La orden del Presidente López Obrador del regreso a las clases presenciales de los alumnos de los niveles de educación obligatoria a los planteles oficiales el próximo treinta de agosto, en plena tercera ola de contagios de la Covid 19 y la variante delta, que ha afectado en mayor número a jóvenes adolescentes y empieza a crecer entre los menores de edad en nuestro país, ha motivado diversas críticas de los diferentes grupos de la sociedad y algunos medios de comunicación, por los riesgos que conlleva la medida, para la propagación del virus y sobre todo porque la responsabilidad de los contagios y medidas sanitarias, así como las condiciones para el regreso a clases de los menores, se está dejando a los padres de familia, maestros y personal directivo de los planteles; es decir, el Gobierno federal y de los Estados, en ningún momento están asumiendo responsabilidad alguna, para garantizar las mejores condiciones para un regreso seguro.

Por el contrario, a través de la “Carta de corresponsabilidad” dejan en claro, que en cualquier situación que se presente, las autoridades educativas no están obligadas a asumir ningún compromiso, lo que pone en evidencia que ello representa una clara violación al “interés superior del menor” consagrado en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley para la Protección de los Derechos de los niños, niñas y adolescentes, así como en los Tratados Internacionales que México ha suscrito en la materia.

Pero veamos los antecedentes de esta situación que viviremos en las próximas semanas: en primer lugar en los informes de las autoridades sanitarias, se ha dado a conocer, que se espera la tasa más altas de contagios del covid 19 en el país, entre la segunda quincena de agosto  y la primera de septiembre de este año, es decir, el regreso a las clases presenciales en las escuelas se hará, en el momento más crítico del crecimiento de los contagios. En segundo lugar, la mayoría de los edificios de los planteles públicos, debido al abandono que tuvieron desde marzo de 2020 a la fecha, se encuentran en malas condiciones por falta de mantenimiento y en muchos casos, sin servicios de agua, internet, telefonía y luz entre otros servicios necesarios para su adecuado funcionamiento y algunos otros incluso fueron afectados por grupos de la delincuencia que saquearon las instalaciones y se llevaron los objetos de mayor valor, como equipos de cómputo, lámparas, ventanas, muebles de baño, cableado, conexiones de plomería y
mobiliario, que hasta este momento, nadie sabe con qué recursos se van a reponer y menos aún con qué recursos se van a adquirir, en un momento en que el Gobierno federal no está dispuesto a apoyar en las acciones para volver a acondicionar las escuelas, por la “austeridad republicana” que una vez más dejará víctimas, siendo en este caso los educandos y padres de familia.

En el sector magisterial y directivo de los planteles, existe por un lado enojo y por otro lado miedo e incertidumbre, por la forma en que deberán enfrentar solos la situación del regreso a clases, incluso las medidas que se les han ordenado, como desinfectar, sanitizar los edificios, tomar la temperatura y oxigenación a cada alumno, al ingresar a los planteles, les causará complicaciones, porque ni siquiera se les ha provisto de los insumos necesarios para hacerlo  y por el tiempo que les llevará todos los días, llevar a cabo dicha labor e incluso en los protocolos se les ha instruido que en caso de detectar un caso sospechoso, deberán llevar al menor a un médico para que lo revise y se tomen las medidas conducentes, cuando en la mayoría de las escuelas públicas, no se cuenta con un médico.

Otro de los grupos molestos e indignados por la situación, son las madres y padres de familia, a quienes se les ha exigido el pago de cuotas, para pagar los gastos de los servicios de las escuelas y los materiales de limpieza, exigiéndoles se organicen a través de los Comités para asear los salones y áreas para el regreso a clases, lo que ha originado inconformidad y protestas, porque muchos de ellos, carecen de recursos para pagar dichas cuotas y esperaban que el gobierno cumpliera con su obligación de garantizar la gratuidad de la educación de sus hijos, como lo marca el artículo 3º de la Constitución General de la República y la Ley General de Educación. Y a pesar de que algunos gobiernos como el del estado de Puebla, anunciaron la cancelación del cobro de cuotas, los directivos de las escuelas, están imposibilitados para hacer frente a los gastos para el regreso de los alumnos a las clases presenciales.

Ante dicha situación se hace evidente que las autoridades educativas a nivel federal y de los Estados, no planearon el regreso y tampoco los recursos necesarios para ello y hoy pretenden que sean los padres de familia quienes solucionen la problemática.

El anuncio del Presidente de este viernes, de que el regreso sea voluntario a los planteles, pretende de alguna manera atenuar la crisis que ya está presente; sin embargo habrá que estar pendiente de la forma en que los padres de familia actuarán, también por el grave problema que representa, que sus hijos continúen recluidos tomando clases en sus casas y el atraso  en su desarrollo personal y educativo que ha dejado hasta la fecha la pandemia del covid 19.

                                                               *Director general del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.