Conforme a lo establecido por el párrafo primero del artículo 87 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: “El Presidente al tomar posesión de su cargo, prestará ante el Congreso de la Unión o ante la Comisión Permanente, en los recesos de aquél, la siguientes protesta: “Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere que la Nación me lo demande.”

Dicha protesta trae consigo no sólo el compromiso del Presidente de guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen, sino también el respetar y velar por el respeto al estado de derecho en todos los actos que involucren su actuar y de todos los funcionarios de su gobierno. Lo que no debe quedar sólo en buenos deseos o intenciones, sino que debe traducirse en reglas de conducta aplicables a todos sus actos y de ahí podríamos revisar la Constitución Política en todo lo que regula, como los derechos humanos, la división de poderes, las facultades y atribuciones del Presidente, de ambas cámaras del Congreso de la Unión, del Poder Judicial de la Federación y del sistema federal de los estados del país que conforman la nación mexicana, cuya regulación se encuentra debidamente ordenada y sistematizada en nuestro sistema constitucional.

A pesar de lo anterior, resulta altamente preocupante, el contenido de las declaraciones del Presidente desde su conferencia mañanera que ha lanzado desde el inicio de su administración, hace casi cuatro años, donde por igual se ha pronunciado en contra no sólo de a los que califica como “sus adversarios”, empresarios, medios de comunicación, partidos políticos opositores, de los demás poderes de la Unión, cuando no se someten a sus decisiones, de los organismos autónomos a los que ha venido socavando de diferentes maneras para evitar que puedan desarrollar adecuadamente las funciones que les ha conferido nuestra carta magna e incluso en contra de gobernadores de estados emanados de otros partidos políticos, al final todos han sido atacados bajo el argumento de que él tiene “otros datos” aprovecha para culparlos de los males que aquejan al país y de que sus políticas se vean frenadas por otras fuerzas que califica como “conservadoras, corruptas, neoliberales, aspiracionistas, rateros, entre otros señalamientos”

El comentario viene a colación, porque en días pasados la Suprema Corte de Justicia de la Nación, anuló la reforma de 2019  que imponía prisión preventiva forzosa a los acusados de factureros, contrabandistas, y defraudadores por montos superiores a 8.7 millones de pesos, calificando como lamentable, vergonzosa y leguleya dicha decisión, ya que ahora la FGR debe justificar en todos los casos ante los jueces la necesidad de mantener en prisión a los acusados por dichos cargos, mientras son sentenciados, sin importar el monto.

Ante la decisión de la Corte, el Presidente ordenó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana desobedecer los mandatos de los jueces, cuando se pretenda liberar a delincuentes en un “sabadazo” y que la Secretaría responda por escrito a las órdenes de liberación con el argumento de que ellos tienen “otros datos” sobre los cargos o procesos que se siguen contra el acusado y así evitar que salgan de la cárcel.

Lo anterior significa que para el Presidente las ordenes de los jueces, simplemente no deben cumplirse y que queda bajo el criterio de los funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública cumplirlas o no, más si se libran en un día sábado, ya que ello les impide integrarles a los acusados otras carpetas de investigación, a fin de evitar a toda costa obtengan su libertad, práctica que se ha hecho común a nivel federal y de varios estados del país, donde las fiscalías en contubernio con los Poderes Judiciales, se han especializado en armar carpetas express inventando nuevos delitos, a fin de evitar que los acusados sean liberados, lo que ocurre no sólo en este tipo de delitos, sino pueden incluirse otros con dedicatoria para los enemigos políticos o de exfuncionarios que hayan caído en desgracia y cuyo encarcelamiento, puede servir de ejemplo ante los gobernados de que no se permite la corrupción, ni la impunidad.

Es alarmante, que sea precisamente el Presidente de la República, quién haciendo a un lado su protesta de guardar y hacer guardar la Constitución, se convierta en el principal promotor de que se viole la ley suprema del país.

El Coordinador de Movimiento Ciudadano en la cámara de diputados señaló que lo dicho por el Presidente no sólo es desafortunado, sino un síntoma grave del autoritarismo que ha caracterizado su estilo de gobierno. Y que la instrucción a la Secretaría de Seguridad Pública es de la mayor gravedad  porque desafía a la Constitución y al Poder Judicial.

Finalmente la bancada de MC en un pronunciamiento público se manifestó en contra de la instrucción presidencial, al señalar que esta rompe el límite de su actuar, al comprometer el estado de derecho y pretender estar por encima del Poder Judicial.

De ahí que podemos afirmar que para el Presidente, el estado de derecho sólo debe aplicarse y respetarse cuando conviene a los intereses de su administración y no afecta sus decisiones, proyectos y políticas públicas y cuando esto no ocurre, puede hacerlo a un lado y ser violentado, si a sus intereses conviene, politizando decisiones jurisdiccionales que se toman aplicando las leyes del país y que son descalificadas, personalizando el actuar de los jueces, para cuestionar sus decisiones como si se tratara de sus empleados o incondicionales que están bajo sus órdenes, con la amenaza de que deben ser investigados y sancionados por el Consejo de la Judicatura federal, por hacer su trabajo.

*Director general del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.