Después de dos semanas de eventos desafortunados para el Presidente López Obrador y su partido MORENA, primero con la baja participación ciudadana en el ejercicio de consulta para la revocación de mandato del pasado diez de abril, que no superó los dieciocho millones de votantes y que tampoco alcanzó el porcentaje del 40% del padrón electoral para que sus resultados tuvieran efectos vinculatorios y en segundo lugar el no haber logrado alcanzar las dos terceras partes de los votos de los Diputados federales, para que fuera aprobada  la reforma constitucional en materia eléctrica, por el rechazo de la Alianza Va por México conformada por los Partidos PAN, PRI Y PRD a los que se sumaron los votos de MOVIMIENTO CIUDADANO, lo que a la postre representa el primer descalabro que sufre el presidente en cuanto a la aprobación de sus iniciativas.

Es evidente, que aún y cuando en cuanto a los números finales de la revocación de mandato, hubo muchas voces que defendieron el resultado y resaltaron el número de respaldos ciudadanos que obtuvo el Presidente para que continúe en el cargo, considerando ello como un triunfo electoral más para él y MORENA, también hubo quienes opinan que si se comparan con los más de treinta millones de votos que obtuvo en la elección de 2018, es evidente que hubo una caída de casi el cincuenta por ciento del apoyo en la consulta de revocación. Sobre todo si tomamos en cuenta, que se utilizó gran parte del aparato de Estado para la promoción y movilización de ciudadanos, así como de los padrones de los programas insignia del Presidente, como son los de apoyo a adultos mayores, jóvenes construyendo el futuro, sembrando vida, entre otros y que una de las estrategias para convencer o casi obligar a los ciudadanos para ir a votar, fue la amenaza de que podrían perder los beneficios que reciben, en caso de que el Presidente perdiera la revocación, lo cual se veía muy difícil, por el poco interés que demostraron los electores para participar en el ejercicio y que al final superó más del 80% del padrón electoral.

Como lo señalé en mi colaboración anterior, la desesperación del Presidente y sus funcionarios de primer nivel, así como de los gobernadores ,Presidentes Municipales emanados de MORENA y hasta del ejército para aumentar la participación y el número de votos, llegó al extremo de violentar la ley de revocación de mandato, con el uso de recursos públicos que deberá ser investigado por el INE y la Fiscalía General de la República por los delitos electorales que se cometieron y deben ser investigados conforme a la ley.

Es importante que en los próximos días el INE y demás autoridades den a conocer el avance de las investigaciones y la forma en que se darán por concluidos los trabajos de la revocación, que por lo único que pasarán a la historia, es por tratarse del primer ejercicio de este tipo en el país, que sin embargo se vio empañado por la intromisión del Presidente y demás actores políticos, lo que desalentó la participación ciudadana.

En cuanto al fracaso del Presidente para lograr la aprobación de la reforma constitucional en materia eléctrica, de igual forma desde el mismo día de la votación, se alzaron voces para minimizar el resultado señalando que ello le daba pauta al Presidente para relanzar su campaña en contra de sus adversarios conservadores neoliberales, reforzando su discurso para lo que resta de su mandato al calificarlos ahora como “traidores y vende patrias” afirmando incluso que el rechazo a la reforma había sido una trampa en la que habían caído los Partidos de oposición, que ahora sufrirían las consecuencias en las elecciones a gobernador de este año y del siguiente, en los que se espera sean derrotados por los candidatos de Morena y sus aliados ante el ataque diario y descalificaciones que desde la conferencia mañanera promovería el presidente, en lo que no se han equivocado, porque AMLO ha llegado al extremo de pedir se les juzgue como traidores a la patria olvidando que los diputados son representantes populares y que gozan del fuero constitucional que les da su cargo, conforme a lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 61 de la Constitución General de la República, demostrando con ello su enojo y malestar en contra de ellos, por no haber votado a favor de la reforma, como si fueran sus empleados o le debieran el cargo que ostentan.

Aún y cuando el Presidente logro la nacionalización del litio al siguiente día con la aprobación de la mayoría de los Diputados federales el lunes 18 de abril, ello no ha sido suficiente, para quitarle el amargo sabor de boca que le dejaron tanto los resultados de la revocación de mandato, como el rechazo a la reforma constitucional en materia eléctrica, y por ello, no ha cesado en su labor de atacar todos los días a los partidos de oposición y a los diputados que votaron en contra de la aprobación, quienes seguramente hoy están siendo investigados en todas sus actividades y antecedentes, tanto familiares como profesionales para buscar la manera de vengarse de su actuación y en ello seguramente ya trabajan bajo la presión presidencial, las fiscalías y el SAT para demostrarles que no pueden ir en contra de las órdenes del Presidente.

En un momento determinado, llegué a pensar que quizás con estos resultados, podría darse un cambio en la actuación de AMLO y que se podría lograr la negociación con los demás partidos para buscar acuerdos en beneficio del país y los ciudadanos y que habría un cambio en las políticas públicas para buscar soluciones a los graves problemas que como sociedad nos están aquejando todos los días como la corrupción gubernamental, la inseguridad, la impunidad, el aumento de la violencia, inflación y la crisis de salud originada por el covid 19 y que aún no termina; pero los hechos me han demostrado lo contrario. No habrá negociación, ni tregua en contra de los adversarios, ojalá me equivoque, pero estamos por vivir una persecución y acoso en contra de los grupos de la oposición y un aumento de la polarización que vive el país, desde que inició el gobierno de AMLO. ¡Agárrese quien pueda¡.

*Director general del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.