De acuerdo a los resultados del Índice global de Estado de Derecho de World Justice Project (WJP) México por cuarto año consecutivo retrocedió al obtener un puntaje de 0.42 que lo coloca en el lugar 115 de 140 países que fueron evaluados.

Cada año México ha retrocedido un punto desde 2019 y hasta este 2022, dentro de los factores que se evalúan estarían el deterioro del sistema de justicia civil y el debilitamiento de los contrapesos no gubernamentales, como la sociedad civil y la prensa, de acuerdo a Word Justice Project.

Los resultados del ranking, quizás no sean motivo de preocupación para el Gobierno del Presidente AMLO, que seguramente “tiene otros datos”; sin embargo para la mayoría de los mexicanos que todos los días enfrentamos algún problema de carácter legal, o esperamos que las cosas en el país mejoren, resulta preocupante del deterioro de la cultura de legalidad y el respeto al estado de derecho, que es uno de los principales ejes de lo que debiera ser un gobierno democrático, para atender las necesidades de justicia, seguridad y paz social que el Estado debe procurar a todos los ciudadanos.

El alejamiento de los gobernantes a lo que debe ser el respeto a las normas jurídicas, desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hasta las leyes secundarias que de ella derivan, así como de los tratados internacionales de los que México forma parte, es una de las tendencias que han ido creciendo por lo menos en los últimos cuatro años en el ámbito federal, pero también en la mayoría de los Estados gobernados por Morena; las razones pueden ser muchas, pero parten básicamente de la actitud y declaraciones de López Obrador, cuyo respeto a las leyes y a las instituciones, sigue estando muy por debajo de lo que esperaríamos los mexicanos.

Su tendencia a querer dar solución a los problemas que han enfrentado sus proyectos como la construcción del AIFA, de la refinería dos bocas y del Tren Maya, bajo la idea de brincarse los procedimientos y trámites que cualquier ciudadano debe cumplir, mediante Decretos y a últimas fechas dándole la denominación de proyectos de seguridad nacional descalificando las resoluciones de los Jueces federales al otorgar suspensiones en los Juicios de Amparo, intimidándolos bajo el argumento de que son “conservadores” y que están al servicio de los enemigos del sistema, con la amenaza de investigarlos y presionar al Consejo de la Judicatura federal para que los investigue y destituya, reflejan el poco respeto del Presidente a lo que es el Estado de Derecho.

En el nivel máximo de su desesperación y enojo, cuando los Jueces otorgan suspensiones y ponen freno a sus proyectos, no tuvo empacho en declarar en su conferencia mañanera: “no me vengan con aquello, de que la ley, es la ley” porque no están actuando a favor de México; dicha actitud refleja en buena medida su forma de pensar acerca de lo que son las instituciones y el respeto al trabajo del Poder Judicial de la federación.

Dicha situación y actitudes, ha permeado en algunos de los gobernadores locales emanados de Morena, que a toda costa, se han apoderado del control total de los Congresos Locales, así como de la estructura de los Poderes Judiciales, quedando libres de contrapesos y ejerciendo el poder en forma unipersonal a su gusto y placer, amenazando a sus opositores y en algunos casos encarcelándolos. Persiguiendo  y bloqueando periodistas, así como como castigando a los medios incómodos a quienes no les otorgan convenios publicitarios, ni les dan acceso a la información oficial en los eventos de gobierno.

En general, se han convertido en una copia burda de la forma de actuar y trabajar del Presidente, queriendo convertirse en su clon, pensando que con ello lo van a agradar y que el apoyo y aceptación que tiene el Presidente, les llega también a ellos por mandato divino, por lo que no tienen empacho en conducirse con soberbia, violentando el estado de derecho y usando a los poderes y las instituciones en su beneficio y de su partido.

El problema de que México esté reprobado en el respeto al Estado de Derecho, también refuerza la tendencia a incrementar los indicadores de corrupción e impunidad, que combinados nos han llevado a una aumento en los niveles de delincuencia e inseguridad.

La pandemia de la Covid 19 cayó “como anillo al dedo” a los Poderes Judiciales tanto federal como de los Estados, siendo este uno de los elementos que usan en su defensa, al señalar que las condiciones en que se presentó la crisis de salud originada por la pandemia, originó el retraso en todos los procedimientos y los obligó a trabajar fuera de los tribunales para tratar de sacar adelante los asuntos, aún a costa de sus propias vidas, en algunos casos tuvieron que atender los juicios, para evitar hubieran mayores afectaciones a los justiciables.

La reforma judicial impulsada por el actual Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de poco ha servido para que el país se vaya recuperando en su calificación en el ranking, y a la fecha son pocos los estados del país, que han impulsado una reforma judicial a nivel local, que sea de vanguardia y acorde a lo que piden los ciudadanos, colegios y asociaciones de abogados, Universidades y organizaciones de la sociedad civil, que cada vez tienen menos voz y participación en las discusiones y debates de estas reformas que se siguen aprobando en los Congresos de espalda a la sociedad, a capricho y voluntad de los gobernadores.

Conforme a lo anterior, de no modificar la actual administración, la impartición de justicia en el país, él pronóstico es que en el siguiente ranking si bien nos va, seguiremos bajando un punto porcentual, como en los 4 anteriores y con ello estaremos cada vez más cerca de países como Nicaragua que obtuvo en una escala de 0 a 1 (o.36), Haití con 0.35 o Venezuela con 0.26. ¡Sálvese, quién pueda¡

                                     *Director general del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.