Ministros y Senadores analizan que el proceso no sea retroceso al impartir  justicia

Puebla, Pue.- La reestructuración del Poder Judicial de la Federación puede, aunque se hace necesaria y que se realizará en enero del próximo año, poner en riesgo su autonomía e independencia, lo que ya analizan Ministros de la Suprema Corte y Senadores.

Los acontecimientos riesgosos, entre las 38 iniciativas que presentó el grupo parlamentario de Morena para la pretendida reestructuración son:  la renuncia del ex Ministro Eduardo Medina Mora y suspensión de sus funciones como magistrado de un Tribunal Colegiado de Circuito en la Ciudad de México; también las investigaciones a jueces que concedieron suspensiones definitivas en contra de la orden ejecutiva federal de ampliar el aeropuerto de Santa Lucía.

Miguel Ángel Tejeda Ortega, constitucionalista poblano, informó que el pasado lunes 21, en la antigua sede del Senado de la República, se llevó a cabo una reunión entre senadores y ministros de la Suprema Corte, con el objetivo de iniciar el análisis de la reforma al Poder Judicial de la Federación, que se denominó “Con y para el Poder Judicial de la Federación”.

Senadores de la oposición señalaron que aunque es necesaria la reforma al Poder Judicial, se requiere no pierda su autonomía e independencia, pues en caso contrario,  en lugar de un avance al sistema democrático se provocará un retroceso al proceso de impartición de justicia.

El ministro presidente Arturo Zaldivar Lelo de Larrea,  “aparentemente defendió al Poder Judicial Federal, pero también habló de su gran problemática por lo que se refiere al nepotismo que impera en dicho Poder y la corrupción;  por lo que manifestó su conformidad en nuevas reformas a dicho poder”.

El Senador Ricardo Monreal, perteneciente al Partido Morena y representante de la Junta de Coordinación Política de los Senadores, recordó los graves casos en que el Poder Judicial ha cometido ineficiencias y favoritismos, como es el caso de la periodista Lidia Cacho, la investigación a los responsables de las muertes de infantes en la Guardería ABC, casos emblemáticos como Ayotzinapa, en donde la Corte, según expresó, no ha cumplido con su papel de protector de los derechos humanos; además del nepotismo que existe en dicho poder, la corrupción y la forma de asignación de plazas y vacantes a jueces y magistrados que no tienen los méritos suficientes para llegar a dichos cargos.

El jurista Tejeda Ortega comentó que efectivamente se requiere una gran reforma al Poder Judicial de la Federación, mas para darle mayor autonomía e independencia frente a los otros dos Poderes, que la Corte sea un verdadero Poder de Control Constitucional y no un subordinado más a los intereses del Presidente de la República.

Que los Ministros de la Suprema Corte no sean propuestos por el Presidente de la República, sino por organizaciones de abogados y científicos del Derecho; que el Senado de la República tome su papel de analizar bien los antecedentes de los futuros Ministros de la Corte y que no nombre únicamente por consigna o presión del Ejecutivo Federal.

La creación de una tercera sala en el  más alto Tribunal, con cinco nuevos ministros como lo propone el Senador Ricardo Monreal, va a descontrolar el funcionamiento del mismo Tribunal de la Nación, pues si siguen siendo propuestos para ministros gente cercana al Poder Ejecutivo, éstos afectarán la autonomía y decisión de la Corte.

En la reunión de Senadores y Ministros se llegó a la conclusión de que se va a dar un parlamento abierto para que especialistas en la materia hagan  propuestas al cambio del Poder Judicial Federal, y por supuesto el Presidente de la Corte manifestó que el Poder Judicial Federal presentará una propuesta con criterios propios y definidos.

La reforma ya sea constitucional o legal, según se estableció, se dará en los primeros días del mes de enero del año dos mil veinte.

Concluyó Tejeda Ortega:  que en la actualidad aquellos amparos que se interponen en contra del Gobierno Federal o Gobiernos locales en donde se violentan derechos humanos, tienen escasas posibilidades que se pueda obtener resolución favorable; lo que se puede comprobar analizando las estadísticas de las sentencias emanadas del Poder Judicial de la Federación.