono en los términos de las disposiciones aplicables, ni la de aquellos bienes cuyo dominio se declare extinto en sentencia. En el caso de extinción de dominio se establecerá un procedimiento de carácter jurisdiccional”.

Tejeda Ortega explicó que debe entenderse por extinción de dominio la pérdida total de la propiedad y posesión de algún bien mueble o inmueble que haya sido objeto o medio para la comisión de un delito, adjudicándose dichos bienes en favor del estado quien los puede rematar o utilizar para los fines del propio estado.

Este proyecto de minuta contempla entre los delitos que dan lugar a la extinción de dominio, los cometidos con hechos de corrupción, el robo de hidrocarburos (huachicoleo), delincuencia organizada, secuestro, delitos contra la salud, trata de personas, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, robo de vehículos, lavado de dinero y extorsión.

El jurista Tejeda Ortega, determinó que el procedimiento de extinción de dominio en primer lugar se inicia ante un Fiscal o Ministerio Público en una carpeta de investigación; posteriormente el Ministerio Público solicita ante un Juez Especializado en la materia la extinción de dominio, aportándose pruebas para ello en una primera audiencia; en tanto que en una segunda audiencia se valoran las pruebas y se pronuncia sentencia.

En este procedimiento se debe dar audiencia a la parte afectada, si es que se conoce y, en caso de su desconocimiento, mediante edictos en el Periódico oficial de la Federación.

El juicio es sumarísimo, oral y está previsto que en pocos meses se pronuncie la sentencia correspondiente.

El problema de esta Ley consiste en que se puede aplicar a actos y hechos pasados, lo que los abogados conocen como retroactividad de la ley, figura que se encuentra prohibida en México en el artículo 14 Constitucional que dice: “A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna”.

Otro defecto de inconstitucionalidad, de esta ley se debe a que los bienes decomisados o incautados provisionalmente por el Ministerio Público, podrán ser objeto de remate o disposición por parte del estado, sin que medie sentencia alguna, lo que violenta el principio del debido proceso y la presunción de inocencia de la persona a quien se le pretende privar de sus bienes.

Un diputado del Partido Movimiento Ciudadano, señaló que con esta nueva Ley se podrán decomisar todos los bienes que les pertenecen a políticos corruptos, y entre ellos “La Casa Blanca” propiedad de Angélica Rivera ex esposa de Enrique Peña Nieto.

Los bienes incautados, decomisados o rematados, serán custodiados por el Instituto creado por AMLO y llamado “Para devolver al pueblo lo robado”, el cual practicará subastas públicas y remates de los mismos.

Finalmente Tejeda Ortega, concluyó determinando que con estos vicios de inconstitucionalidad que tiene la ley, los delincuentes o no delincuentes podrán ampararse contra la misma, y existen muchas posibilidades de que se ganen dichos juicios, sin que esto sea “Un sabotaje en contra del estado” como lo expresó recientemente el Presidente de México, al rendir su informe semestral en la plaza de la Constitución.