• 1 millón de malos contra 220,000 mil buenos de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas. La matemática no va a dar y los resultados tampoco.
• Tan solo en 2019 la violencia y la inseguridad impactaron hasta en un 21.3% del PIB.
• El impacto económico de la violencia en el país ha sido casi 8 veces mayor a la inversión pública en materia de salud.

Ciudad de México a 21 de mayo de 2020.-  Es natural que ante la incapacidad del Gobierno Federal para combatir la violencia actual y justo después del mes más convulso de los últimos 3 sexenios, se haya reformulado el papel de las Fuerzas Armadas en la Seguridad Pública; sin embargo es prioridad que “se termine de hacer bien la tarea” y, considerando que existe mayoría de Morena en el Congreso, se tenga la voluntad política para depurar y desaparecer de una vez por todas a las policías estatales y municipales, que son ineficientes y corruptas, o nos quedaremos sentados esperando que haya un verdadero cambio en seguridad en el país, aseguró el Lic. Alejandro Desfassiaux, experto con casi 4 décadas de experiencia en la materia.

“Las autoridades claramente están rebasadas y el reciente decreto era el siguiente paso lógico, pero no será suficiente para combatir el problema ni siquiera por el lado matemático”, agregó. Se van a incorporar aproximadamente 140,000 elementos del Ejército, Armada y Fuerza Aérea a labores de Seguridad Pública que se suman a los 80,000 elementos de la Guardia Nacional desplegados en todo el territorio nacional. Por otro lado, existen 400,000 delincuentes, más 200,000 halcones y taxistas irregulares, que se suman a otros 400,000 policías estatales y municipales ineficientes y corruptos en su mayoría que no están funcionando. 1 millón de malos contra 220,000 mil buenos de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas. La matemática no va a dar y los resultados tampoco.

Es el momento oportuno de hacer que la operación de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional se haga a través de un protocolo de costo- beneficio con base en resultados en el combate a los delitos para que verdaderamente haya una reducción en el índice criminal. Cada jefe de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional que logre resultados a través de este modelo, tendría derecho a un ascenso, bonos, acceso a un mejor salario e implantar en otra zona el esquema, explicó el Lic. Desfassiaux, también Presidente de Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial (GMSI).

También es momento oportuno para que los nuevos cuerpos de seguridad que se conformen tomen el control absoluto de la seguridad en todos los estados y municipios, sustituyendo a las policías locales, pero sin estar sujetos a un tema político, como si sucede con estas últimas donde no les interesa hacer una trayectoria profesional ni desempeñar bien su trabajo, porque éste sólo dura 3, 4 o 6 años mientras ocupa el cargo el gobernador o el presidente municipal en turno. La Guardia Nacional debe institucionalizarse y tener una visión de largo plazo a través de una figura transexenal, para que así también la profesión sea considerada de manera más seria y profesional, manteniendo a los mandos fuera de los caprichos de los gobernadores y presidentes municipales.

El Lic. Alejandro Desfassiaux recordó la falta de institucionalidad y de continuidad de la policía de la CDMX, por ejemplo, con los muchos cambios que ha sufrido desde la época de Miguel de la Madrid hasta la fecha, como las modificaciones de uniformes y hasta de nombre en la administración anterior; así como la misma falta de institucionalidad a nivel federal con la creación y desaparición de instituciones de seguridad pública en cada nuevo periodo presidencial. “No hay continuidad, porque en cada sexenio estrenamos nuevas instituciones que luego son borradas de un plumazo por el siguiente presidente para repetir el proceso”, dijo.

Desde hace algún tiempo se ha estado difundiendo en varios medios de comunicación cómo el crimen organizado ha permeado en todos los Estados del país, entre los que se encuentra Morelos, por lo que se puede tomar como ejemplo para ofrecer un panorama de qué tanto ha incidido dicha criminalidad dentro de las fuerzas policiacas, precisamente por la falta de institucionalidad. De acuerdo a esos artículos periodísticos, hoy un grupo de criminales opera para el gobernador y está bajo su protección, en contraste con otro grupo de criminales que opera para el presidente municipal de Cuernavaca bajo su respectiva protección.”, mencionó.

Por otro lado, de acuerdo al Índice de Paz México de 2019, la violencia y la inseguridad impactaron hasta en un 21.3% del PIB. Delitos como el homicidio doloso se han incrementado de forma exponencial, con 34,579 casos en el primer año del actual gobierno, superando en el mismo periodo a administraciones anteriores, pues con Felipe Calderón se registraron 10 mil 427 casos y con Enrique Peña Nieto 21 mil 567, según datos del SESNSP.

El informe también arrojó que el impacto económico de la violencia en el país ha sido casi 8 veces mayor a la inversión pública en materia de salud, que hoy cobra mayor relevancia por la pandemia del Covid-19.  A pesar del “Quédate en casa” que se aplica desde marzo, se incrementaron 3.6% los homicidios en el 1er trimestre del año; por eso se requiere de un cambio de estrategia y de una mayor inversión que además sea mejor aplicada. No todo es negro, mencionó. Es de resaltar, por ejemplo, el bono adicional de un 40% que recibe todo el personal militar y de la Guardia Nacional que está haciendo labores vitales para la población en esta fase de aislamiento, pues es un trabajo de contención doble derivado de un par de problemas “monstruosos” a los que nos enfrentamos. 

Para concluir, el Lic. Desfassiaux, Presidente de Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial, recalcó que más allá de la reformulación del papel de las fuerzas armadas en la Seguridad Pública que dicta el reciente decreto, México debe desarrollar una estrategia de largo plazo que institucionalice a la Guardia Nacional y le permita depurar y desaparecer a las policías estatales y municipales; pues se carece de una propuesta transexenal que esté blindada de los intereses de los políticos en general, así como de luchas partidistas.