En momentos como los que hoy se viven en México, la importancia de efectivizar los recursos económicos que se gastan en los diferentes ámbitos del funcionamiento del constructo social, resulta trascendente y seguir manteniendo el status de la democracia más cara del mundo, resulta un lujo que ya no podemos seguir permitiendo.

La democracia en México es 18 veces más cara que en promedio en el resto de los países de Latinoamérica, por lo que es urgente tomar medidas contundentes que ayuden a hacerla más barata y que el recurso económico que se destina para ello pueda emplearse en rubros más apremiantes para una sociedad que se precipita al ocaso ante el apremio de sus finanzas públicas.

Tan solo el proceso electoral de 2016 tuvo un costo de más de 8,520 millones de pesos, el doble de lo que se gastó en 2010 y sólo participaron 13 estados, dicho gasto incluye los presupuestos de los institutos electorales estatales, los gastos ordinarios de los partidos políticos, sin tomar en consideración los gastos de campaña de los mismos.

Y es precisamente el financiamiento público a los partidos políticos, con los que éstos pueden contribuir a poyar a los sectores sociales que según ellos representan, es decir, a la clase obrera, al sector de la educación, al campo, al medio ambiente, etc. Individuos por los que cada campaña electoral prometen trabajar.

El financiamiento público a los partidos políticos son las ministraciones económicas que reciben éstos, por parte de la federación para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, de campaña y las denominadas específicas.

Dicho financiamiento se otorga conforme a lo establecido en el artículo 41 constitucional, base II; para el sostenimiento de sus actividades ordinarias el recurso se fija anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.  De esta cantidad el treinta por ciento que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante, de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior.

Asimismo, para las actividades tendientes a la obtención del voto durante el año en que se elijan Presidente de la República, senadores y diputados federales, el recurso que reciben equivale al cincuenta por ciento del financiamiento público que le corresponda a cada partido político por actividades ordinarias en ese mismo año; cuando sólo se elijan diputados federales, equivaldrá al treinta por ciento.

Y por si fuera poco, por actividades específicas, relativas a la educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales, los partidos políticos reciben anualmente una cantidad equivalente al tres por ciento del monto total del financiamiento público que corresponda en cada año por actividades ordinarias.

Por lo que en base a lo anterior, los partidos políticos en 2016, según cifras del INE, representaron un gasto total de $4,045,007,215.53, y para 2017 nos representará un gasto de $4,059,213,905 ésta cantidad sin financiamiento para campañas.

Estas estratosféricas cantidades que observa usted resultan incomprensibles y hasta groseras ante la crisis económica que vive nuestro país y sobre todo ante la crisis de representación que en México se vive desde hace muchas décadas, ya que ante preguntas como: ¿Te sientes representado por algún partido político? ¿Alguno cumple tus expectativas? ¿Alguno de sus proyectos de nación cambiará la realidad de los mexicanos? La respuesta es que, los mexicanos no nos sentimos representados por el sistema de partidos, entonces por qué seguir pagando por algo que únicamente beneficia a algunos grupos de poder, porqué no reducirles ese financiamiento hasta que dichas instituciones garanticen su funcionamiento como verdaderas instituciones de participación ciudadana y sobre todo instituciones de interés social.