Menor con síndrome de down, amparada recibe educación elemental

Puebla, Pue.- La Suprema Corte de Justicia reconoce el principio constitucional de ´´educación inclusiva´´, consistente en que cualquier persona, sin importar su género, su raza, su cultura o su origen étnico, además de que padezca alguna incapacidad, tiene derecho a recibir la educación que otorga el Estado a los mexicanos, sin ninguna discriminación.

Lo anterior se puso de relieve al resolver la Segunda Sala de la SCJN el amparo en revisión número 27-2019, promovido desde hace más de tres años, y concederle el amparo y protección de la justicia federal a una niña menor de edad, de origen mazahua y de nombre Citlalli, quien por padecer el síndrome de down se le negaba ser inscrita en una escuela en el Estado de México.

Miguel  Ángel Tejeda Ortega, constitucionalista,  informó que la sentencia emitida por la Corte, reconoce el principio constitucional de “educación inclusiva”,  para que todo mexicano –mujer u hombre- sin importar su raza, cultura, origen étnico, aunque padezca  alguna incapacidad, tiene derecho a la educación inclusiva, sin discriminación 

Explicó que el jurista poblano que el citado amparo se originó en base a que los padres de Citlalli, la menor con síndrome de down, pretendieron inscribirla en una escuela en el Estado de México, institución que se negó a reconocerla como una estudiante con todos sus derechos y obligaciones, y solamente se le trató de apoyar para que compareciera como oyente a dicha escuela, por su incapacidad intelectual.

Inconformes por este hecho los padres de la niña acudieron a las instancias judiciales federales, hasta llegar a la Segunda Sala de la Suprema Corte, dependencia que en días pasados falló a su favor, manifestando que la educación debe ser un proyecto inclusivo para todos, e impuso como obligación a la escuela que se negaba a registrarla, que se le proporcione todos los servicios que sean necesarios para su educación elemental, inclusive  la asistencia de un tutor especial para ella.

Esta sentencia es un buen precedente que deja la Suprema Corte para que todas las personas con diversas discapacidades, sobre todo intelectuales, puedan ser incluidas en el proyecto educativo mexicano y tengan acceso a los servicios de educación en las escuelas públicas del Estado Mexicano, concluyó Tejeda Ortega.